Causa nº 3325/2010 (Apelación). Resolución nº 27365 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 3 de Agosto de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 218862405

Causa nº 3325/2010 (Apelación). Resolución nº 27365 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 3 de Agosto de 2010

Fecha de Resolución: 3 de Agosto de 2010
Movimiento:ANULA DE OFICIO
Rol de Ingreso:3325/2010
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
RESUMEN

REMOCIÓN DE CARGO ADMINISTRATIVO. ACCIÓN DE CAUTELA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES. El artículo 2º de la Ley 18.695 dispone que las Municipalidades estarán constituidas por el Alcalde, que será su máxima autoridad, y por el Concejo; y que no obstante que dicho texto legal plantea que la representación judicial y extrajudicial de la Municipalidad corresponde al Alcalde, lo cierto es que en atención... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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Santiago, tres de agosto de dos mil diez.

Vistos y teniendo presente:

Primero

Que previo a entrar a conocer del fondo del asunto es deber de esta Corte Suprema revisar la regularidad formal del procedimiento, puesto que si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho aspecto carece de sentido el análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar mediante la presente acción cautelar.

Segundo

Que el número 3° del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección establece que acogido a tramitación el recurso la Corte de Apelaciones ordenará que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas, funcionarios o autoridad que según el recurso o en concepto del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos que se solicita proteger, fijándole un plazo breve y perentorio para emitir el informe y señalando que conjuntamente con éste el obligado a evacuarlo remitirá a la Corte todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso.

Tercero

Que, en la especie, la acción de cautela de derechos constitucionales se dedujo por doña H.G.C. a nombre y a favor de don J.E.M. en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, representada por su Alcalde don P.S.P., en la que señala que el acto arbitrario e ilegal consiste en el acuerdo del Concejo Municipal que le removió del cargo de Administrador Municipal de fecha 16 de diciembre de 2009, impugnando además el procedimiento que precedió al mencionado acuerdo. En síntesis, de la lectura del recurso aparece que los tópicos básicos en que centra sus reproches son: 1) no se le informó con claridad los hechos que se le imputaron; 2) no se le reconoció su derecho de defensa; y 3) algunos de los Concejales que votaron debieron abstenerse de intervenir.

Cuarto

Que de lo expuesto se advierte que el acto que provoca el agravio al recurrente es el acuerdo del Concejo Municipal que le aplicó la medida de remoción del cargo de Administrador Municipal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 18.695. Por su parte, se encuentra establecido que deducida la acción de protección únicamente se ordenó informar a quien aparecía como recurrido en el libelo, esto es, al Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa.

Quinto

Que cabe recordar que el...

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