Causa nº 1559/2015 (Casación). Resolución nº 659939 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 10 de Noviembre de 2016
| Juez | Sergio Muñoz G.,S Gloria Ana Chevesich R.,Ricardo Blanco H. |
| Corte en Segunda Instancia | - C.A. de Valdivia |
| Número de expediente | 1559/2015 |
| Número de registro | 1559-2015-659939 |
| Rol de ingreso en primera instancia | C-1250-2010 |
| Fecha | 10 Noviembre 2016 |
| Emisor | Sala Cuarta Mixta (Corte Suprema de Chile) |
| Partes | EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S.A. CON FUCHSLOCHER HERBACH JUAN, POEHELS SOMMER ALFREDO, SOMMER STUMPFOL ORLA. |
| Sentencia en primera instancia | - 000000000-0 |
| Rol de ingreso en Cortes de Apelación | 184-2014 |
Santiago, diez de noviembre de dos mil dieciséis.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con exclusión de sus considerandos cuadragésimo sexto, quincuagésimo primero, y septuagésimo primero a septuagésimo sexto.
Se tienen además por incorporados los considerandos decimoctavo a vigesimotercero de la sentencia de casación que antecede.
Y considerando:
Que el inciso primero del artículo 63 de la Ley General de Servicios Eléctricos prescribe que “Si no se produjere acuerdo entre el concesionario y el dueño de los terrenos sobre el valor de éstos, el Superintendente, a petición del concesionario o del dueño de los terrenos, designará una o más comisiones tasadoras compuestas de tres personas, para que, oyendo a las partes, practiquen el o los avalúos de las indemnizaciones que deban pagarse al dueño del predio sirviente”.
Que, de conformidad con lo razonado en el considerando decimonoveno de la sentencia que antecede, el preacuerdo de transacción entre las partes no constituye el acuerdo a que se refiere la citada disposición. No habiendo aportado las partes otros antecedentes que justifiquen la existencia de tal acuerdo entre ellas, correspondía avaluar las indemnizaciones que la Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. (en adelante, indistintamente “Pilmaiquén” o “el concesionario”) debe pagar al dueño de los terrenos del Fundo El Coigüe afectados por la servidumbre eléctrica.
Que a solicitud de Pilmaiquén, el Superintendente designó una comisión tasadora. Esta avaluó en $636.930.000 los terrenos afectados del Fundo El Coigüe, debiendo sumarse a este valor el 20% de recargo que establece el artículo 70 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Que tanto P. como el señor J.C.F.H., dueño del Fundo El Coigüe, dedujeron reclamos en juicio sumario en contra del citado avalúo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Que, en relación con el reclamo de Pilmaiquén, resta analizar su alegación de que la comisión tasadora incurrió en infracción de los artículos 63 y 69 de la Ley General de Servicios Eléctricos al considerar en su avaluación del valor comercial de los terrenos afectados, su aptitud natural para fines de producción eléctrica.
Que, según se ha razonado en el considerando vigesimosegundo de la sentencia de casación que antecede, la prohibición de tomar en consideración “el mayor avalúo que puedan adquirir los terrenos por las obras proyectadas” que establece el inciso primero del citado artículo 63, significa precisamente, que el valor comercial de la aptitud natural de los predios para fines de producción eléctrica no puede ser incluido en la avaluación del valor de los terrenos a que los propietarios afectados tienen derecho en virtud de lo establecido en el primer numeral del artículo 69 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
En consecuencia, será necesario examinar si la comisión tasadora efectivamente tomó en cuenta dicha aptitud.
Que, para justificar la reclamación bajo análisis, P. señala lo consignado en las páginas 28 y siguientes del informe de avalúo, del siguiente tenor: “esta franja será indemnizada en un valor equivalente al 100% del valor comercial de los terrenos afectados, considerando un valor comercial no con fines agrícolas, sino que con fines de producción de energía eléctrica”. Asimismo, en su página 27 el informe señala entre los antecedentes considerados para la avaluación de los terrenos “Algunos elementos relacionados con los convenios ya realizados voluntariamente este último tiempo, suscritos entre distintas empresas eléctricas y particulares de la zona”.
Estas declaraciones resultan sin embargo oscurecidas por otras contenidas en el mismo informe. Así, en la página 32, el informe indica que “Los suelos que serán afectados por la construcción de la central hidroeléctrica R. son suelos principalmente clase VIII ya que se trata de suelos caja de río y de protección de cauces hídrico (sic), existiendo también suelos con clase IV y VI donde existen praderas establecidas y bosque productivos. Presentan topografía variada de lomaje a quebradas. El uso actual para praderas corresponde a lechería y engorda de ganado bovino”. Y en la página siguiente, inmediatamente antes de indicar los valores de avalúo, señala que “Los valores anotados más adelante corresponden a una consideración de posible obtención de precio comercial, en el estado que se encuentran actualmente los terrenos afectados. Se ha tenido presente antecedentes de mercado, para propiedades agrícolas forestales, ubicación, aptitud y capacidad de suelos, y posibilidades de desarrollo en especial en los sectores aledaños al río Pilmaiquén”.
Por último, la comisión tasadora asignó valores diferenciados a tres tipos de terrenos. Avaluó en $27.500.000 la hectárea de pradera, en $22.000.000 la hectárea de bosque nativo productivo, y en $18.000.000 la hectárea de bosque nativo de protección. Este tratamiento diferenciado carece de sentido si la comisión hubiera considerado plenamente la aptitud eléctrica, pues atiende más bien a consideraciones silvoagropecuarias.
En consecuencia, de la lectura del informe resulta que la comisión tasadora afirma considerar un factor que la ley prohíbe tomar en cuenta, pero no ofrece metodología ni información alguna que permita determinar cuál fue la incidencia de dicho factor. Será en consecuencia necesario examinar la prueba aportada por las partes a objeto de determinar el valor comercial de los terrenos afectados por la servidumbre.
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