Causa nº 65427/2016 (Casación). Resolución nº 235282 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 25 de Mayo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 680084433

Causa nº 65427/2016 (Casación). Resolución nº 235282 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 25 de Mayo de 2017

Fecha de Resolución:25 de Mayo de 2017
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:65427/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:110-2016 - C.A. de Valdivia
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-1544-2014 - 2º JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos:

En estos autos Rol N° 65.427-2016, seguidos ante el Tercer Juzgado Civil de O., sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios por falta de servicio, caratulados "B.B.C. y otros con Servicio de Salud de O. y otro", la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de V. que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la acción.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero

Que el recurrente denuncia infracción del artículo 2332 del Código Civil en relación a los artículos 2497 y 2314 del mismo cuerpo normativo y a los artículos 38, 40 y 45 de la Ley N° 19.966.

Explica el recurrente que el error de derecho se produce al computar erróneamente el plazo de prescripción previsto en el artículo 2332 del Código Civil, toda vez que los sentenciadores asumen que el cómputo para accionar por responsabilidad por falta de servicio en materia sanitaria se computa “desde la ocurrencia de los hechos”, sin realizar una ponderación del daño que sufrió la víctima, imprescindible para aplicar la prescripción. En efecto, sostienen que el daño que sufrió la víctima es permanente y continuo y se produjo a raíz de la atención brindada en el servicio de urgencia del Hospital Base de O., nosocomio al que el paciente ingresó con fecha 5 de marzo de 2010, con claros síntomas de un accidente cerebrovascular, sin que recibiera la atención establecida en el protocolo respectivo otorgando una atención rápida y oportuna.

Refiere que la prescripción debe computarse considerando lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, según el cual la acción prescribe en cuatro años “desde la perpetración del acto”, norma que debe ser interpretada a la luz de lo establecido en el artículo 2314 del mismo cuerpo legal, pues el acto que da origen a la responsabilidad extracontractual no es uno cualquiera, sino que es aquel que infiere daño a otro, por lo que no necesariamente el hecho ilícito y el daño producido coincidirán en todos los eventos, tanto porque el daño puede producirse con posterioridad, tanto porque el afectado puede no tener conocimiento de su existencia, o bien, porque se trata de hechos que afectan de manera permanente a la víctima del delito o cuasidelito, produciéndose continuamente perjuicios, razón por la que la consideración aislada del hecho puede conducir a soluciones absurdas, dado que la acción pudiera prescribir sin que el afectado haya tenido noticia de su ocurrencia, o bien, no pueda legítimamente accionar para que todo el daño producido le sea indemnizado, quedando fuera aquellos que, a pesar de ser consecuencia directa del acto ilícito, puedan surtir sus efectos con posterioridad.

Así, la forma correcta de contar el plazo de prescripción previsto en el artículo 2332 del Código Civil es desde que se establece el elemento distintivo de la responsabilidad aquiliana, esto es, desde que se configura el daño, pues desde ese momento surge el ilícito civil y el consiguiente derecho a la reparación.

En este caso concreto, frente a un daño continuado, el cómputo de la prescripción debe efectuarse desde que la acción está disponible para la víctima y ello ocurre cuando ésta interpone su demanda, pues carece de sentido que la acción se extinga por prescripción antes de que se hayan dado las condiciones para su ejercicio.

Agrega que la infracción del artículo 2332 del Código Civil se relaciona con la infracción del artículo 2314 del mismo cuerpo normativo, por cuanto se encuentran acreditados los elementos que configuran la responsabilidad extracontractual, esto es, el daño, la falta de servicio y el nexo causal, vulneración que se vincula con el artículo 38 de la Ley N° 19.966, que dispone la responsabilidad de los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria.

Por otro lado, sostiene que aún cuando el sentenciador compute el plazo de prescripción desde la fecha referida en la sentencia, igualmente la acción no está prescrita, toda vez que el plazo de prescripción se suspendió por la mediación obligatoria según lo establece el artículo 45 de la Ley N° 19.966. En este punto explica que la mediación debe considerarse iniciada desde el momento en que el interesado presenta su reclamo ante el Consejo de Defensa del Estado. En consecuencia, a partir de tal hito se suspende el término de prescripción, según se desprende de la interpretación armónica de los incisos primeros de los artículos 43 y 44 y final del artículo 45 de la Ley N° 19.966.

Enfatiza que el momento de inicio de la mediación es el

de interposición del reclamo, pues aquél es el acto interruptivo por el cual se manifiesta la voluntad de ejercer la acción indemnizatoria. En este punto señala que se debe distinguir dos situaciones en relación a los efectos de la mediación obligatoria: a) En lo sustantivo, la presentación del reclamo configura el acto interruptivo, pues corresponde a la manifestación de voluntad destinada a ejercer la acción indemnizatoria y obtener la reparación del daño. b) Desde un punto de vista procesal, la notificación del reclamo es necesaria sólo para dar trámite al procedimiento, es decir, para dar curso progresivo al mismo, pero no constituye el acto interruptivo puesto que no emana de la voluntad del reclamante. La notificación es sólo un acto procesal que, por lo demás, ni siquiera se encuentra al alcance del reclamante, pues depende de la Administración, enfatizando que el cómputo del plazo de prescripción no puede estar entregado a la diligencia de aquella.

En razón de lo anterior, concluye que la mediación se inicia con el único acto que está al alcance del demandante, que es la interposición del reclamo, que constituye el acto interruptivo que tiene la virtud de suspender la prescripción de la acción indemnizatoria.

Segundo

Que al explicar la influencia de los errores de derecho en lo dispositivo del fallo sostiene que de no haberse incurrido en aquellos se habría rechazado la excepción de prescripción y acogido la demanda por falta de servicio.

Tercero

Que constituyen circunstancias fácticas establecidas por los sentenciadores, las siguientes: a) El 5 de marzo de 2010, a las 07:53 horas, C.B.B. ingresa al Hospital Base San José del Carmen, siendo diagnosticado con un “Accidente Vascular Cerebral Isquémico”, permaneciendo hospitalizado hasta el 12 de marzo de 2010. b) El 15 de septiembre de 2010, el paciente es diagnosticado con “Hipertensión Arterial Crónica, secuelado de accidente vascular en rehabilitación con terapia K.. c) El día 03 de marzo de 2014 fue remitido vía correo electrónico al Consejo de Defensa del Estado, reclamo formulado por C.B.B., en contra del Servicio de Salud de Osorno y el Hospital San José de la misma ciudad, siendo ingresado con fecha 04 de marzo de 2014. d) El 2 de abril de 2014, mediante Oficio Ord.Nº38 se remitió comunicación al Hospital Base Osorno, respecto de la citación audiencia de mediación fijada para el día 17 de abril de 2104 a las 9:30 horas. e) El 17 de abril del referido año, se lleva a efecto audiencia de mediación en las dependencias del Consejo de Defensa del Estado en la ciudad de Valdivia, poniéndose término al procedimiento. f) El 21 de abril de 2014 se deduce demanda de indemnización de perjuicios, demanda proveída y legalmente notificada en igual fecha a los demandados.

Cuarto

Que sobre la base de los hechos reseñados en el fundamento precedente los sentenciadores establecen que el plazo para accionar por la responsabilidad por falta de servicio del Estado en materia sanitaria, comienza desde la ocurrencia de los hechos, esto es, el día 5 de marzo de 2010 y finaliza al computar cuatro años desde entonces, esto es, el día 5 de marzo de 2014. Así, considerando que la demanda fue interpuesta y notificada el día 21 de abril de 2014, concluyen que la acción está prescrita.

En efecto, al analizar la suspensión del plazo de prescripción señalan que el reclamo formulado por el actor, fue presentado vía correo electrónico ante el Consejo de Defensa del Estado, el día 3 de marzo de 2014, ingresado formalmente al día siguiente, de lo que se colige que su presentación fue dos días antes que los hechos fundantes de su acción cumplieran el cuarto año desde su ocurrencia. Luego, el día 2 de abril de 2014 el Consejo de Defensa del Estado, remite oficio a los reclamados a fin de que concurran a una audiencia de mediación

Lo anterior, sostiene, es relevante, toda vez que el artículo 45 de la Ley N° 19.966 dispone que el plazo total para el procedimiento de mediación será de sesenta días corridos a partir del tercer día de la primera citación al reclamado, el cual puede ser prorrogado hasta enterar ciento veinte días, previo acuerdo de las partes. Indica además que “durante el plazo que dure la mediación se suspenderá el término de prescripción, tanto de las acciones civiles como de las criminales a que hubiera lugar”. Normativa que debe ser interpretada armónicamente con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la misma ley, el cual establece que la mediación se iniciará por la presentación de un reclamo por el interesado o su representante.

Concluye que los actores pretendieron la suspensión de la prescripción de la...

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