Causa nº 10362/2017 (Casación). Resolución nº 29 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 19 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 703717561

Causa nº 10362/2017 (Casación). Resolución nº 29 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 19 de Febrero de 2018

Fecha de Resolución:19 de Febrero de 2018
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:10362/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:894-2016 - C.A. de Antofagasta
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-5241-2012 - 2º JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente: Que en estos autos N° 10.362-2017, sobre constitución de servidumbre de acueducto e indemnización de perjuicios, caratulados “A.Y., M.A. con Fisco de Chile y Otra”, del Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta, la demandada Comunidad de Aguas del Canal Yalquincha dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de A., que revocó la sentencia de primer grado que rechazó la demanda, declarando en cambio que se acoge la demanda y se da lugar a la constitución de una servidumbre de acueducto, que incluye el derecho de construir, a costa del demandante, obras de arte en el cauce y de desagües en los términos de los artículos 76 y siguientes del Código de Aguas, en terrenos de propiedad del Fisco de Chile, inscrito a fojas 49 vuelta N°57 del Registro de Propiedad del año 1928 del Conservador de Bienes Raíces de Calama. Se estableció como monto de la indemnización la cantidad de 449,85 Unidades de Fomento, que deberá pagarse anualmente durante la vigencia del gravamen, dentro de los cinco primeros días de enero de cada año, ordenándose practicar las inscripciones y subscripciones que correspondan.

Se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO:

Primero

Que el recurrente sostiene que el fallo quebranta los artículos 69 a 72, 76 a 93 y 96 a 98 del Código de Aguas, en relación con el artículo 820 del Código Civil, lo que se produce al no haberse aplicado correctamente las normas relativas a la constitución de servidumbres, particularmente una de tipo legal como es la de acueducto, interpretándose erróneamente las disposiciones referidas.

Indica que los sentenciadores al revocar la sentencia de primera instancia y dar lugar a la constitución de la servidumbre de acueducto pedida, fijando la indemnización solicitada, da por cumplido los requisitos a un caso que a todas luces no los cumple.

Expone que, en consecuencia, se ha producido una infracción de lo dispuesto en los artículos 19 a 24 del Código Civil, apartándose del sentido natural y lógico para extraer una regla jurídica totalmente exigible.

Precisa que la sentencia recurrida infringió el artículo 69 del Código de Aguas, en relación con el artículo 820 del Código Civil, toda vez que no cumplió con el requisito de establecer un predio dominante. Añade que los sentenciadores únicamente admiten la existencia del predio gravado refiriéndose al del Fisco, pero jamás se hace alusión a la determinación del predio dominante, que no fue acreditado en estos autos como era menester, constituyendo tal condición un requisito constitutivo de la pretensión del demandante en la acción deducida que debió ser controlado por el tribunal, incluso de oficio.

Agrega que los sentenciadores dejaron de aplicar dicha exigencia en la servidumbre específica pedida, sin exigir consecuencialmente la identificación del beneficiario de la misma: pueblo, industria, mina y otra heredad, vulnerando con ello el artículo 77 del Código del ramo.

Señala que tal infracción trae consigo la incorrecta aplicación de las demás normas relativas al trazado de la servidumbre y a la indemnización, como quiera que ellas deben ser consecuencia de tres factores previos, que son: a) que exista un predio dominante beneficiario; b) que éste sea identificable en cuanto a su objetivo o especificación; y

  1. que se concuerde con el principio de especialidad de la servidumbre exigida en el artículo 70 del Código de Aguas.

Expone que tales exigencias no fueron acreditadas por el peticionario pese a que constituyen requisitos sustantivos de existencia, sin los cuales no es posible dar lugar a la servidumbre de acueducto.

Afirma que, como resultado de las inobservancias precedentes, los sentenciadores vulneraron las normas sustantivas aplicables a este caso, dando lugar a la servidumbre sin cumplirse los requisitos que la hacían procedente.

Segundo

Que en un segundo acápite del recurso denuncia la infracción de las leyes reguladoras de la prueba.

Expone que la sentencia recurrida ha determinado la existencia de la Finca Yalquinta, lugar a través del cual el solicitante indicó que conduciría las aguas, y solicitaba se constituyera la servidumbre. Añade que la prueba rendida valorada legalmente no permitió establecer el trazado íntegro del Canal, porque actualmente no existe.

Señala que el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil establece que la inspección personal del tribunal hará plena prueba respecto de los hechos materiales que se constaten por parte del juez. Por otro lado, indica que los informes de la Dirección General de Agua tienen valor de instrumentos públicos que, conforme al artículo 1700 del Código Civil, constituye plena prueba.

Afirma que está plenamente probado que el Canal de la Finca Yalquincha no existe actualmente, por lo que el trazado de la servidumbre que se solicitó constituir no quedó determinado en autos, sin que exista prueba alguna que desvirtúe tal hecho constitutivo de la acción de autos. Indica que las declaraciones de los testigos de la contraparte no se refieren al trazado de la servidumbre, sino que a la existencia del Canal de la Finca Yalquincha, por lo que en el evento de valorar sus declaraciones conforme al artículo 384, regla 2ª del Código de Procedimiento Civil, es posible señalar que en nada inciden en la cuestión que era relevante dar por acreditada al estimar la Corte que el fallo de primera instancia debía ser revocado.

Explica que si los sentenciadores estimaban que el informe pericial bastaba para dar por acreditado el trazado de la servidumbre, debieron expresar las razones de su decisión, dado que la valoración conforme al artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, debe efectuarse conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afectados, lo que no se efectuó en el caso de autos, sin que se hayan señalado las razones positivas que los llevaron a revocar la sentencia del juez a quo, careciendo la decisión de motivación suficiente en cuanto a la valoración de las pruebas, alternado el valor probatorio establecido para los medios de prueba rendidos, infringiéndose los artículos 408 y 425 del Código de Procedimiento Civil, con relación al artículo 1700 del Código Civil.

Tercero

Que al referirse a la influencia que los vicios denunciados tienen en lo dispositivo de la...

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