Causa nº 30969/2016 (Casación). Resolución nº 666831 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 17 de Noviembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 653424813

Causa nº 30969/2016 (Casación). Resolución nº 666831 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 17 de Noviembre de 2016

Fecha de Resolución:17 de Noviembre de 2016
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:30969/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:1701-2015 - C.A. de Concepción
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-7277-2014 - 000000000-0
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

En estos autos Ingreso Corte N° 30.969-2016 sobre reclamo del monto de indemnización por expropiación, previsto en los artículos 12 y siguientes del Decreto Ley N°2.186, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Concepción, por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil quince, escrita a fojas 134, se acogió el reclamo deducido, estableciéndose como indemnización definitiva la cantidad de $3.641.700 por la expropiación del inmueble ubicado en el sector de Chanco, de propiedad de la reclamante.

La Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo de la apelación del reclamante y del Fisco de Chile (reclamado), confirmó el fallo de primera instancia, con declaración, manteniendo el monto de indemnización definitiva que se ordena pagar, agregando que la suma antes referida se reajustaría conforme con el IPC entre la fecha de recepción de la misma por parte del expropiado hasta la data de la sentencia, hecho lo anterior, el monto resultante se imputaría a la indemnización definitiva. Agrega que la entidad expropiante debería pagar a la expropiada, además, el reajuste a que se refiere el artículo 5° del Decreto Ley N° 2.186, que se calculará

0158352105145sobre la suma de indemnización provisional entre el mes de julio de 2013 y el mes de octubre de ese mismo año.

En contra de dicha sentencia, la reclamada dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero

Que en el primer acápite del arbitrio de nulidad sustancial se denuncia la infracción del artículo 425 del Código de Procedimiento Civil en relación con los artículos 38 y 12 del Decreto Ley N° 2.186.

Explica el recurrente que la sentencia impugnada omite aplicar las reglas de la sana crítica a la evaluación del informe pericial de la expropiante y de la propia Comisión Tasadora. En efecto, sostiene que el informe pericial del Fisco, tras un análisis de todos los antecedentes, concluye que el valor asignado por concepto de la expropiación del Lote 583-C es de $10.000. Añade que los referenciales de la Comisión Tasadora, ratificados por el perito fiscal, desvirtúan completamente el informe del perito demandante, puntualizando que aquellos son semejantes, ubicándose cuatro en las proximidades del lote expropiado, teniendo similares características, cuestión que justifica plenamente el valor establecido por la Comisión de Peritos, que realizó un acucioso análisis del lote en cuestión y su relación con los valores referenciales considerados para

0158352105145llegar al valor final del lote, que se ajusta a la realidad de mercado.

Sostiene que el informe del perito designado por la demandante señala que el lote expropiado tiene las mismas características que refiere el perito fiscal y la Comisión Tasadora, sin embargo en su análisis no expresa razonadamente cómo llega a los valores que asigna, no informa con detalle los fundamentos para aquellos, sin que explicite de forma objetiva y precisa los valores y cómo los aplica, razón por la que los sentenciadores debieron otorgar mayor valor probatorio a la prueba fiscal.

A continuación indica que los sentenciadores se limitaron a enunciar la realización de un proceso lógico cuyos detalles no explicitan, no mencionan máxima de experiencia o conocimientos científicamente afianzados como elementos de sus reflexiones. Agrega que los referenciales de la Comisión Tasadora, aceptados por el perito fiscal, desvirtúan completamente lo resuelto por la sentencia impugnada, por lo que existe prueba válida no desvirtuada a la que se le debió otorgar mayor valor probatorio. A su vez, como consecuencia de la infracción de derecho denunciada, la sentencia recurrida vulnera lo prescrito en el artículo 38 y 12 del Decreto Ley N° 2.186, pues no se está ordenando pagar el daño patrimonial efectivamente

0158352105145causado que sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

Sostiene que se infringe el principio de la razón suficiente por cuanto no existe causa para fijar el valor del m2 en $18.300, enfatizando que es el demandante quien debe acreditar que el valor de su predio es mayor que el indicado por la comisión tasadora, por lo que si éste no aporta prueba debe mantenerse la anterior regulación valórica apreciada por la Comisión Tasadora. En este punto refiere que los sentenciadores establecen prudencialmente el valor del inmueble, contradiciendo las reglas de la lógica, toda vez que aquellos reconocen que no existe prueba que permita establecer fehacientemente el valor del inmueble, razón por la que debieron estarse al valor fijado por la referida comisión.

Asimismo sostiene que se infringen las máximas de la experiencia, pues los sentenciadores no señalan conforme a qué criterios se establece el valor, contrariando la prueba pericial que da cuenta de referenciales del terreno. En este aspecto sostiene que el informe pericial de la demandante no presenta referenciales homologables, ni proporciona alguna característica que no haya sido considerada por la Comisión de Peritos.

Como colofón sostiene que carece de toda lógica aumentar el valor del predio a $18.300 sin fundamento

0158352105145razonable. Así infringiendo las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba pericial, la sentencia impugnada señala que se procederá a la determinación del valor por concepto de indemnización definitiva por expropiación teniendo en cuenta los valores determinados por la juez a quo en su sentencia, alejándose de este modo de lo establecido en el artículo 12 y 38 del Decreto Ley N° 2.186, toda vez que lo concluido por aquellos es incompatible con el daño patrimonial efectivamente causado por la expropiación, otorgándose indemnización por un perjuicio que no ha sido causado directa e inmediatamente por ésta.

Segundo

Que en el siguiente capítulo se acusa la vulneración de artículo 5° del Decreto Ley N° 2.186 en relación a los títulos I, II y III del mismo cuerpo legal y a los artículos 3 de la Ley N° 19.880, 12, 19 y 22 del Código Civil y 38 del primer cuerpo legal antes referido.

Explica el recurrente que el mencionado Decreto Ley contempla dos etapas en los procesos expropiatorios, la primera se lleva a cabo en sede administrativa, mientras que la segunda en sede jurisdiccional. En este contexto agrega que todos los trámites que se llevan a cabo en sede administrativa se rigen por lo establecido en la Ley Nº 19.880, razón por la que el acto expropiatorio queda

0158352105145protegido por la presunción de legalidad que estatuye el artículo 3º de la mencionada ley.

Asentado lo anterior esgrime que el fallo impugnado contraviene el artículo 5° del Decreto Ley N° 2.186 al conceder un reajuste cuya procedencia y pago escapa al ámbito jurisdiccional y que, más allá de estar efectivamente pagado, contraviene el mencionado texto legal que distingue claramente entre la etapa administrativa y jurisdiccional. Puntualiza que se interpreta erradamente la referida norma toda vez que su tenor literal unido al elemento orgánico del referido decreto determina la improcedencia de otorgar el reajuste concedido, por lo que se vulnera el artículo 38 del mismo cuerpo normativo que establece que la indemnización debe comprender el daño efectivamente causado cuestión que no se cumple en la especie toda vez que se está otorgando una indemnización mayor.

En este contexto refiere que se vulnera el artículo 3º inciso final de la Ley Nº 19.880 toda vez que no existiendo medios de impugnación del interesado ni orden de suspensión del acto administrativo, esto es el Decreto Supremo N° 2000, es plenamente válido para la autoridad, el interesado y el juez. Agrega que se infringe el artículo 12 del Código Civil toda vez que el reclamante nunca ejerció la acción del artículo 9 del mencionado texto legal, por lo que nunca cuestionó la forma y condiciones de pago establecida en el

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