Causa nº 1346/2018 (Casación). Resolución nº 9 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 19 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 706236705

Causa nº 1346/2018 (Casación). Resolución nº 9 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 19 de Marzo de 2018

Fecha de Resolución:19 de Marzo de 2018
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:1346/2018
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:410-2017 - C.A. de Puerto Montt
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-4584-2012 - 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, diecinueve de marzo de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Primero

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó la de primera instancia que acogió la excepción de contrato no cumplido y, en su mérito, rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato denominado “Adquisición Pontón Flotante y Puente Basculante para la conectividad Marítima de la Provincia de Palena”.

Segundo

Que el recurrente fundamenta su recurso, en un primer capítulo, en la vulneración a las leyes reguladoras de la prueba contenidas en los artículos 1702 en relación 1700, ambos del Código Civil, y artículos 425 y 428 del Código de Procedimiento Civil y 1545 del Código Civil, la que se produce en el considerando décimo octavo del fallo confirmado por el de segunda.

Respecto de las dos primeras normas, señala que se dio un alcance indebido al peritaje emitido por don A.S. y se restó valor probatorio al Acta de Recepción Provisional de la Obra, suscrita por cuatro autoridades técnicas, pertenecientes a la Dirección de Obras Portuarias y al Gobierno de la Región de Los Lagos, desde que los jueces de fondo declararon que era parte de las obligaciones contractuales de la actora, la operatividad del puente basculante y que su parte incumplió. Fundaron dicha decisión en el referido informe pericial, prescindiendo del hecho que en el Acta descrita precedentemente, aparece la siguiente frase: “Esta comisión deja constancia que la operatividad del pontón no forma parte del contrato aprobado” y, sin considerar, que esta última fue suscrita y agregada por la propia demandada a los autos, obviando que conforme a los artículos 1700 y 1702 del Código Civil, este documento hace fe en contra de los declarantes, es decir, no se los aplicó ampliando de manera artificial y contra ley la responsabilidad contractual de la demandante.

En relación a las normas contenidas en los artículos 425 y 428 del Código de Procedimiento Civil, señala que en su oportunidad hizo las observaciones pertinentes al peritaje suscrito por don A.S. porque, a su juicio, las conclusiones vertidas por el perito se apartaron de lo pactado por las partes y el objeto del encargo; agrega que se trata de un documento sesgado que vulnera las máximas de la experiencia, porque no fue íntegramente confeccionado por dicho experto, sino por terceras personas que no tienen la calidad de tal y, en consecuencia, existe una duda formal sobre sus conocimientos científicamente afianzados, puesto que el mismo informe indica que “atendida la naturaleza de la labor encomendada” participaron otros tres ingenieros, entre ellos el Sr. L., especialista en arquitectura naval, el más idóneo para la realización del informe, pero que no es el perito judicial. De allí, que independiente del fondo y del sistema de valoración que se aplique a dicho informe, se advierte que no sólo hay una vulneración del derecho, sino que resulta lógico dudar de la expertiz del perito, porque tuvo que recurrir a otros profesionales para desarrollar la pericia.

Luego el arbitrio discurre sobre las conclusiones del peritaje y las razones por las que estima son improcedentes, concluyendo que la interpretación de los contratos es resorte del juez y no de un perito ingeniero, demostrando su evidente animadversión contra el demandante, desconectándose del resto de la prueba, la que se explicita latamente.

En un segundo acápite, el recurrente denuncia como error de derecho la infracción al artículo 1545 del Código Civil, porque el tribunal entendió como parte de las obligaciones de la demandante la ejecución del D. delP. y puente B., sin considerar, que lo celebrado por las partes fue un contrato de fabricación, suscrito entre un particular y la Administración, bajo el imperio de la Ley N° 19.886 sobre “Contratos Administrativos de suministros y prestación de servicios” la que en su artículo 2 letra C) se incorporaran los de fabricación agregando la norma “por lo que las cosas que hayan de ser entregadas por el contratista deben ser elaboradas con arreglo a las características fijadas previamente por la administración, aun cuando ésta se obligue a aportar total o parcialmente, los materiales”, es decir, se trata de un contrato de adhesión en los que poco o nada puede alterar el particular.

En el caso concreto, como se dijo, es uno de fabricación en que la autoridad fijó dos cuestiones esenciales, una las características de la obra y, dos...

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