Causa nº 9433/2011 (Casación). Resolución nº 35752 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 29 de Mayo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 471613050

Causa nº 9433/2011 (Casación). Resolución nº 35752 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 29 de Mayo de 2013

Fecha de Resolución:29 de Mayo de 2013
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO
Rol de Ingreso:9433/2011
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:63-2011 - C.A. de Antofagasta
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-722-2009 - 1º JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, veintinueve de mayo de dos mil trece.

Vistos:

En estos autos Rol N°722-2009, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, Inmobiliaria y Servicios del Pozo Limitada dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Municipalidad de A., fundada en que ésta incurrió en falta de servicio al emitir el 31 de enero del año 2007 el Certificado de Informaciones Previas (CIP) N° 77/2007 respecto de la propiedad ubicada en Avenida Angamos N° 0497, en que se indicaba que ese inmueble se encontraba en la zona C1b, que según el plano regulador permitía la construcción de edificios habitacionales en altura. Añadió que en virtud de esa certificación y de los estudios de la propiedad que realizó su parte decidió la compra del inmueble para desarrollar ahí un proyecto inmobiliario, pagando por los 767,1 metros cuadrados el equivalente a 11.554,88 UF. Esta compra la hizo una empresa relacionada llamada Inversiones Generación S.A., vendiéndola luego a su parte ese año en 14.668 UF. Hace presente que a dos cuadras de ese lugar su parte ya había construido otro proyecto inmobiliario que es un éxito de ventas, similar al que pretendía realizar en la propiedad antes referida. Sin embargo, la Municipalidad rechazó el anteproyecto porque en el terreno en cuestión no se permitían obras habitacionales de altura, señalándosele en forma verbal que se había incurrido en un error al emitir el Certificado de Informaciones Previas, porque el terreno está en la zona “E3a” y no en la “C1b”.

Solicitó por daño emergente el pago de 15.624,09 UF, que desglosa en los siguientes rubros: 14.668 UF, más 956,09 UF por pago a la oficina de arquitectura que desarrolló el anteproyecto, la suma de $2.000.000 por gastos menores producto de la generación del anteproyecto y $19.370.985 por el costo financiero del pago de intereses por el crédito obtenido en el Banco del Desarrollo para la compra del terreno. Además, por concepto de lucro cesante, indica que esperaba ganar con el proyecto 26.118.88 UF.

La demandada expuso que el certificado de indicaciones previas es referencial y por ello no hay falta de servicio, porque Inmobiliaria y Servicios Del Pozo Limitada es una empresa que lleva años en el rubro de la construcción y su equipo técnico, especialmente sus arquitectos, tienen conocimiento cabal de las normas que regulan el área, debiendo asumir por esa experiencia todos los riesgos que la construcción conlleva. Y en el evento que se estime que se configura una falta de servicio, expresa que el monto del daño emergente demandado no es atribuible a su parte, ya que la demandante pagó por un terreno que en este momento se encuentra en trabajos para iniciar una obra de construcción de un edificio de oficinas, estacionamiento y locales comerciales, lo que se encuentra incorporado en su patrimonio, por lo que no ha sufrido perjuicios; asimismo, el costo financiero del crédito no puede ser demandado porque se trata de un costo que va implícito en un crédito hipotecario y en cuanto al lucro cesante debe rechazarse porque se trata de una mera expectativa.

Por sentencia de primera instancia se estableció que no consta en autos que la errónea información contenida en el Certificado 77/2007 fuese la única y exclusiva causa de la decisión de la actora de comprar el terreno en cuestión y de desarrollar allí el proyecto de edificación, ya que la propia demandante en su libelo señaló que la empresa realizó un estudio acabado de más de nueve meses en relación al terreno y al proyecto, de lo que coligió que el Certificado fue un antecedente más y no el único motivo por el que decidió la compra del terreno para realizar el proyecto inmobiliario. Además, el terreno pasó a formar parte de su patrimonio, pudiendo desarrollar eventualmente algún proyecto de edificación, como el anteproyecto que presentó a la DOM de la construcción de un edificio de oficinas, del mismo modo puede venderlo o arrendarlo, sin que exista un detrimento patrimonial relacionado con los costos de adquisición del inmueble ni con los gastos ocasionados por el crédito bancario que solicitó que pudiera derivarse de falta de servicio cometida por la demandada. Respecto de los gastos menores sostuvo que no consta de los antecedentes de autos su existencia, origen o montos y en cuanto al lucro cesante sostuvo que no existe una relación de causalidad entre el daño demandado y la falta de servicio del Municipio, ya que el error del certificado no fue la causa directa por la que no pudo concretarse el proyecto, sino que lo fue el rechazo de la solicitud de aprobación por encontrarse el terreno en una zona destinada a equipamiento comunitario, de manera que aun de no haber existido el certificado el daño igualmente se habría producido.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta, conociendo del recurso de apelación deducido por la parte demandante, confirmó la sentencia de primer grado, reiterando que no se acreditó el nexo causal entre la falta de servicio y el daño demandado, y agregó que la escritura de promesa de compraventa acompañada en segunda instancia como medida para mejor resolver entre la empresa Alda Inversiones y la demandante de 20 de octubre 2009 y la escritura de compraventa entre las mismas partes de 23 de diciembre de 2009 respecto del mismo inmueble, acreditan que éste ya no forma parte del patrimonio de la actora, lo que importa que desapareció el perjuicio invocado.

En contra de la decisión del tribunal de alzada la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero

Que el recurso de nulidad sustancial postula que la sentencia impugnada infringió dos grupos de disposiciones legales, a saber:

  1. Los artículos 38 de la Constitución Política de la República, 4° de la Ley N° 18.575 y 142 de la Ley N° 18.695;

  2. Los artículos 341 y siguientes, 345, 356...

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