Causa nº 12169/2017 (Casación). Resolución nº 10 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Noviembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 696318881

Causa nº 12169/2017 (Casación). Resolución nº 10 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Noviembre de 2017

Fecha de Resolución: 9 de Noviembre de 2017
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:12169/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:8013-2016 - C.A. de Santiago
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-21111-2013 - 22º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

S., nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero

Que en estos autos Rol Nº 12.169-2017 sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, seguido ante el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de S., caratulado “E.A., M. y otros con Fisco de Chile”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de S., que confirma la de primer grado que acoge la acción y condena al Fisco de Chile a pagar a las personas que se individualizan en lo resolutivo del fallo las sumas que en cada caso se expresan.

Segundo

Que en el primer acápite del recurso de nulidad sustancial se denuncia la infracción de los artículos y 42 de la Ley N° 18.575 y artículos 1437, 2284, 2314 y 2329, todos del Código Civil, yerro jurídico que se produce al calificar erróneamente los hechos establecidos en la causa, estableciendo que aquellos son constitutivos de falta de servicio, asentando la concurrencia del factor atributivo de responsabilidad imputada por los demandantes.

Explica que los sentenciadores construyeron un silogismo lineal errado para asentar la falta de servicio, sobre la base del sólo cotejo de los supuestos deberes y obligaciones que tenían el SHOA y la ONEMI en relación a la actuación concreta que desarrollaron el día de los hechos. Enfatiza que no existe la supuesta obligación del SHOA de comunicar posibles riesgos de tsunami a Carabineros de Chile, pues ésta no se encuentra contemplada en ninguno de los documentos a que alude el sentenciador. Asimismo, sostiene que el fallo se funda en lo dispuesto en la Publicación N° 3014 que contiene las instrucciones generales sobre el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), sin embargo, omite hacer referencia al punto 1.4, que señala las tres condiciones que deben concurrir copulativamente para la generación de un tsunami, cuestión relevante, pues aquellas no se constataron antes del arribo de las olas destructivas, pues solo varios días después se logró precisar los valores finales del terremoto.

Puntualiza que mediante el recurso no está denunciando la vulneración de las normas reglamentarias enunciadas, sino que la infracción de los preceptos de la Ley N° 18.575, toda vez que se califica la actuación de los organismos públicos como constitutiva de falta de servicio sobre la base del incumplimiento de deberes reglamentarios que no existen.

Esgrime que el análisis y determinación de la falta de servicio es una cuestión eminentemente jurídica, que debe realizarse sobre la base del escrutinio de los antecedentes que se tenían al momento de los hechos y no sobre la base de información acopiada a posteriori, luego de años de investigación y estudio. En este aspecto, sostiene que si bien en el fallo se reconoce que la falta de servicio debe analizarse en concreto, lo cierto es que en su desarrollo efectúa un análisis puramente teórico y desconectado de las circunstancias específicas, imponiendo a la administración un nivel de exigibilidad que rebasa los límites de lo esperable frente a los hechos acaecidos.

Continúa exponiendo que la toma de decisiones de la administración se ve alterada por el fenómeno catastrófico que involucra también a los órganos del Estado, pues los funcionarios del SHOA y ONEMI, así como parte importante de la población del país, también fueron víctimas del terremoto y, en consecuencia, siendo errada la conclusión de que la información con que se contaba después de producido el sismo era suficiente para decretar alerta roja, pues esta última podría haber generado pánico en la población, por lo que la ausencia de información clara y precisa es un factor que debe ser considerado al enjuiciar conductual del órgano.

Así, refiere, la sentencia incurre en un error al no considerar las cargas del servicio público y los recursos que éste posee para hacer frente a sus obligaciones, sin que proceda efectuar un reproche teniendo a la vista únicamente las obligaciones impuestas por un texto legal, desatendiendo los recursos que se han dispuesto para aquello en la ley de presupuesto, toda vez que ambos cuerpos normativos construyen el deber de diligencia exigible a los órganos.

Por otro lado refiere que la sentencia incurriendo en error de derecho establece la relación causal entre la conducta calificada como falta de servicio y el resultado que permite configurar el daño que se ordena indemnizar, desnaturalizando el vínculo de causalidad. En efecto, explica que ésta figura se encuentra establecida como condición sine qua non de la responsabilidad extracontractual, en los artículos 1437, 2284, 2316, 2329 del Código Civil y artículos 4 y 42 de la Ley N°18.575, normas que han sido conculcadas.

Explica que para que un resultado pernicioso pueda ser civilmente atribuido a un tercero, no basta que entre éste y el hecho ilícito haya una proximidad temporal, espacial o circunstancial, sino que, desde un punto de vista jurídico se requiere de un nexo directo. Enfatiza que en el caso de autos ese nexo causal no existe, toda vez que las muertes y lesiones que permiten configurar el daño, no fueron producto de la actividad o inactividad estatal, sino consecuencia directa de un fenómeno natural, sin que la supuesta alerta que se debió entregar hubiera alterado los resultados, atendido el breve lapso que medió entre el término del movimiento telúrico y la llegada del maremoto.

Expone que una adecuada interpretación de los preceptos que consagran la exigencia de nexo causal en materia extracontractual, necesariamente lleva a analizar las dos facetas de dicho elemento. La primera, es la naturalista, considerando los hechos que asentados, y la segunda, relativa a la imputación objetiva de la responsabilidad. Explica que el yerro se produce al interpretar la relación de causalidad solo como una cuestión naturalística, recurriendo exclusivamente al criterio de la equivalencia de las condiciones, olvidando que debía hacerse un particular análisis normativo a efectos de determinar la existencia de la relación causal.

Tercero

Que en el segundo capítulo de nulidad sustancial se acusa la vulneración del artículo 45 del Código Civil, al desechar la excepción perentoria opuesta por su parte. Sostiene que el suceso acaecido el 27 de febrero de 2010 reunió las características para ser tenido como un caso fortuito, al ser un fenómeno natural cuya generación no pudo ser anticipada y que, luego de iniciado, no fue posible neutralizar sus perniciosas consecuencias.

Refiere que los sentenciadores rechazaron la excepción de caso fortuito planteada, entregando una equivocada noción de los elementos que lo componen, en especial, en relación a la irresistibilidad, puesto que, en el caso concreto, una vez que las olas comenzaron a avanzar hacia los sectores costeros se generó la imposibilidad absoluta de contener o impedir dicho avance, configurándose el requisito en cuestión. A su turno, en cuanto a la imprevisibilidad, refiere que este elemento se verificó, puesto que se está en presencia de un suceso inusual de extraordinaria ocurrencia, que no pudo ser razonablemente considerado o anticipado ni siquiera por técnicos especializados, por las limitaciones inherentes a sus respectivas ciencias. En otras palabras, refiere, los terremotos no son previsibles y tampoco la generación de los maremotos, especialmente cuando el punto de ruptura y deformación del fondo oceánico se estimó inicialmente bajo el continente y resultó ser, según se estableció a posteriori, marítimo y cercano al borde costero.

Cuarto

Que en el tercer capítulo de nulidad sustancial se denuncia la infracción a las normas reguladoras de la prueba, a saber, artículos 1698, 1699, 1700, 1702, 1703 y 1706 del Código Civil y 341 del Código de Procedimiento Civil.

En este aspecto, señala que los artículos 1698 del Código Civil y 341 del Código de Procedimiento Civil, establecen el catálogo de los únicos medios de prueba que son admisibles en los procedimientos civiles, normas que no contemplan la importación de declaraciones e informes técnicos producidos extra litis, ante una autoridad administrativa que no ejerce jurisdicción y sin las formalidades necesarias para el resguardo del debido proceso. Es así, como enfatiza en que la carpeta investigativa jurídicamente no existe como medio de prueba, por lo que no puede ser procesalmente considerada como si se tratase de una universalidad.

Asimismo, sostiene, que los artículos 1699, 1700, 1702, 1703 y 1706 del Código Civil, regulan la prueba instrumental tanto privada como pública, sin que ninguna de las hipótesis previstas pueda ser aplicable a la denominada carpeta investigativa, razón por la que tal antecedente carece de valor probatorio.

Quinto

Que para resolver las cuestiones jurídicas planteadas en el recurso se debe tener presente que en estos autos accionan 74 personas que demandan al Fisco de Chile solicitando la indemnización de los perjuicios que en cada caso se individualizan, daños que, según se expone, tienen su origen en la falta de servicio de funcionarios públicos al enfrentar el terremoto y posterior tsunami ocurrido el día 27 de febrero de 2010. Las víctimas directas -que se vinculan con el daño por repercusión o rebote esgrimido por determinados demandantes- se encontraban en distintas zonas geográficas al ocurrir el evento telúrico, a saber: I.J.F. (10 víctimas relacionadas con 37 demandantes), S.A. (1 víctima relacionada con 2 demandantes), Constitución (3 víctimas relacionadas con 6 actores), Talcahuano (2 víctimas relacionadas con 7 demandantes), T. (3 víctimas relacionadas con 21 demandantes más una víctima...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA