Causa nº 35801/2017 (Queja). Resolución nº 48 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 13 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 705632673

Causa nº 35801/2017 (Queja). Resolución nº 48 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 13 de Marzo de 2018

Fecha de Resolución:13 de Marzo de 2018
Movimiento:RECHAZADO RECURSO DE QUEJA (M)
Rol de Ingreso:35801/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:13356-2016 - C.A. de Santiago
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
ÍNDICE
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Santiago, trece de marzo de dos mil dieciocho.

Primero

Que don J.P.M., abogado, en representación del C. en Jefe del Ejército don H.O.A., en autos sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los Ministros Sra. J.G.T., Sr. E.D.B. y Sr. R.A.D. por la falta y abuso que cometieron al dictar, con fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete, la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad que ejerció en contra de la decisión de amparo decretada por el Consejo para la Transparencia en las causas R.N.° 2.271-16 y 2.272-16, de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en virtud de la cual se dispuso la entrega al peticionario Sr. C.C.R. de “los nombres de todos los oficiales de la Institución que ascendieron al grado de general, entre el 10 de marzo de 2001 y 11 de marzo de 2006 y, que en cualquier periodo, entre 1973 y 1990, integraron la Comisión DINA o la CNI, especificando a cual pertenecieron, y los nombres de todos los Generales que, en cualquier período comprendido entre el 11 de marzo de 2002 y 11 de marzo de 2015 hayan estado en servicio activo y que hubiesen integrado o hubieran sido destinados a la Comisión DINA, la DINA o la CNI, respectivamente” (sic).

Previamente, señala que el día 7 de julio del año 2015 don C.C.R., solicitó la referida información al Ejército proporcionándole el 14 de agosto de ese año, únicamente el nombre de un General de División (R), quien no se opuso a la entrega, señalándole que respecto de los demás no era posible acceder a su solicitud por encontrarse pendiente de resolver una petición similar ante esta Corte, en los autos sobre Recurso de Queja Rol N°8.353 -2015, por lo que en estas condiciones, se configuraba la causal de reserva o secreto establecida en la Ley de Transparencia, que le impedía procurar los antecedentes descritos.

Respecto de esta decisión el peticionario, con fecha 18 de agosto de 2015, recurrió de amparo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia y el Ejército al evacuar sus descargos, reiteró la imposibilidad de proporcionar los datos requeridos por la existencia del recurso de queja indicado; el que fue resuelto por este Tribunal decretando la invalidación de la sentencia de la Corte de Apelaciones y retrotrajo el procedimiento administrativo al estado de notificar a los terceros interesados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285. Hecho lo anterior, los involucrados se opusieron a otorgar sus identidades, lo cual fue informado al Sr. Cruz, expresándole que la Institución castrense se encontraba impedida de traspasar la documentación por mandato del inciso segundo del citado artículo 20 de la Ley N° 20.285. Nuevamente el peticionario concurrió de amparo al Consejo para la Transparencia, siendo acogido por resolución de 4 de noviembre de 2016, en las causas Rol C 2.271-2016 y C 2.272-16, ordenándoles entregar la información antes descrita.De aquella decisión el Ejército de Chile representado por el Consejo de Defensa del Estado, dedujo reclamo de ilegalidad, fundado en el artículo 20 N° 2 de la Ley de Transparencia unido a la oposición de los terceros afectados y la causal de reserva o secreto del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285 en relación a la Ley N° 19.974 y artículos 246 del Código Penal y 303 del Código Procesal Penal que refiere sobre qué información es secreta conforme lo dispone el artículo 8° del Constitución Política de la República y 431 del Código de Justicia Militar; el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones y que por esta vía se impugna.

En relación a la falta y abuso, señala que se comete por los jueces de fondo al rechazar su reclamo de ilegalidad, ignorando la oposición de los afectados, la causal de secreto o reserva que resguarda la información sobre la dotación de las Fuerzas Armadas y porque soslayaron la protección de los derechos fundamentales del personal castrense y su familia; cuestiones sobre las que la Corte de Apelaciones no emitió pronunciamiento.

Expresa que el Ejército de Chile, a diferencia de lo que sostuvo el Consejo para la Transparencia, no realiza una defensa a la ex Dina y ex CNI. El motivo de su actuar es impedir el atropello a las normas de la Ley de Transparencia y a las garantías constitucionales de los Oficiales o funcionarios de la Institución que por algún motivo desempeñaron funciones en dichas organizaciones, puesto que es de público conocimiento las manifestaciones en contra de estas personas, denominadas “funas”, que ponen en riesgo no solo su integridad física, honra o bienes, sino también a sus familias, cuestión que señala la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia recaída en el reclamo de Ilegalidad Rol N° 11.219-2016, no obstante rechazarlo, reconoció en forma expresa que la publicidad de esas identidades vulnera derechos de rango constitucional: "Con todo, no puede escapar a la consideración de este Tribunal, que la divulgación de la información que se pretende, en lo tocante a las personas a quienes afecta, debe procurar, de un modo esencial, resguardar su seguridad y los aspectos propios de la intimidad y privacidad que reconoce la Carta Fundamental, materias respecto de las cuales debe velar el Consejo recurrido conforme a sus competencias".

Precisa que legalmente no existe interés público que justifique poner en riesgo derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República como son los invocados por el Ejército de Chile y los afectados en sus respectivos escritos de oposición. Lo que se persigue es evitar que la publicidad de los antecedentes de dichas personas produzca una afectación de sus prerrogativas fundamentales, especialmente en lo que dice relación a su seguridad y a los contemplados en los numerales 1, 4, 5, 7 y 16 del artículo 19 de la Carta fundamental.

Solicita, en definitiva, se tenga por interpuesto el recurso de queja por haberse cometido faltas o abusos graves en la dictación de la sentencia que se impugna, se la invalide y, su lugar, se acoja el reclamo de ilegalidad dejando sin efecto la decisión dictada en las causas Rol 2.271-16 y 2.272-16 y el acuerdo del Consejo para la Transparencia en orden a entregar la información solicitada por el Sr. C.C.R., sin perjuicio de las demás medidas que se puedan adoptar de oficio.

Segundo

Que la Ministra Sra. J.G.T., en primer lugar, señala que el resto de los miembros de la Sala no concurren al informe por haber concluido sus suplencias. En cuanto al fondo, expresa que efectivamente se desestimó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ejército de Chile, deducido en contra de la decisión recaída en los amparos roles C-2.271-16 y C-2.272-16, adoptada por el Consejo Directivo del Honorable Consejo para la Transferencia, en sesión ordinaria N°751, el 4 de noviembre de 2016.

Explica que el recurrente al denunciar la existencia de falta o abuso en la dictación de la sentencia se limitó a señalar, por una parte, la afectación de derechos de terceros que resultarían afectados y, por otra, lo previsto en los artículos 38 de la Ley N° 19.974 y 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, desconociendo lo reflexionado en los motivos segundo a noveno del fallo atacado, donde se razonó en torno a la causal de reserva desestimándola expresamente, sin perjuicio de su extemporaneidad, por lo que estima que no incurrieron en las faltas o abusos que se le atribuye a la decisión.

Tercero

Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su acápite primero, que lleva el título de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, o en sentencia definitiva, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Cuarto

Que, en consecuencia, para que proceda el recurso de queja es menester que los jueces hayan emitido una determinada resolución jurisdiccional incurriendo en falta o abuso grave, o sea de mucha entidad o importancia; único contexto que autoriza aplicar a los jueces una sanción disciplinaria que, necesariamente, se debe imponer si se lo acoge. En el caso de autos, se impugna la interpretación que los jueces de fondo hicieron sobre la concurrencia de las causales de excepción para entregar la información requerida deducidas por el reclamante, concluyendo que no se acreditaron suficientemente y explicitado las razones que les permitió rechazar el reclamo de ilegalidad; proceso intelectual en el que los sentenciadores ejercieron sus facultades privativas, que obliga a colegir que no han incurrido en falta o abuso grave susceptible de ser enmendada por la vía disciplinaria, lo que conduce al rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja que...

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