Causa nº 1410/2009 (Apelación). Resolución nº 1410-2009 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 11 de Mayo de 2009
| Juez | Sonia Araneda Briones,Haroldo Brito Cruz,Héctor Carreño Seaman,Benito Mauriz Aymerich,Guillermo Ruiz Pulido. |
| Sentido del fallo | APROBADA SENTENCIA |
| Corte en Segunda Instancia | |
| Tipo de proceso | (Civil) Apelación Amparo Económico |
| Número de registro | rec14102009-cor0-tri6050000-tip4 |
| Partes | SERGIO DANIEL CUEVAS INOSTROZA , MARI ESTELA DELGADO ARATIA, MARIA ANGELICA ARCE ALARCON Y OTROS CONTRA JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO |
| Número de expediente | 1410-2009 |
| Fecha | 11 Mayo 2009 |
| Materia | Financiero,Derecho Constitucional |
| Emisor | Sala Tercera Constitucional (Corte Suprema de Chile) |
1
Santiago, once de mayo de dos mil nueve.
VISTOS:
De la sentencia en consulta se elimina su fundamento tercero.
Y SE TIENE EN SU LUGAR PRESENTE:
Que según quedó expresado en la parte expositiva de la sentencia consultada, en estos autos se ha ejercido por don F.A.P. la llamada acción de amparo económico prevista en el artículo único de la Ley N° 18.971, en resguardo de su derecho a desarrollar una actividad económica lícita garantizado en el artículo 19 N°21 inciso 1° de la Constitución Política de la República, el que, según señala, se vulneró por resolución judicial dictada en causa Rol N° 19.824-2005 seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando mediante la cual se decretó el desalojo de todo ocupante del Lote B-2 en sector de las Termas del Flaco;
Que, como se ha resuelto por esta Corte Suprema en la causa Rol N°501-09 caratulada G.I. con Ilustre Municipalidad de Santiago, con fecha uno de abril del presente año, se ha decidido reexaminar el sentido y alcance del instituto jurisdiccional previsto en la Ley 18.971 y si constituye, un instrumento idóneo para conocer por su intermedio de las denuncias por infracciones a la garantí a contemplada en ambos incisos del artículo 19 N° 21 de la Constitución Política; o si, por el contrario, su uso queda constreñido como medio destinado a entender de las vulneraciones a la garantía de la libertad económica provenientes de la actividad empresarial del Estado a que se refiere el inciso 2° de ese precepto constitucional.
Que el artículo único de la Ley 18.971, si bien denota claridad en su tenor literal, no ocurre lo mismo con su sentido, que resulta ambiguo en cuanto a la finalidad que tuvo en vista el legislador al establecerlo, situación que ha dado pábulo a la divergencia de opiniones sustentadas sobre el punto a que se hizo referencia precedentemente;
Que en pos de una conclusión correcta en torno a esta materia, obligadamente ha de acudirse a otros principios de interpretación más allá del elemento gramatical, entre aquellos comprendidos en las reglas de hermenéutica que contempla el párrafo 4° del Título Preliminar del Código Civil, como el lógico-histórico, que busca descubrir la intención o espíritu de la ley en la historia fidedigna de su establecimiento (artículo 19 inciso 2°) y el elemento sistemático, por el que se pretende alcanzar el mismo objetivo en la unidad o conexión que las diversas instituciones guardan en el conjunto del ordenamiento jurídico (artículo 22);
Que el enfoque histórico de la norma en estudio hace indispensable considerar el proyecto de ley remitido por el Presidente de la República a la Junta de Gobierno ?órgano legislativo de la época- con fecha 7 de septiembre de 1989, bajo el rótulo ?Regula la Actividad y Participación Productiva del Estado y sus Organismos?.
En el Mensaje con que se acompañó dicho proyecto se enunciaban como postulados esenciales del mismo los que propiciaban la iniciativa particular en la actividad económica y la excepcionalidad de la intervención en ella por parte del Estado empresario, consignándose en semejante contexto tres clases de normas: unas, de carácter general, aplicables a toda legislación relativa a la actividad empresarial del Estado o en que a éste le quepa participación; otras, en que se fija el ámbito dentro del cual el E stado desarrollará actividades de ese tipo; y una, en particular, donde se ?establece un recurso jurisdiccional para hacer efectiva la garantía constitucional de la libertad económica?;
Que la frase con que finaliza el considerando anterior permite inferir que con el ?recurso jurisdiccional? a que ella alude se propende a amparar la garantía constitucional de ?la libertad económica? frente al Estado empresario, cuando éste, transgrediendo un principio de la esencia del Orden Público Económico Nacional, como lo es el de la subsidiaridad, interviene en el campo económico no acatando las limitaciones contempladas en el antes citado artículo 19 N°21 inciso 2° de la Carta Fundamental, ya sea por desarrollar esa actividad sin autorización de una ley de quórum calificado o sin sujetarse a la legislación común aplicable en dicho ámbito a los particulares;
Que siguiendo la esbozada línea de razonamiento, cabe apuntar que de los seis artículos de que se componía el proyecto en comento, sólo dos de ellos se concretaron en leyes, ambas publicadas en el Diario Oficial del 10 de marzo de 1990. Uno fue el artículo 5°, que pasó a constituir la Ley N° 18.965, donde se establece la obligación del Estado en orden a vender en el plazo de un año los derechos que tuviere en sociedades respecto de materias ajenas al objeto para el cual se encontrara autorizado a participar o que excedieron la autorización legal respectiva.
El otro artículo del proyecto que alcanzó consagración normativa ?y que interesa al presente análisis- fue el número 6, que se tradujo, con algunas modificaciones de menor entidad, en la Ley N° 18.971;
Que las reflexiones que se vienen de desarrollar permiten inferir que el legislador de la Ley N° 18.971 instituyó un mecanismo de tutela jurisdiccional destinado a amparar a los particulares en su derecho a la libertad económica cuando ella resulte afectada por la actividad del Estado llevada a efecto con infracción a las regulaciones que sobre la materia se establecen en el artículo 19 N° 21 inciso 2° de la Constitución Política; determinación que, de seguro, obedeció al convencimiento d e quienes propiciaron el establecimiento de dicho cuerpo normativo en orden a...
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