Causa nº 5096/2017 (Casación). Resolución nº 283815 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 8 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 682441325

Causa nº 5096/2017 (Casación). Resolución nº 283815 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 8 de Junio de 2017

Fecha de Resolución: 8 de Junio de 2017
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:5096/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:2098-2015 - C.A. de Concepción
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-9-2013 - 2º JUZGADO DE LETRAS DE CORONEL
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
ÍNDICE
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Santiago, ocho de junio de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero

Que en este juicio ordinario de indemnización de perjuicios, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la demanda.

Segundo

Que en el primer acápite del recurso de casación se acusa la vulneración del artículo 76 de la Carta Fundamental y artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, yerro jurídico en que se incurre al negar la incompetencia del Concejo Municipal para adoptar el acuerdo de poner término a la concesión entregada a su parte, toda vez que la resolución del contrato era una materia radicada ante un tribunal competente, por lo que no correspondía al Municipio aplicar tal sanción. En este aspecto sostiene que es un hecho no discutido que la controversia se encontraba radicada ante el Segundo Juzgado Civil de C., en la causa Rol Nº 190-2012, cuestión que determina que el Concejo se encontraba impedido de actuar, debiendo esperar la decisión en la causa judicial.

Tercero

Que en el segundo capítulo se acusa la vulneración de los artículos 19 y 20 del Código Civil en relación al artículo 84 de la Ley N° 18.695, error de derecho en que se incurre al hacer sinónimos los términos “privada” y “secreta”. En efecto, explica la recurrente que el artículo 84 antes referido establece que las sesiones del Concejo Municipal serán públicas y excepcionalmente se puede acordar que sean secretas. Así, no existen las sesiones privadas, por lo que la sesión llevada a cabo por el Concejo corresponde a una categoría no contemplada en la ley. En razón de aquello sostiene que lo actuado en la sesión privada carece de valor, configurándose un vicio de nulidad de derecho público, toda vez que la ley no autoriza este tipo de sesión, cuestión que fue desconocida por los sentenciadores al igualar la categoría de “privada” a “secreta”.

Cuarto

Que en el siguiente acápite se denuncia la conculcación de los artículos 8, 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, esgrimiendo que la decisión adoptada por el acuerdo del Concejo Municipal celebrado el 16 de enero de 2013, carece de motivación, toda vez que ninguno de los Concejales fue informado de la existencia de un proceso judicial pendiente en que se discutía la resolución de contrato, que estaba radicado en el Segundo Juzgado Civil de Coronel Rol nº190-2012.

Asimismo, tampoco se informó respecto que la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la multa citada en el numeral 13 del Decreto impugnado, que se tuvo en consideración en la citada sesión para resolver el contrato. Tampoco se señaló a los Concejales que las multas contenidas en los Ordinarios Nº 16 de fecha 28 de diciembre de 2010, Nº 17 de fecha 29 de diciembre de 2010 y Nº 02, de 9 de enero de 2013, fueron dejadas sin efecto. En este mismo orden de consideraciones reseña que además no se informó que las multas señaladas bajo los numerales 29, 30, 31, 32 y 33 no estaban firmes pues estaban impugnadas al día 16 de enero de 2013.

Agrega que tampoco fueron informados los Concejales respecto de la nota y el estudio que su parte ingresó en el año 2009 y 2011, respectivamente, en que se pedía se revisara el contrato y la operación del mismo por las evidentes modificaciones de las circunstancias por haber variado el lugar de destino de depósito de basuras a 150 kms. de distancia de ida y vuelta del punto original, cuestión que encarece los costos toda vez que antes era sólo 18 kms.

Finalmente sostiene que no se informó que al menos 11 de las multas que se citan en el Decreto Alcaldicio ya habían sido dejadas sin efecto, toda vez que en aquellas se fundó el Decreto Alcaldicio Nº 964, de fecha 9 de noviembre de 2011, por el cual se declaró anticipadamente el término del contrato, decisión que fue impugnada vía recurso de protección, dejado sin efecto por la propia Municipalidad, mediante Decreto Nº 611 de fecha 23 de enero de 2012. Así, sostiene que existió un pronunciamiento tanto administrativo como judicial que contempló las “trece sanciones” (sic), las que no pueden ser consideradas nuevamente para sostener el acto resolutorio. En este aspecto refiere que la actuación del ente edilicio contraría la doctrina de los actos propios, toda vez que si se puso término al contrato una primera vez, por determinadas multas, y posteriormente se deja sin efecto ese término, no puede la Municipalidad contemplarlas nuevamente para poner término anticipado al mismo contrato, toda vez que al realizar aquello incurre claramente en una ilegalidad.

Continúa sosteniendo que el Concejo se funda en un informe de la Contraloría General de la República, soslayando que, conforme con el artículo 30 de las bases administrativas, citadas por la resolución atacada, no corresponde que tal órgano haga suyo un informe de Contraloría para los efectos de poner término anticipado al contrato, pues aquella no es causal de finalización del mismo. Por ende, el Concejo actúa fuera de los límites de su competencia, incurriendo en nulidad de Derecho Público, conforme lo indican los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Concluye señalando que el ordenamiento jurídico dispone que las decisiones de la Administración deben ser motivadas, esto es, deben expresarse las razones de hecho y legales que fundamentan una decisión, cuestión que no se cumple toda vez que los concejales que votaron por poner término anticipado al contrato no contaron con toda la información. En la especie sostiene que la sesión ordinaria privada, no contiene una relación analítica o circunstanciada como tampoco sucinta de los hechos que llevan a la formación de la voluntad destinada a la terminación del contrato de concesión sub lite.

Así, esgrime que se vulneran los artículos 8, 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, que contienen los principios conclusivo, de imparcialidad, transparencia, legalidad y razonabilidad.

Quinto

Que en el siguiente acápite se acusa la vulneración del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, pues existió un desconocimiento del debido proceso contradictorio, toda vez que la sesión fue privada, de espaldas a su mandante y a la opinión de la comunidad, sin darle la oportunidad de ser oído antes de ser castigado, faltando al principio mínimo de bilateralidad de la audiencia.

Sexto

Que en el último acápite sostiene que se configura la nulidad de derecho público por ausencia de la causal, toda vez que en la resolución se sostiene que se habrían cursado durante los cinco últimos años 33 multas, reconociendo desde luego que 5 de ellas fueron dejadas sin efecto por la comisión de apelaciones.Añade que el artículo 32 de las Bases es inaplicable pues su parte no ha acumulado multas, toda vez que ninguna de aquellas cursadas ha dejado de ser pagada. Enfatiza que la causal de término no es la reiteración de multas sino la acumulación de las mismas.

Por otro lado, sostiene que no todas las infracciones que se citan en la resolución son de aquéllas contempladas en el capítulo Sanciones y Multas.

Séptimo

Que para el adecuado entendimiento del arbitrio cabe tener presente que en estos autos S.L. solicita se declare la nulidad de derecho público del Acuerdo del Concejo Municipal celebrado el 16 de enero de 2013 y del Decreto Alcaldicio N°461, esgrimiendo desviaciones de la legalidad relacionadas con: a) incompetencia de la autoridad por encontrarse sometido el asunto a la decisión de un tribunal de la República; b) celebración de una sesión de Concejo Municipal privada, no prevista en la ley; c) ausencia de motivación en la decisión de poner término anticipado al contrato de concesión que unió a las partes y omisión de información a los concejales concurrieron con su voto a tal decisión; d) ausencia debido proceso; y e) ausencia de causal legal para decretar la resolución anticipada del contrato.

Octavo

Que, en lo que importa al recurso, interesa destacar que constituyen circunstancias fácticas de la causa, las siguientes:1) El 31 de agosto de 2007, se celebró entre las partes del juicio el “Contrato de prestación de servicios de recolección de residuos domiciliarios y retiro de contenedores; barrido de calles y calzadas; eliminación de micro basurales de la comuna de Coronel”. 2) Se pactó en la cláusula octava del referido contrato que la Municipalidad de C. podía poner término al contrato de aseo cuando concurriere alguna causal establecida en las leyes y/o reglamentos vigentes y, en todo...

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