Causa nº 44948/2016 (Casación). Resolución nº 50 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 18 de Enero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 701344077

Causa nº 44948/2016 (Casación). Resolución nº 50 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 18 de Enero de 2018

Fecha de Resolución:18 de Enero de 2018
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:44948/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:8615-2015 - C.A. de Santiago
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-2456-2013 - 2º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
Emisor:Sala Cuarta (Mixta)
 
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Santiago, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Vistos:

En autos n mero de rol 2456-2013, caratulados "G mez Fuentes, ú ó O. con Empresa Nacional de M. a , seguidos ante el Segundo í ” Juzgado Civil de Santiago, se acogi parcialmente la excepci n dilatoria de ó ó incompetencia del tribunal, en lo que concierne a la pretensi n infraccional, ó y se rechaz la demanda, disponi ndose que cada parte deber pagar sus ó é á costas, por sentencia de veintinueve de abril de dos mil quince, escrita a fojas 407 y siguientes; que fue confirmada, sin costas, por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha uno de junio de dos mil diecis is, seg n consta a fojas 554 y siguientes. é ú En contra de la ltima decisi n la parte demandante dedujo recurso ú ó de casaci n en el fondo, denunciando la vulneraci n de una serie de ó ó disposiciones legales que indica, y solicita que se lo acoja y se la anule, acto seguido, sin nueva vista y separadamente, se dicte la de reemplazo que haga lugar a la demanda, con costas.

Se trajeron los autos en relaci n. ó

Considerando: 1 Que el recurrente, en forma previa, alude a los antecedentes en

° que se fund la demanda y a los hechos que fueron materia de prueba y a ó los que se tuvieron por probados y reconocidos, y afirma que la sentencia impugnada al confirmar la decisi n que acogi parcialmente la excepci n ó ó ó dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal y la rechaz , modificando ó s lo los razonamientos que se tuvieron presente para ello, infringe lo que ó disponen los art culos 1, 18 y 20 de la Ley N 17.336; pues debi acogerse í ° ó la demanda si se sostuvo que es un hecho pac fico que el actor prest í ó servicios para la demandada a partir del a o 2007; que en el desempe o de ñ ñ sus funciones observ la falla de sistematizaci n y digitalizaci n del proceso ó ó ó de chancado en las plantas de la Empresa Nacional de M. a; que cre , í ó

entre los a os 2007 y 2010, un programa computacional denominado ñ

Sistema de Recepci n de Minerales, que la empresa implement en sus ó ó

diferentes plantas; y que el actor es titular del derecho de autor sobre el programa computacional denominado SIREM, atento a lo que disponen las normas citadas, en particular el tenor del inciso 2 del art culo 20, en

° í cuanto que se entiende por autorizaci n el permiso otorgado por el titular ó del derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra en alguna de las formas que la ley establece, la que no existe; siendo equ voco y contradictorio se alar que los contratos de prestaci n de í ñ ó servicios de soporte inform tico no contienen cl usulas de derechos de á á autor, para luego indicar que el demandante otorg una autorizaci n ó ó expresa a la demandada para el uso de la obra, recurriendo, para ello, a la teor a de los actos propios, lo cual da cuenta que la autorizaci n í ó supuestamente otorgada ser a tacita, no expresa. í Entonces, concluye, que se incurri en el yerro que se denuncia toda ó vez que no existi una autorizaci n expresa en los t rminos de los art culo ó ó é í 18 y 20 de la Ley N 17.336, ya que no existe antecedente que permita

° sostener que el demandante precis los derechos concedidos a la persona ó autorizada, que se al el plazo de duraci n, la remuneraci n y su forma de ñ ó ó ó pago, tampoco el territorio de aplicaci n o cualquier otra cl usula limitativa ó á como titular del derecho de autor.

Agrega que la doctrina ha sido clara al se alar que la Ley N 17.336 ñ °

contiene una serie de reglas generales y especiales, relacionadas con el ejercicio de las facultades que emanan del derecho patrimonial de los titulares de los derechos de autor; y que en el caso de las formalidades para autorizar a terceros al uso de la obra protegida, debe realizarse en forma expresa, descartando las t citas, pues debe contener una serie de elementos: á precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, indicar el n mero ú

m nimo o m ximo de espect culos o ejemplares autorizados o si son í á á

ilimitados, el territorio de aplicaci n, junto con todas las cl usulas limitativas ó á

que el titular del derecho de autor imponga. A su vez, la fijaci n de la ó

remuneraci n tambi n est sujeta a ciertas restricciones, ya que no puede ó é á

ser inferior a los porcentajes que fija el respectivo reglamento. Tambi n se acusa conculcado lo que se ala el art culo 78 de la Ley é ñ í

N 17.336, por haberse acogido la excepci n dilatoria de incompetencia ° ó absoluta del tribunal, porque en la demanda se cit la letra e) del art culo ó í

79 de la Ley N 17.336, que establece delitos de naturaleza penal que

° deben ser conocidos por tribunales con competencia en lo criminal, por la naturaleza punitiva de esa norma; decisi n que, afirma, importa interpretar ó err neamente la ley, debido a que la demanda de indemnizaci n de ó ó perjuicios se funda en el da o civil causado por la infracci n al derecho de ñ ó autor, reconocido en la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en la Ley ó í ú 17.336, derivado del uso no autorizado del programa computacional "Sistema de Recolecci n de Minerales" (SIREM), y se pretende la ó declaraci n de la responsabilidad civil de la demandada y que se resarzan ó los perjuicios irrogados, diferente de cualquier otra acci n de naturaleza ó penal que puede ser intentada en forma independiente, tal como lo prescribe el art culo 85 B de la mencionada ley. í

Se ala que en la demanda se enuncian las normas legales que la ñ

fundamentan, indic ndose la conducta que se reprocha, que puede ser á

constitutiva de delito y sancionarse penalmente; pero se hizo uso de la opci n de entablar la acci n de indemnizaci n de perjuicios por la ó ó ó responsabilidad civil extracontractual que nace precisamente por haberse obrado infringiendo los derechos que protege la Ley N 17.336, en relaci n

° ó con su art culo 85 J, que otorga competencia al juez de letras en lo civil; í por lo que se incurre en yerro al entenderse que la sanci n de multa ó solicitada es de aqu llas que deben ser conocidas por los tribunales con é competencia en lo criminal.

Agrega que la tipificaci n de los delitos no es un fen meno jur dico ó ó í

propio del Derecho Penal, de manera que es posible encontrar en el ordenamiento conductas tipificadas que nicamente constituyen delito civil. ú Tampoco la sola menci n de la sanci n asociada a una conducta tipificada ó ó basta para determinar su car cter penal o civil, ya que existen medidas de á coacci n comunes a sus diversas ramas, como es el caso de las multas en ó materia administrativa. Dicho de otro modo, la condena al pago de una multa se encuentra prevista tanto en el cat logo de los delitos asociados a á los tipos penales como para condenar infracciones de car cter civil y á administrativo; y respecto de la Ley N 17.336, no es posible concluir que la

° multa s lo puede ser impuesta por un tribunal con competencia en lo penal, ó pues, del an lisis sistem tico de sus normas, se advierte que no tienen á á car cter penal; ya que el art culo 78 establece la pena de multas para las á í infracciones a la ley o a su reglamento no contempladas expresamente en los art culos 79 y siguientes, de lo que se puede deducir que la naturaleza de í dicha sanci n no es penal. Del mismo modo confirma la naturaleza no ó penal de la multa que se solicita imponer, el hecho de que el art culo 84, í

inserto dentro del mismo p rrafo que el art culo 79, establece pena de á í

...

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