Causa nº 7190/2017 (Casación). Resolución nº 22 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 2 de Abril de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 707494945

Causa nº 7190/2017 (Casación). Resolución nº 22 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 2 de Abril de 2018

Fecha de Resolución: 2 de Abril de 2018
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:7190/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:888-2016 - C.A. de San Miguel
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-33637-2013 - 3º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
ÍNDICE
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Santiago, dos de abril de dos mil dieciocho.

Vistos:

En estos autos Ingreso Corte N° 7190-2017 sobre reclamo del monto de indemnización por expropiación, previsto en los artículos 12 y siguientes del Decreto Ley N°2.186, seguidos ante el Tercer Juzgado Civil de San Miguel, por sentencia de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 494, se rechazó el reclamo deducido, estableciéndose como indemnización definitiva la cantidad de $63.763.760 por la expropiación del inmueble de propiedad de la reclamante.

La Corte de Apelaciones de San Miguel, conociendo de la apelación de la reclamante, confirmó el fallo de primera instancia.

En contra de dicha sentencia, la reclamante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero

Que en el primer acápite del arbitrio de nulidad sustancial se denuncia la infracción de los artículos 1698, 1699, 1700, 1702, 1706 y 1712 del Código Civil, artículos 160, 342, 346, 358 N°s 4°, 5° y 6°, 384, 411, 425, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil y artículo 14 del Decreto Ley N° 2.186, en relación con el artículo 40 del mismo cuerpo legal y artículos 19, 20 y 22 del Código Civil.Explica la recurrente que la sentencia impugnada infringe las reglas reguladoras de la prueba, al no valorar adecuadamente la prueba rendida en el proceso. En efecto, sostiene que el informe pericial del que se valió la reclamante para demostrar la veracidad de sus asertos, concluye que el valor asignado por concepto de la expropiación del Lote 125, no se condice con el valor de mercado del inmueble calculado sobre la base de ofertas reales de venta de terrenos semejantes del que ha sido despojado, el que oscila entre 0,52 y 0,73 unidades de fomento por metro cuadrado. Todavía más, añade que la desvalorización del saldo del terreno no expropiado, debido a la limitación de uso contemplada en el artículo 39 del D.F.L. N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, conlleva un perjuicio que debe ser reparado y del que no se hizo cuestión en el fallo impugnado. De esa manera, refiere que se realizó un acucioso análisis del lote en cuestión y su relación con los valores referenciales considerados para llegar al valor final del lote, que se ajusta a la realidad de mercado.

A continuación indica que los sentenciadores se limitaron a enunciar la realización de un proceso lógico cuyos detalles no explicitan, no mencionan máxima de experiencia o conocimientos científicamente afianzados como elementos de sus reflexiones. Sostiene que se infringe el principio de los conocimientos científicamente afianzados por cuanto no existe causa para obviar las conclusiones técnicas obtenidas a partir de la aplicación de normas internacionales de valuación (IVSC), mientras que la pericia del reclamado, que sirve de antecedente inmediato al rechazo de la pretensión hecha valer, adolece de todo tipo de parámetros que avalen sus conclusiones, desde que se limita a reiterar el contenido del informe de la Comisión Tasadora, sin que sus aseveraciones encuentren sustento en antecedentes verídicos, omitiendo, por lo demás, pronunciarse acerca del objeto de la controversia, esto es, que el valor asignado no guarda identidad con el valor de mercado y la desvaloración del bien inmueble en aquella parte no expropiada, tal como fue analizado pormenorizadamente en el informe pericial de la reclamante.

Como colofón sostiene que carece de toda lógica mantener el valor del predio sin fundamento razonable, cuestión que no es sino la inobservancia del principio de la razón suficiente. Así infringiendo las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba pericial, la sentencia impugnada señala que se procederá a la determinación del valor por concepto de indemnización definitiva por expropiación teniendo en cuenta los valores determinados por el informe pericial de la contraria, alejándose de este modo de lo establecido por la legislación que regula la materia, toda vez que lo concluido es incompatible con el daño patrimonial efectivamente causado por la expropiación. Asentado lo anterior esgrime que el fallo impugnado contraviene los artículos 411, 425 y 428 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 14 del Decreto Ley N° 2.186, en relación con el artículo 40 del mismo texto legal y los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil.

Agrega que la infracción que se denuncia también es consecuencia del desconocimiento del valor probatorio que la ley asigna a la prueba testimonial, desde que el fallo impugnado omite ponderar dicho medio de prueba acorde con los parámetros que establece el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, tanto más cuanto que las declaraciones de los testigos de su parte, resultan esclarecedores acerca del tema objeto de la controversia, a saber, el valor real del terreno del que ha sido privado.

De otro lado, reconoce en el fallo impugnado la transgresión de los artículos 1699, 1700, 1702, 1706 y 1712 del Código Civil y artículos 342, 346 y 428 del Código de Procedimiento Civil, que se produce al otorgar valor de plena prueba a los instrumentos de la reclamada, a pesar de no reunir las condiciones que la ley exige para ponderarles del modo asentado, sin perjuicio de no constituir prueba que sirva para la resolución de la controversia, siendo ilustrativo para estos efectos la circunstancia que el informe pericial de la reclamada, no sea más que la reiteración de documentos que carecen del valor atribuido por los sentenciadores, además de corresponder a una pericia cuyo contenido no sólo no fue ratificado por la totalidad de sus suscriptores, sino que, al mismo tiempo, fue desvirtuado por la pericia de la reclamante.

Continúa señalando que las infracciones del fallo impugnado, no se agotan en la valoración de la prueba documental rendida por el Fisco de Chile, pues, la inobservancia a la ley es también irrefutable cuando los sentenciadores analizaron la prueba pericial otorgándole el valor de plena prueba, aun cuando carece de aquél –por las razones descritas-, cuestión que contraviene los artículos 411, 425 y 428 del Código de Procedimiento Civil y 14 del Decreto Ley N° 2.186, en relación al artículo 40 del mismo cuerpo legal y artículos 19, 20 y 22 del Código Civil. Así, también al atribuir idéntico valor a los testimonios de la reclamada, a pesar de ser inconducente, se transgredieron por los jueces del grado los artículos 358 N°s 4°, 5° y 6° y 384 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 346 y 428 del mismo cuerpo legal y el artículo 1702 del Código Civil.

Seguidamente, razona acerca de la vulneración de los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, cuestión que se produce porque tanto la prueba documental como testimonial de la que su parte se valió para demostrar el valor real del terreno expropiado, permite construir presunciones graves, precisas y concordantes acerca de las peticiones que reclama a su haber.

Concluye sosteniendo que de igual modo la infracción de los artículos 1698 del Código Civil y 160 del Código de Procedimiento Civil es evidente, toda vez que los sentenciadores no dan por satisfecha la acreditación de los presupuestos de lo reclamado, aun cuando del mérito del proceso, no podían sino concluir precisamente lo contrario.

Segundo

Que en el siguiente capítulo se acusa la vulneración de los artículos 17 y 38 del Decreto Ley N° 2.186, en relación al artículo 19 N°s 20 y 24 de la Constitución Política de la República y artículos 19, 20 y 22 del Código Civil.

Aduce que este error se debe a que el juez de la causa no fija la indemnización definitiva de conformidad a lo que debe entenderse por indemnización, de acuerdo con lo estatuido en el mencionado artículo 38, esto es, al daño patrimonial efectivamente causado por la expropiación, que en el caso sub lite importa una diferencia en su favor de 5.214,72 unidades de fomento. Expresa...

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