Causa nº 82424/2016 (Casación). Resolución nº 51 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 27 de Diciembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 700050253

Causa nº 82424/2016 (Casación). Resolución nº 51 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 27 de Diciembre de 2017

Fecha de Resolución:27 de Diciembre de 2017
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:82424/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:1861-2015 - C.A. de Valparaíso
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que en estos autos rol N° 82.424-2016 la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó, con costas, la reclamación de ilegalidad deducida en contra de la Municipalidad de Concón y en contra del Director de Obras de dicho ente edilicio y, en consecuencia, declaró que el Permiso de Edificación N° 74 de 7 de julio de 2015, otorgado por este último a Inmobiliaria Costa de Montemar S.A., así como el Decreto Alcaldicio N° 1942 de 27 de agosto de 2015, que rechazó el reclamo de ilegalidad en sede administrativa, no son ilegales.

En autos comparecieron R.V.A., P.B.C., E.D.C., L.C.L.A., J.I.M.V., M.T.V.P., R.M.G., L.W.Z.M. y S.A.S.A. deduciendo reclamación de ilegalidad municipal en contra del Permiso de Edificación N° 74 de 9 de julio de 2015, del Director de Obras Municipales de Concón, que autoriza a Inmobiliaria Costa de Montemar S.A. a construir en el terreno de dominio común del Condominio de la Comunidad del Edificio Costa del Este, en Concón, que fuera ratificado por el Decreto Alcaldicio N° 1942 de 27 de agosto de 2015 del Alcalde, que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por su parte en sede administrativa.

Exponen que son copropietarios del inmueble C. tipo A "Costa del Este", ubicado en calle Las Pimpinelas N° 765, Concón, emplazado en el terreno que anteriormente fue de propiedad de Inmobiliaria Costa de Montemar S.A., y en el que ésta encargó la construcción de un conjunto habitacional a desarrollarse en tres etapas, compuesto de tres edificios de departamentos, más bodegas, estacionamientos, áreas y bienes comunes, para el cual el Director de Obras Municipales de Viña del Mar otorgó, con fecha 9 de julio de 1996, el permiso de obra nueva N° 202/96.

Refieren que el Reglamento de Copropiedad del Condominio, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, establece expresamente que tanto el terreno, como sus bienes comunes y el edificio construido, pasaban a ser de propiedad de los adquirentes de las unidades y añaden que, caducado el Permiso de Edificación que autorizaba la construcción de las otras dos torres, se requeriría de autorización expresa de la asamblea extraordinaria de copropietarios para solicitar un nuevo Permiso de Edificación; subrayan que dicho permiso caducó en el año 2001, sin que se hayan construido las torres restantes, por lo que los propietarios de la única torre de departamentos son actualmente copropietarios de los bienes comunes del Condominio, entre los que se encuentra el terreno.

Indican que, sin embargo, el 30 de enero de 2015 la citada Inmobiliaria, haciéndose pasar por dueña de la propiedad, ingresó a la Dirección de Obras Municipales de Concón una nueva solicitud de Permiso de Edificación para una ampliación mayor a 100 metros cuadrados, el que fue otorgado el 9 de julio de 2015 bajo el N° 74, pese a que, según alega, dicho permiso no debió concederse, ya que el terreno donde se autoriza a construir es de dominio común de los copropietarios, conforme a lo que indica el Reglamento de Copropiedad.

Además, estiman que los actos impugnados infringen el artículo 17 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, en lo que dice relación con la exigencia de una asamblea extraordinaria de copropietarios para presentar solicitudes ante la Dirección de Obras Municipales en relación a cualesquiera de las autorizaciones o permisos contemplados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, puesto que la misma no se ha llevado a cabo.

Enseguida aluden a los argumentos esgrimidos por el Alcalde para desestimar el reclamo y al respecto aducen que la alegación consistente en que no es responsabilidad del municipio estudiar los títulos de dominio es incorrecta, pues en este caso se ha vulnerado la Ley de Copropiedad al otorgar el permiso de edificación en comento a quien no es dueño del inmueble; además, y en lo que atañe a la transacción a que alude el Alcalde, reconocen que se celebró entre la inmobiliaria y la Comunidad Costa del Este el 11 de abril de 2012, pero añaden que la misma se refiere, únicamente, a un aporte efectuado a los gastos comunes de la Comunidad y no a una autorización para pedir un permiso de edificación en bienes comunes y que, de aludir a dicha solicitud, la cláusula respectiva sería nula desde que el Comité de Administración no se hallaba autorizado por una asamblea extraordinaria para tal fin.

Sostienen enseguida que el mandato que la inmobiliaria alega le fuera otorgado en el Reglamento de Copropiedad, fue revocado por la comunidad el 14 de agosto de 2008.

Por último, manifiestan que este nuevo permiso de edificación los afecta económicamente, puesto que al caducar el anterior los derechos de propiedad del terreno se radicaron en ellos, de modo que la inmobiliaria se estaría enriqueciendo con la construcción y venta de nuevas unidades, con las que deberán compartir los bienes comunes.

Terminan solicitando que se declare nulo el Permiso de Edificación N° 74 de 9 de julio de 2015, por infringir el artículo 17 N° 12 y N° 13, así como el inciso octavo, de la Ley N° 19.537, y que se revoque el Decreto Alcaldicio N° 1947 de 27 de agosto de 2015, del Alcalde de la Municipalidad de Concón, que infringe la citada norma de la Ley N° 19.537 y el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Al informar el municipio reclamado solicitó el rechazo de la acción intentada, con costas, para lo cual alega, en primer lugar, su inadmisibilidad, por cuanto no es la vía idónea para impugnar la legalidad de un permiso de edificación, ya que el artículo 12 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que el órgano competente para conocer de reclamaciones en contra de resoluciones dictadas por los Directores de Obras Municipales es la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

A continuación aduce que en la especie se ha planteado una cuestión que, de conformidad con la Ley N° 19.537, es de competencia de los Juzgados de Policía Local, ya que el argumento principal de los reclamantes para cuestionar la legalidad del permiso de edificación es la nulidad de la transacción extrajudicial acompañada por la inmobiliaria.

Luego sostiene que existe una falta de identidad entre los reclamantes que concurrieron en sede administrativa y en esta sede.

Finalmente, expone que los actores no señalan con precisión cuál es el acto objeto del reclamo, puesto que no se entiende si impugnan un permiso de edificación o un Decreto Alcaldicio.

En otro apartado asevera que el otorgamiento del Permiso de Edificación impugnado fue expedido conforme a derecho. En cuanto a la legalidad del Permiso de Edificación N° 74 manifiesta que, según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no corresponde al Director de Obras Municipales estudiar los títulos de dominio de la propiedad y que la solicitud de la inmobiliaria cumple con la declaración jurada de ser propietaria del inmueble.

En cuanto a la infracción a la Ley N° 19.537, expone que la empresa inmobiliaria aparejó una escritura de transacción de 11 de abril de 2012, entre esa sociedad y la comunidad de que se trata, que en lo pertinente dispone que el pago del aporte que efectuará la inmobiliaria se modificará producto de la construcción y recepción de nuevos departamentos que ésta lleve a cabo en la parte no desarrollada del lote N° 1 de la manzana B, ya sea al amparo del Permiso de Edificación N° 202/96 o de un nuevo permiso de edificación. Añade que, además, la Comunidad se da por enterada del desarrollo del proyecto que se emplazaría en la parte no desarrollada del referido lote.

Por último, afirma que al otorgar el Permiso de Edificación, la Dirección de Obras Municipales se apoyó en la DDU N° 263, de la Dirección de Desarrollo Urbano del MINVU, que confirma que no compete a las Direcciones de Obras Municipales estudiar la suficiencia de los poderes otorgados, ni cuestionar la validez de la representación, cuyo conocimiento, en caso de impugnación, corresponde a los tribunales de justicia.

Mediante presentación de fs. 126 compareció en autos Inmobiliaria Costa de Montemar S.A., compañía a la que se tuvo como tercero coadyuvante de la reclamada.

Al evacuar su informe el Ministerio Público Judicial manifestó que era de parecer de desechar la inadmisibilidad planteada por la reclamada y de rechazar la acción de...

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