Causa nº 100/2009 (Casación). Resolución nº 48657 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 17 de Diciembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 333046534

Causa nº 100/2009 (Casación). Resolución nº 48657 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 17 de Diciembre de 2010

Fecha de Resolución:17 de Diciembre de 2010
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO
Rol de Ingreso:100/2009
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
ÍNDICE
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Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil diez.

Vistos:

En estos autos Rol N° 100-2009, sobre reclamo de ilegalidad, la parte reclamante ha deducido recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que rechazo el reclamo.

Se trajeron los autos en relación.

Primero

Que en un primer capítulo el recurso de casación en el fondo denuncia infracción al artículo 145 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, la que se produce por falta de aplicación. Sostiene que de acuerdo a tal disposición, ninguna obra puede ser habitada antes de cursarse la recepción definitiva de la misma y que, no obstante que en el presente caso no existió ni permiso ni recepción, se permitió su uso público por los arrendatarios. Añade que solicitada por el propietario la clausura del inmueble ante tal anomalía, la Municipalidad reclamada se negó a decretarla, infringiendo con ello el principio de juridicidad que establecen los artículos y de la Constitución Política de la República.

Segundo

Que en el segundo capítulo el recurrente entiende vulnerados los artículos 116, 116 bis y 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Explica que ello se produce pues de acuerdo a la primera de l as normas citadas, quien debe solicitar el permiso de construcción es el propietario del inmueble, situación que no ocurrió en la especie. Agrega que no puede argumentarse que de acuerdo al contrato de arrendamiento existe autorización para que el arrendatario solicite tal autorización, pues ello sólo se refiere a remodelación del inmueble y no, como ocurrió en el presente caso, en que el inmueble fue totalmente alterado, constituyendo en consecuencia una obra nueva. Advierte que como la solicitud del permiso de construcción no fue efectuada por el propietario, como lo establece la ley, nunca pudo existir recepción de las obras, la que, en consecuencia, ha sido expedida con infracción a los artículos 113, 133 bis y 144 de la Ley de Urbanismo y Construcciones y 6° y 7° de la Constitución Política de la República, por lo que además esta recepción adolece de nulidad de derecho público.

Añade que por lo expuesto, al resolver la Corte de Chillán que esta recepción definitiva viene a sanear cualquier omisión que pueda haberse producido, incurre en un error, debido a que por lo expuesto las omisiones y vicios en que se incurrió en el presente caso se tornan ?insanables e inratificables?(sic).

Tercero

Que en un tercer capítulo el recurrente denuncia infracción a los artículos 161 y 146 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pues se le ha dado una errónea aplicación a dichas normas. Sostiene que la Corte rechaza el reclamo basándose en que estas normas son facultativas y no obligatorias; sin embargo, a su juicio, esta tal facultad debe analizarse ?en relación estrecha al artículo 146 de la misma ley, en el sentido que Johnson?s S.A. ya había sido sancionada con multa y bajo apercibimiento de clausura, según lo establece el artículo 146 y como aún persiste la ilegalidad es lógico aplicar la sanción más severa del artículo 161?(sic). Agrega que la facultad discrecional debe fundarse en la razonabilidad, no en la arbitrariedad o en el mero capricho, de manera que el ejercicio de la facultad simplemente porque no se quiere es claramente una ilegalidad, para lo cual además ha de considerarse la magnitud de la infracción.

Cuarto

Que el recurso, en su cuarto capítulo, denuncia la infracción al artículo 26 del D.L. N 3.063 de 1979, s obre Rentas Municipales, según el cual la Municipalidad está obligada de otorgar la patente respectiva, sin perjuicio de las limitaciones relativas a la zonificación y a las autorizaciones que previamente deben otorgar en ciertos casos las autoridades sanitarias y otras que contemplen las leyes. En este último caso indica que la Municipalidad se encontraba impedida a otorgar patente comercial a Johnson?s S.A., por no haber cumplido con la obtención de las autorizaciones de construcción del inmueble. Añade que no obstante la Municipalidad pudo conceder una patente provisoria, ésta se encontraba vigente sólo hasta el 31 de enero de 2006, por lo que otorgar una patente para el segundo semestre de 2008 es claramente ilegal.

Expresa que la Corte no puede fundar el rechazo del reclamo en la circunstancia que existe una patente vigente si ésta ha sido otorgada en forma ilegal por la autoridad edilicia y para el funcionamiento sólo de aquella parte de la tienda que...

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