Causa nº 35199/2017 (Casación). Resolución nº 17 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 5 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 706266865

Causa nº 35199/2017 (Casación). Resolución nº 17 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 5 de Marzo de 2018

Fecha de Resolución: 5 de Marzo de 2018
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:35199/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:688-2017 - C.A. de Valparaíso
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-2355-2015 - 5º JUZGADO CIVIL DE VALPARAÍSO
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, cinco de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos:

En estos autos Rol Nº 35.199-2017, caratulados “Servicios Odontológicos con Servicio de Salud de Valparaíso”, seguidos ante el Quinto Juzgado Civil de la referida ciudad, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la demanda.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero

Que en el primer acápite del arbitrio de nulidad sustancial se acusa la infracción de los artículos 1698 y 1700 del Código Civil.

Explica el recurrente que se infringe la primera norma toda vez que el demandado debía acreditar el incumplimiento de las obligaciones que origina la multa contractual que le impuso, cuestión que no realizó. En relación a lo anterior, sostiene que se infringe el artículo 1700 del Código Civil, puesto que el fallo extendió el valor probatorio de las afirmaciones prestadas por los odontólogos en los informes de enero a abril de 2015, más allá del marco legal, permitiéndole al servicio demandado eximirse de rendir prueba para acreditar la veracidad de las aseveraciones vertidas en dichos instrumentos, soslayando que las declaraciones no producen prueba en contra de su representada.

Puntualiza que las referidas infracciones se cometieron al pronunciarse respecto a las acciones de cumplimiento forzado, resolución y de indemnización por responsabilidad contractual, las cuales se rechazan al tenerse por acreditadas las afirmaciones y aseveraciones de los odontólogos, contenidas en los informes titulados “problemas con el laboratorio” antes aludidos como asimismo la falta de respuesta de su representada a cuatro observaciones realizadas en el mes de enero y siete en el mes de febrero del año 2015, obviando que era el demandado quien debía acreditar los supuestos de hecho y derecho que lo colocaban en la situación de acreedor de multas contractuales. En el último aspecto antes reseñado, enfatiza que las observaciones sin responder, erradamente, fueron prueba suficiente para asentar la improcedencia de la acción de cumplimiento y resolución de contrato, mientras que respecto de la acción de indemnización de perjuicio se consideró que las multas fueron aplicadas según causales establecidas en las bases, sin aportar razonamientos que sustentaran tal aseveración. Así, afirma que, incurriendo en un yerro jurídico, los sentenciadores atribuyeron a los informes de los odontólogos y a la falta de respuesta de su representada, el valor probatorio suficiente para cursar multas contractuales, sin considerar que: a) los informes contienen meras apreciaciones, declaraciones o afirmaciones, carentes de valor probatorio, de acuerdo al artículo 1700 del Código Civil; b) dichas apreciaciones o afirmaciones son un mero registro de acontecimientos a solucionar y directrices de los odontólogos; c) las observaciones que no fueron respondidas, tal como señala la testigo presentada por su parte, debido a la falta de detalle y subjetividad de las afirmaciones de los odontólogos y a que se asumieron sugerencias sin observaciones; d) las conductas descritas por los odontólogos en los informes no tienen la calificación jurídica de multas.

Segundo

Que en el siguiente capítulo de casación se acusa que la sentencia recurrida infringe los artículos 1° y 10, inciso tercero, de la Ley N° 19.886 y los artículos 1535, 1545 del Código Civil. En efecto, explica que el artículo 10 antes referido establece el principio de estricta sujeción a las bases de licitación del que deriva el principio de primacía de aquellas, los que fueron abiertamente desconocidos por los sentenciadores al calificar la existencia de multas contractuales por causales no establecidas en las bases, vulnerando, además, el artículo 1545 del Código Civil.

En relación a las multas cobradas por atraso, agrega, se infringen las referidas disposiciones, toda vez que para que exista un atraso es necesaria la existencia de un plazo establecido en las bases de licitación o en el contrato, el que no se contemplaba en los instrumentos que regulan la relación jurídica entre las partes del pleito. Añade que, en el caso concreto, se han vulnerado, además, los artículos 1535 y 1566 del Código Civil, por la incorrecta interpretación del contrato y la desnaturalización de lo acordado entre las partes, al aplicar extensiva y analógicamente una cláusula penal, cuyo carácter excepcional, exige una interpretación restrictiva y en contra del redactor de la cláusula crípticamente expresada.

Por otra parte, en relación a las multas cobradas por trabajos cambiados, se incurre en la vulneración de ley, toda vez que tal categoría no aparece en las bases o en el contrato.

Finalmente, las multas por realizar trabajos de acuerdo a un estándar no acorde al solicitado en las bases de licitación, se incurre en infracción de las disposiciones citadas al establecer que las conductas señaladas en los informes de los odontólogos permitían aplicar multas, obviando que las bases de licitación no establecían estándares al respecto y que las observaciones de los odontólogos se referían a “prótesis en elaboración”, es decir piezas no terminadas y que no podían ser instaladas en la boca del paciente. En este aspecto sostiene que las observaciones contenidas en el informe no se referían a requerimientos de calidad contenidos en las bases de licitación o a prótesis finales entregadas por su representada, sino que correspondían a directrices, orientaciones o a lo sumo a constatación de situaciones referidas a prótesis que estaban en etapas clínicas de confección iniciales.

Tercero

Que en el siguiente capítulo se denuncia la conculcación de los artículos 1535, 1543 del Código Civil, y 550 y 552 del Código de Comercio, sosteniendo que en el caso que se considere ajustado a derecho el actuar arbitrario del servicio demandado, lo cierto es que ha existido infracción de ley al permitir a dicho órgano retener los montos que fueran ejecutados en atención al cobro de la póliza de fiel cumplimiento de contrato.

En efecto, sostiene que los sentenciadores otorgan a la garantía de fiel cumplimiento el carácter de una cláusula penal y no de una caución destinada a resarcir todos los perjuicios derivados de un término anticipado de contrato. Por lo anterior, se está vulnerando el artículo 1535 Código Civil, pues se extiende la naturaleza de una caución, que en este caso corresponde a una póliza de seguro, a una cláusula penal, pues aquella está destinada a resarcir los posible perjuicios que sufrió el servicio demandado y no a avaluarlos anticipadamente, a modo de una cláusula penal.

Además, al haberse garantizado el fiel y total cumplimiento del contrato con una póliza de seguro, se están vulnerando, por su falta de aplicación, los artículos 550 y 552 del Código de Comercio, toda vez que el monto de la póliza de seguro, no representa la valoración de los bienes asegurados, es decir de la eventual indemnización a la que tendría derecho el Servicio de Salud de Valparaíso, razón por la cual no es procedente permitir que el demandado mantenga en su poder fondos que no le pertenecen. Agrega que la obligación de restituir los montos mayores a los perjuicios causados está expresamente contenida en el artículo décimo de la póliza de seguro que estableció multas contractuales moratorias (atrasos) y compensatorias. Así, sostienen que el demandado, al retener, está cobrando simultáneamente las cláusulas penales (moratorias y compensatorias) y más los perjuicios que estima procedente, conculcando el artículo 1543 del Código Civil, que establece que no puede pedirse la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente, cuestión que no acontece en la especie.

Cuarto

Que en el capítulo final se denuncia el atropellamiento de los artículos 1° de la Ley N° 19.886 y 1° y 3° de la Ley N° 19.880, error de derecho en que se incurre al declarar improcedente la acción de nulidad de derecho público por estimar que el servicio de salud demandado estaba actuando en el ámbito de la potestad contractual de la Administración del Estado y no ejerciendo poderes públicos. Puntualiza que respecto a los contratos administrativos la Ley N° 19.886, establece la aplicación directa de sus disposiciones y principios; en forma supletoria las normas de derecho público y en defecto de dichas normas, las normas de derecho privado. Agrega que al exteriorizarse la voluntad del Servicio de Salud de Valparaíso en actos administrativos, son aplicables las normas contenidas en la Ley N° 19.880, según lo establece sus artículos 1° y 3°, normas vulneradas al omitir pronunciarse respecto de la acción de nulidad de derecho público.

Asentado lo anterior, sostiene que en virtud de las disposiciones legales citadas, es manifiesto que las multas y la resolución que disponen el término anticipado del contrato, son un reflejo de la potestad sancionadora del Estado, actos administrativos que deben ser analizados desde el punto de vista...

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