Causa nº 16674/2017 (Apelación). Resolución nº 10 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 17 de Agosto de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 691490645

Causa nº 16674/2017 (Apelación). Resolución nº 10 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 17 de Agosto de 2017

Fecha de Resolución:17 de Agosto de 2017
Movimiento:CONFIRMA SENTENCIA APELADA (M)
Rol de Ingreso:16674/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:861-2017 - C.A. de Concepción
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada con excepción de su considerando octavo, que se elimina.

Y se tiene en su lugar y además presente:

PRIMERO

Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se configura jurídicamente como una acción de evidente carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO

Que M.C.C.C. interpuso recurso de protección en contra del Servicio de Salud Arauco por estimar vulneradas las garantías contenidas en los numerales 2°, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por haber dictado su Director la Resolución Exenta N°3.638, de fecha 4 de abril de 2016, que la declaró inhabilitada por el término de seis años para reingresar o postular para ser contratada o designada en cualquier cargo de la Administración del Estado, imponiéndole además una sanción pecuniaria ascendente 5.000 Unidades de Fomento, por incumplimiento no justificado antes de cumplir con su período asistencial obligatorio en la especialidad de endodoncia en el Servicio de Salud recurrido.

Explica que fue beneficiada durante el año 2014 con una beca de especialización en endodoncia financiada por el Servicio de Salud Arauco, la que se haría efectiva en la Universidad de Los Andes, suscribiendo para ello un convenio mediante escritura pública de fecha 4 de marzo de 2015.

Indica que durante el año 2014 asistió regularmente a sus actividades académicas, sin embargo, a comienzos del 2015 presentó problemas de salud por lo que recibió atención de especialistas que le recomendaron reposo por el primer semestre del año 2015 a cuyos efectos envió certificados médicos a la Universidad con miras a justificar su ausencia y no quedar impedida de retomar sus estudios, habiendo solicitado a la misma entidad asesoría acerca de la forma de proceder. No obstante, con posterioridad y sin haber recibido respuesta a las consultas efectuadas a esa Casa de Estudios ni tampoco a las que formuló al Servicio de Salud, en marzo de 2016 fue convocada a una reunión con sus directivos ocasión en que le indicaron que no podía retomar sus estudios y que le serían aplicadas las sanciones legales por su inasistencia a clases, lo que le sería oportunamente notificado. A pesar de lo anterior, no le ha sido entregada hasta ahora una resolución firme que dictamine tal castigo, pese a sus insistentes peticiones.

En el mes de enero de 2017, continúa, recibió en su domicilio un requerimiento de pago recaído en un juicio ejecutivo seguido en su contra por el Servicio de Salud por la suma de $174.000.000, enterándose sólo en ese momento de la existencia de la Resolución dictada por el Servicio de Salud y que por esta vía impugna.

Estima que el acto es ilegal y arbitrario, puesto que no se ponderan en él todos los antecedentes presentados a la Universidad de Los Andes, siendo de advertir que en su Reglamento se considera justificación suficiente de las ausencias a las actividades académicas la sola presentación de un certificado médico, de modo que habiendo seguido este procedimiento, el problema se suscita más bien por falta atribuible al Servicio de Salud Arauco consistente en la falta de coordinación con la Universidad a objeto de verificar la existencia de antecedentes graves y calificados que hicieran procedente la imposición de las sanciones, tomando en consideración que ella no ostentaba la calidad de funcionaria pública, sino que de una estudiante de postgrado.

Estima vulnerada la garantía a un justo y racional procedimiento, puesto que no fue emplazada ni ha sido oída por el Órgano sancionador, requisitos necesarios y anteriores a la adopción de una decisión. Tal servicio no se sujetó a los principios de bilateralidad de la audiencia y de transparencia, toda vez que no fue claro acerca de cómo procedería, pese a las reiteradas consultas que se le formularon, infringiendo así lo dispuesto en los artículos 16 y 53 de la Ley N°19.880.

Concluye que la actuación reprochada al Servicio de Salud resulta ser ilegal y arbitraria por carecer de razonabilidad y sustento legal, al no dar curso, previa notificación, a un procedimiento debidamente tramitado, vulnerándose su derecho a defensa, y, además, porque se adoptó una decisión sin ponderar los antecedentes entregados, obviando lo dispuesto en el Decreto Supremo N°507, y llegando a imponer una sanción pese a la concurrencia de elementos justificativos, en particular, por haber sido obviados los certificados médicos que ofreció como justificación de sus inasistencias a la Universidad, motivo de fuerza mayor que debiera entenderse como razón suficiente para excluir la de responsabilidad en la falta que se le atribuye.

Por tales motivos, pide que se invalide el acto administrativo impugnado y sus efectos -consistentes en la aplicación de las sanciones de inhabilidad para trabajar en servicios públicos durante seis años y en el cobro de la suma de 5.000 Unidades de Fomento-, y se retrotraiga el procedimiento al estado anterior a la dictación de la resolución que considera arbitraria e ilegal, con la finalidad de dictarse el acto administrativo en la forma prescrita por la ley.

TERCERO

Que al informar, el Servicio de Salud Arauco, sin controvertir la dictación de la resolución impugnada ni las sanciones en ella contenidas, alegó, en primer término, la extemporaneidad de la acción, lo que desprende de los antecedentes aportados por la recurrente, puesto que la notificación de la demanda ejecutiva se produjo el 18 de enero de 2017, momento a partir del cual tuvo conocimiento cierto del contenido del acto que impugna, estimando que la presentación del recurso, efectuada el 18 de febrero siguiente, lo fue con un día de retraso.

Por otra parte, sostiene que el asunto excede a la naturaleza cautelar propia del recurso de...

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