Causa nº 7407/2016 (Casación). Resolución nº 283255 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 7 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 682358777

Causa nº 7407/2016 (Casación). Resolución nº 283255 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 7 de Junio de 2017

Fecha de Resolución: 7 de Junio de 2017
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:7407/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:215-2015 - C.A. de Chillan
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-405-2014 - 1º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN
Emisor:Sala Cuarta (Mixta)
 
ÍNDICE
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Santiago, siete de junio de dos mil diecisiete. Vistos:

En autos Rol N° C-405-2014 del Primer Juzgado Civil de Chillán, sobre querella de restablecimiento, caratulados “Constructora Intecpa Ltda. con P.”, por sentencia de seis de enero de dos mil quince se acogió la excepción de prescripción opuesta por el demandado, don S.A.P.P., en relación a la querella de restablecimiento deducida en su contra, como acción principal, por la sociedad Constructora Intecpa Ltda. y se rechazó la de restitución interpuesta en forma subsidiaria, sin condenar en costas al querellante por estimar que tenía motivo plausible para litigar.

Se alzó la parte demandante y la Corte de Apelaciones de Chillán, por sentencia de cinco de enero de dos mil dieciséis, revocó la apelada en cuanto acoge la excepción de prescripción y rechaza la querella de restitución promovida en forma subsidiaria y, en su lugar, rechazó la excepción de prescripción de la querella de restablecimiento deducida en lo principal y, pronunciándose sobre el fondo, acogió dicha acción, ordenando al demandado restablecer al querellante la posesión material del bien raíz y desocuparlo por todos los demás ocupantes dentro de tercero día de notificada la sentencia.

En contra de este último pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso de casación en el fondo, solicitando la invalidación del fallo y la consecuente dictación de una sentencia de reemplazo que confirme en todas sus partes la de primer grado, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero

Que, el recurrente denuncia la infracción del artículo 928 del Código Civil, en relación con los artículos 2518 y 2503 del mismo cuerpo legal y el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo, en síntesis, que el plazo de seis meses previsto por la primera de las normas citadas, para interponer la querella de restablecimiento, comienza a correr desde el día del despojo hasta el de la notificación de la demanda, por lo que la sentencia impugnada no ha aplicado correctamente las normas, ya que entre los hechos imputados y la notificación de la demanda habían transcurrido más de seis meses.

Sobre esa base, desarrolla la infracción del artículo 2518 del Código Civil, que indica que la demanda judicial interrumpe la prescripción extintiva, para luego hacer aplicable los casos de excepción enumerados en el artículo 2503, en que no se entiende interrumpida, entre los cuales se encuentra el N°1, “si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal”. De lo anterior desprende que la interrupción de la prescripción extintiva se produce desde la notificación de la demanda y no desde su interposición, aspecto que relaciona con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil que, por su parte, señala que “las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados”. Así, concluye que ni la querella de restablecimiento ni la resolución que la acoge a tramitación han tenido la virtud de interrumpir la prescripción, la que corrió desde el día 8 de noviembre de 2013 hasta el 8 de mayo de 2014, por lo que a la fecha de notificación de la demanda - 31 de mayo de 2014 - ya había transcurrido el plazo de seis meses. Extracta el motivo 3° de la sentencia, que sostiene el criterio impugnado, y refiere algunos conceptos desde la perspectiva procesal, a partir de la cual señala que la demanda sólo produce efectos desde el día de su notificación, cuando se produce el emplazamiento, vinculado al principio de bilateralidad de la audiencia. Menciona algunas consecuencias negativas que acarrearía seguir el criterio del fallo y reprocha que implicaría, además, dejar de aplicar todo el conjunto de normas previstas en el Código Civil sobre la materia.

En un segundo capítulo, cita como norma infringida el artículo 1931 del Código Civil, en el sentido que el querellante de restablecimiento dirigió su acción en contra de una persona que reviste la calidad de arrendatario del inmueble, el que lo ocupaba en dicha calidad con expresa autorización del dueño y arrendador del predio, a quien según dicha norma debió demandar. Expresa que, en primera instancia, alegó la falta de legitimación pasiva, pues fue precisamente el dueño del campo quien exigió su entrega, sin embargo se la desestimó, no obstante aparecer de manifiesto que el demandado era sólo el arrendatario del predio. Señala que el artículo 1931 del Código Civil es una norma de fondo que el juez debe aplicar aún de oficio, por el principio cura novit iura, por lo que al haber omitido su aplicación, se produce la infracción de ley denunciada.

Termina señalando la forma en que las referidas infracciones habrían influido en lo dispositivo del fallo.

Segundo

Que la sentencia impugnada sostiene, en lo que respecta a la excepción de prescripción opuesta por el demandado a la querella de restablecimiento, que ésta tiene un plazo especial de prescripción extintiva que señala el artículo 928 del Código Civil, que es de seis meses, contado desde la fecha del despojo (8 de noviembre de 2013), hasta el día de la presentación de la querella (cuyo timbre de cargo es el 21 de enero de 2014) y no hasta la notificación de la misma, el 31 de mayo de 2014, según consta en las actas de notificación, como sostiene el oponente, por lo que debe ser desestimada (considerando 3°).

Tercero

Que, en relación al primer capítulo de casación, la cuestión planteada se circunscribe a determinar si, para interrumpir la prescripción basta con la presentación de la demanda ante el tribunal dentro del plazo, o es necesario, además, que sea notificada dentro del mismo.

Como se sabe, sobre la materia ha existido, desde antiguo, discusión en la doctrina, siendo para algunos autores la interpretación correcta aquella que sostiene que es indispensable que la demanda sea notificada antes del vencimiento del plazo, desde que es la única forma de que tengan efecto las resoluciones judiciales y sobre la base, fundamentalmente, de lo dispuesto en el artículo 2503 N°1 del Código Civil, en virtud del cual, no se produce la interrupción “si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal”; mientras que para otros, la notificación no es una exigencia para interrumpir la prescripción, como lo demostrarían los artículos 2518 y 2503 del mismo cuerpo legal, que sólo refieren la necesidad de que exista “demanda judicial” o “recurso judicial”, aparte de agregar algunas consideraciones de orden práctico, que dicen relación con las dificultades que entraña la notificación y la desigualdad que ello puede generar en la duración del plazo, y otras de carácter institucional, como sugiere el profesor P., en el sentido de distinguir entre los aspectos sustantivos y procesales de la demanda. Es menester precisar, en todo caso, que no existe duda o discrepancia en cuanto a que para que la interrupción produzca efectos la demanda debe ser notificada (P.A., D., “Los Bienes, La Propiedad y otros Derechos Reales”, Editorial Jurídica, año 2006, página 414).

Si bien la primera postura ha sido acogida mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia, en favor de la segunda alzó su voz, muy tempranamente, don J.C.F., quien sostuvo que “Si la prescripción se interrumpe con cualquier recurso, no debe contarse la interrupción desde la fecha de la notificación de la demanda, sino desde la fecha en que se entabló el recurso o la demanda. Es cierto que sin la notificación no surte efecto la demanda, pero efectuada la notificación se retrotraen sus efectos a la fecha en que se interpuso la demanda o el recurso. De aquí ha nacido la práctica de poner “cargo” a los escritos” (Instituciones de Derecho Civil Chileno, tomo II, Imprenta y Librería Ercilla, 1902, pág. 446). En la doctrina actual se inclinan por esta interpretación los profesores D.P.A. (ob. cit., pág. 415) y R.D.A. (“La Prescripción Extintiva. Doctrina y Jurisprudencia”, Editorial Jurídica, año 2004, pág. 260 y ss.), sin perjuicio de otros autores que también han manifestado su conformidad con ella, como don R.A.M. (citado por D., en ob. cit., pág. 264, nota 784).

Esta Corte, en un fallo reciente cuya línea adoptaremos, se ha inclinado por dicha interpretación, sentando el criterio de que “la correcta doctrina es que la mera presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siendo la notificación de la misma una condición para alegarla, debiendo circunscribir su efecto al ámbito procesal, pero no como un elemento constitutivo de la interrupción de la prescripción”. (considerando 6°). Para llegar a esta conclusión argumenta, fundamentalmente, que se han confundido los efectos procesales de la notificación y los aspectos sustantivos en que descansa la prescripción, lo que ha llevado erróneamente a exigir que la voluntad interruptiva se haga depender de su conocimiento por el deudor, a pesar de que ella no tiene por qué tener un carácter recepticio; que el artículo 2503 N°1 del Código Civil no señala que deba notificarse dentro del plazo de prescripción para que ésta se entienda interrumpida, sino sólo que para alegar la interrupción la demanda debe haber sido notificada, sin indicar la época en que debe realizarse ni que deba tener lugar...

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