Causa nº 15539/2017 (Apelación). Resolución nº 35 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 8 de Enero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 700277881

Causa nº 15539/2017 (Apelación). Resolución nº 35 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 8 de Enero de 2018

Fecha de Resolución: 8 de Enero de 2018
Movimiento:CONFIRMA SENTENCIA APELADA (M)
Rol de Ingreso:15539/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:10-2017 - C.A. de San Miguel
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, ocho de enero de dos mil dieciocho.

A los escritos folios N°s 73.492-2017, 73.728-2017 y 74.743-2017: estése al estado de la causa.

Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de

sus motivos decimosegundo (sic) y decimocuarto que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero

Que la Municipalidad de Calera de Tango dedujo recurso de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, por haber dictado el Informe Consolidado de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centro de Distribución El Peñón”, de fecha 6 de diciembre de 2016, actuación que considera ilegal y arbitraria por constituir una amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes de la comuna, a la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación establecidos en el artículo 19 Nºs 1, 2 y 8 de la Constitución Política de la República.

Explica que en el aludido Informe, no se cumplieron los requisitos que establece el artículo 9 de la Ley N°19.300, afectándose la legalidad del proceso de evaluación ambiental, no pudiendo servir de base para el otorgamiento de la Resolución de Calificación Ambiental favorable por no contener los pronunciamientos de los organismos que participaron en la evaluación y sin considerar las observaciones de la comunidad.

El área de influencia del Proyecto de Walmart, prosigue, se localizaría en el área de gestión turística y patrimonial del Proyecto Parque Metropolitano Sur del Cerro Chena, aprobado en noviembre de 2011 por el Gobierno Regional, sin que se aclare cómo no se afectará negativamente el futuro proceso de planificación del área de gestión turística y patrimonial, viéndose vulnerada además la avifauna residente en el sitio prioritario por pérdida de su hábitat, debiendo considerarse dichos impactos en el Informe recurrido, por cuanto los estudios practicados sólo abarcaron el sitio prioritario y una zona limítrofe directa de no más de 100 metros, en circunstancias que el área de afectación es mayor.

Por lo anterior, solicita se deje sin efecto el Informe referido, invalidándose todo el procedimiento de evaluación ambiental, y en subsidio, se adopten las medidas necesarias, a fin de subsanar los vicios del procedimiento.

Segundo

Que también dedujo recurso de protección la Municipalidad de San Bernardo en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, por haber dictado el Informe Consolidado de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centro de Distribución El Peñón”, de 6 de diciembre de 2016, que considera arbitrario e ilegal, puesto que no es efectivo que cumpliera con la normativa ambiental vigente y porque no se hizo cargo de las medidas de mitigación, reparación y compensación correspondientes.

En efecto, manifiesta que la actividad propuesta no es concordante con el uso de suelo previsto en el instrumento de planificación territorial aplicable, por emplazarse en una zona de interés silvoagropecuario mixto y según dicho instrumento, “las actividades molestas, productivas y/o de servicio, cualquiera sea su nivel de producción o empleo, deberán emplazarse en las áreas industriales exclusivas que expresamente se indican en el Plano…” y al haber consultado a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, ésta informó que la actividad denunciada fue calificada como molesta, por tanto, el proyecto no se condice con los usos de suelo previstos por las normas de zonificación y planificación territorial.

Por otro lado, indica que el Informe recurrido no se hizo cargo de las observaciones que efectuó la Municipalidad, en especial, en cuanto a que el proyecto alteraría de forma significativa y definitiva el valor paisajístico del entorno, que indebidamente fue catalogado como “moderado” ya que con el movimiento de tierras, existe una alta probabilidad de hallazgos de carácter arqueológico, lo que constituiría un daño irreparable para el patrimonio cultural del país, vulnerándose así la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República.

Solicita por tanto que se declare que el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del “Centro de Distribución el Peñón” es ilegal y arbitrario.

Tercero

Que A.G.R., por sí y en representación del Condominio Norte, L. de M., presentó idéntica acción constitucional en contra de la misma resolución dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, aludiendo a que no obstante su cercanía con el proyecto, el recurrido los dejó fuera de su desarrollo desatendiendo el principio de participación ciudadana, agregando que el procedimiento de evaluación ambiental presenta vicios que lo corrompen, puesto que no cumple con los requisitos establecidos en la ley y por el reglamento siendo por ende ilegal su dictación, constituyéndose en un documento que no puede servir de base para la dictación posterior de una resolución de calificación ambiental.

Indica que el acto recurrido es la base técnica sobre la cual la Comisión de Evaluación Ambiental dicta una resolución de calificación ambiental y que sus requisitos están establecidos en el artículo 9 bis de la Ley N°19.300 dentro de los que se destacan las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados y que su incumplimiento será considerado un vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental. De este modo, explica que durante la evaluación ambiental se incorporaron aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afectaron significativamente el proyecto, por lo que según el artículo 29 de la Ley N°19.300 debió abrirse una nueva etapa de participación ciudadana por un plazo de 30 días, sin embargo, aquel trámite fue omitido, por lo que estima vulneradas las garantías contenidas en el artículo 19 N°s 2 y 8 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se deje sin efecto el informe impugnado relacionado con el proyecto “Centro de Distribución el Peñón” y se invalide todo el procedimiento de evaluación ambiental.

Cuarto

Que Lucía Luna Vargas, A.M.D., M.A.C., E.V.Z., C.N.M., C.G.S., C.G.S., E.J.F. y N.S.H., todos vecinos del conjunto habitacional Lomas de Mirasur, también dedujeron recurso de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, por haber dictado el Informe Consolidado de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centro de Distribución El Peñón”, de 6 de diciembre de 2016, actuación que consideran arbitraria e ilegal por infringir lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°19.300 y vulnerar las garantías consagradas en los numerales 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explican que el 16 de abril de 2015, Walmart Chile presentó ante el Servicio recurrido el proyecto denominado “Centro de Distribución El Peñón”, mediante estudio de impacto ambiental, indicando el titular que el proyecto consistía en la construcción y habilitación de un centro de distribución donde se realizará la logística de recepción de la mercadería proveniente de diversos proveedores, para posteriormente ser almacenados de manera segregada de acuerdo a la familia de productos.

La localización del Proyecto, se encuentra entre Calle El Barrancón y la Ruta 5, en San Bernardo, y la ubicación de los domicilios de los recurrentes forma parte de la zona en que el Proyecto produce de manera directa sus impactos, pese a que el titular no lo señala expresamente, excluyendo además dentro del área a la comuna de Calera de Tango, no obstante existir un evidente impacto sobre su vialidad.

Refieren que el acto impugnado, es antijurídico por infraccionar lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°19.300, por cuanto en el presente caso, pese a encontrarse Lomas de Mirasur y el resto de las comunidades afectadas inmediatamente al costado oriente de la Ruta 5, y Calera de T. al poniente, la autoridad no los consideró como directamente afectados, circunstancia que constituye un vicio del procedimiento que debe ser subsanado, destacando que en el caso de la comuna de Calera de Tango la infracción es aún más flagrante, por cuanto excluyó a toda la comunidad de la participación ciudadana, impidiéndoles realizar observaciones al estudio de evaluación, con lo que se infringió el articulo 12 letra b) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, al concebir de manera incorrecta la definición del área de influencia, por lo que consideran vulneradas las garantías contenidas en el artículo 19 N°s 2 y 8 de la Constitución Política de la República, por cuanto la autoridad ambiental no incorporó en las actividades del proceso de participación ciudadana a las aludidas comunidades, no obstante encontrarse estas al interior del área de influencia del proyecto y de no subsanar su actuación respecto de la exclusión de la comuna de Calera de Tango, por lo que solicitan se ordene a la autoridad recurrida retrotraer el procedimiento al momento anterior al que se produjo la vulneración alegada en estos autos, con el propósito de que se restablezca el imperio del Derecho.

Quinto

Que L.C.S., A.E.G., D.P.G., L.M.P., B.A.V., M.P.V., A.Á.N. y R.M.C., dedujeron recurso de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, por el mismo acto recurrido por los anteriores actores, esto es, el Informe Consolidado de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centro de Distribución El Peñón”, de 6 de diciembre de 2016, que consideran ilegal y arbitrario, por cuanto infringió la normativa ambiental aplicable, en particular, las normas que definen la información esencial para la evaluación de un proyecto y cuya falta no fue subsanada, en especial, la referente a la emisión de ruidos y vibraciones...

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