Causa nº 36757/2017 (Casación). Resolución nº 47 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 26 de Junio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 730006413

Causa nº 36757/2017 (Casación). Resolución nº 47 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 26 de Junio de 2018

Fecha de Resolución:26 de Junio de 2018
Movimiento:CASA EN EL FONDO DE OFICIO(M)
Rol de Ingreso:36757/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:2415-2016 - C.A. de Valparaíso
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-7-2009 - C.A. de Antofagasta
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Santiago, veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

Vistos: En estos autos rol Nº 36.757-2017 caratulados “Estado de Chile con Minimal Enterprises Company y otro”, sobre cumplimiento incidental, el actor dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó la de primera instancia suscrita por el Ministro Instructor Sr. O.C.G. que rechazó la demanda por no existir, a la época de la decisión que se impugna, daño ambiental que reparar.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero

Que el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil faculta a este tribunal, conociendo por vía de casación, para invalidar de oficio una sentencia cuando de los antecedentes se desprenda que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, razón por la cual en la vista de la causa, luego de la relación y de precisar lo pedido por las partes según los escritos de discusión, se llamó a los abogados litigantes a debatir sobre la concurrencia de un posible vicio de ultra petita.

Segundo

Que el citado defecto contempla dos formas de materialización, una que refiere a otorgar más de lo pedido, que es propiamente la ultra petita, mientras que la segunda se produce al extenderse el fallo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, hipótesis que se denomina extra petita. Asimismo, según ha declarado reiteradamente esta Corte Suprema se incurre, también, en ultra petita cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, se altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir.

La regla anterior debe necesariamente relacionarse con lo prescrito en el artículo 160 del Código de Enjuiciamiento, de acuerdo al cual las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio.

Por consiguiente, el vicio formal en mención se verifica cuando la sentencia otorga más de lo que las partes han solicitado en sus escritos de fondo por medio de los cuales se fija la competencia del Tribunal o cuando se emite pronunciamiento en relación a materias que no fueron sometidas a la decisión del mismo, vulnerando de ese modo el principio de la congruencia, rector de la actividad procesal.

Tercero

Que, por su parte, el principio de congruencia busca vincular a las partes y al juez al debate; se trata de un principio que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos que componen el proceso. Si bien la doctrina enfatiza los nexos que han de concurrir entre las pretensiones sostenidas por el actor y la sentencia, dicha vinculación es igualmente importante tratándose de la oposición, la prueba y los recursos, encontrando su mayor limitación en los hechos, pues aunque el órgano jurisdiccional no queda circunscrito a los razonamientos jurídicos expresados por las partes, ello no aminora la exigencia según la cual el derecho aplicable debe enlazarse a las acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las partes han sostenido en el pleito.

En el derecho comparado se ha resuelto que la congruencia consiste en el deber de los órganos judiciales de decidir los litigios sometidos a su consideración, dando respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas pero sólo a ellas, evitando que se produzca un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. (Corte Suprema Rol N° 5159-2008)

Cuarto

Que en nuestro ordenamiento no existe una sistematización del referido principio, sin embargo es posible desprenderlo, entre otros, del artículo 170 del Texto Legal Adjetivo, que regula el contenido de las sentencias y “del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, en orden a establecer que toda sentencia debe conformarse con el mérito del proceso, si no es debidamente cumplido por el sentenciador, da origen a un recurso de casación en la forma por la causal prevista en el Nº 4 del artículo 768 del citado cuerpo legal" (Sentencias de Corte Suprema de 8 de junio de 1961, R.D.J., t. 58, sec. 1ª, p. 153, y 3 de diciembre de 1915, R.D.J., t. 13, sec. 1ª, p. 359) y otras han dicho de modo expreso que "la libertad del juez para interpretar y aplicar el derecho, queda delimitada por el principio de congruencia, el cual le otorga el marco de su contenido", siendo la congruencia -como se ha dicho- la forma de "vincular a las partes y al juez al debate" (Corte Suprema Rol N° 5159-2008).

Quinto

Que, así entonces, del sano entendimiento y armonía de lo que se lleva dicho emana como conclusión que, inclusive en las consideraciones de derecho que efectúe el tribunal, puede existir contravención al principio de congruencia, infracción que se produce si se desatiende el objeto y la causa de la litis. De esta forma, la libertad del juez para interpretar y aplicar el derecho ha de circunscribirse a los dictados del principio en alusión, el cual le otorga el marco de su contenido.

Sexto

Que en cuanto a los efectos que genera la transgresión de la congruencia, aquéllos se sitúan en la teoría de la nulidad procesal, que permite invalidar los actos que la contravienen. Según lo reflexionado en los motivos precedentes, una sentencia deviene en incongruente cuando su parte resolutiva otorga más de lo pedido por el demandante o no concede lo solicitado, excediendo la oposición del demandado o, lo que es lo mismo, se produce el señalado defecto si el fallo no resuelve los puntos objeto de la litis o se extiende a puntos que no fueron sometidos a la decisión del tribunal.

De modo que en lo dispositivo de la sentencia el tribunal ha de decidir las acciones y excepciones, conforme a las argumentaciones que las respaldan, también teniendo presente la forma en que se ha ejercido la defensa respecto de unas y otras, la que, junto a las alegaciones y defensas, constituye la controversia que endereza el curso del procedimiento; parámetro que se mantiene luego, al argumentarse el agravio al interponer los recursos judiciales que sean procedentes.

De lo anterior se colige que la sanción a la falta de congruencia tiene en su raíz la garantía que el mencionado principio significa para los litigantes y el límite que supone para el juez, otorgando seguridad y certeza a las partes al precaver una posible arbitrariedad judicial.

Por lo mismo, constituye un presupuesto de la garantía del justo y racional procedimiento, que da contenido al derecho a ser oído o a la debida audiencia de ley. Estos derechos y garantías fundamentales no solo se vinculan con la pretensión y oposición, sino que -como se ha expresado- con la prueba y los recursos, en fin se conectan con el principio dispositivo que funda el proceso civil.

Séptimo

Que asentadas las ideas anteriores cabe precisar que en estos autos el Fisco de Chile dedujo demanda de cumplimiento incidental en contra de Minimal Enterprises Company, en su calidad de armadora y propietaria de la motonave Liquid Challenge y de Elmira Shipping & Trading, como operadora de la misma, quienes por sentencia declarativa de 3 de diciembre de 2012, fueron condenadas a pagar solidariamente los perjuicios causados por la contaminación y daño ambiental producido por la última al verter una cantidad aproximada de tres metros cúbicos de hidrocarburo en la bahía de Mejillones el día 20 de septiembre del año 2009 y cuyo de monto de los perjuicios quedó para determinarse en la etapa de cumplimiento.

La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, salvo en lo relativo a las costas y, este Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo que dedujeron las demandadas en su oportunidad.

Octavo

Que sobre la base de la referida decisión, el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, dedujo demanda de cumplimiento incidental en contra de las demandadas.

Al efecto argumentó que: “las demandadas deberán indemnizar los gastos que demandará la razonable restauración del medio marino provocado por el daño ecológico producido en la bahía de Mejillones:

Los que consisten en: 1.- Estudio M. para la evaluación del impacto ecológico del vertido de hidrocarburo en la bahía de Mejillones, cuyo monto asciende a la suma de 30.000 Unidades de Fomento ($735.390.000). Valor UF $24.513,01 al 25 de noviembre de 2014. 2.- Medidas razonables de restauración que el Estudio Multidisciplinario indique; si éste así lo estableciera una vez realizado, las que en todo caso no deben ser inferiores a US$122.000.000 ($72.998.700.000). Valor dólar $598.35 al 25 de noviembre de 2014

Valor Total: 73.734.090.000.

Más los reajustes e intereses en la forma que allí se indican, sin perjuicio de los montos distintos que el tribunal pudiera establecer por dichos conceptos.

Noveno

Que las demandadas haciendo uso de la citación, se opusieron al cumplimiento incidental, argumentando que su parte fue condenada al pago del daño ecológico y no a la realización de un informe multidisciplinario para que lo determine, desde que es carga del demandante acreditarlo y no es su parte la obligada a “hacer la prueba al actor” para dichos fines.

Sin perjuicio de lo...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA