Causa nº 35110/2017 (Apelación). Resolución nº 26 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 19 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 706235625

Causa nº 35110/2017 (Apelación). Resolución nº 26 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 19 de Marzo de 2018

Fecha de Resolución:19 de Marzo de 2018
Movimiento:REVOCADA SENTENCIA APELADA QUE (M)
Rol de Ingreso:35110/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:14481-2017 - C.A. de Santiago
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, diecinueve de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción del párrafo final del basamento 9° y de los raciocinios 10°, 11°, 12°, 13°, 15° y 16°, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero

Que el amparo constitucional impetrado por las Cajas de Compensación Los Héroes, Los Andes, 18 de Septiembre y La Araucana se dirige contra la Contraloría General de la República, por la emisión del Dictamen N° 3.646, de 2 de febrero de 2017, que al pronunciarse sobre la naturaleza del descuento de la remuneración de los empleados públicos por concepto de un crédito social adeudado a una Caja de Compensación, infiere la voluntariedad de éstos y, por consiguiente, el impedimento del empleador de sobrepasar el quince por ciento de los emolumentos en los descuentos a las remuneraciones de los funcionarios.

Segundo

Que la sentencia apelada acogió el recurso de protección estableciendo al efecto que el Dictamen recurrido infringe la garantía constitucional contemplada en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al no observar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 96 del Estatuto Administrativo, infracción sustantiva que importa una discriminación ilegal y arbitraria para las Cajas de Compensación recurrentes por la vía de una falsa y arbitraria interpretación de la ley.

Tercero

Que el apelante manifiesta como agravios, en lo que interesa a la resolución que se adoptará que: a) transgrede la Ley N° 18.833 la calificación de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación como prestaciones de seguridad social, puesto que dicha ley no los califica como tales, sólo faculta a las Cajas para otorgarlos como un medio o instrumento para obtener los recursos necesarios para poder cumplir con su finalidad primordial de otorgar prestaciones de seguridad social; b) el Dictamen N° 3.646-2017, no infringe la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica al efecto, que en la emisión del Dictamen recurrido la Contraloría General de la República ha actuado dentro del ámbito de sus facultades constitucionales y legales, al amparo de lo preceptuado por los artículos 98 de la Constitución Política de la República y 5, 6 y 9 de la Ley N° 10.336, lo que excluye la ilegalidad.

Agrega que en lo que dice relación con la presunta arbitrariedad, la sentencia no indica cómo se configuraría, puesto que el Dictamen recurrido está dirigido a los servicios públicos que efectúan los descuentos de las remuneraciones a sus funcionarios y las Cajas pueden seguir efectuando sus prestaciones y servicios sociales en las mismas condiciones que lo venían haciendo hasta la fecha de emisión del Dictamen.

Si el trato desigual dijera relación con otras entidades de seguridad social- AFP, Isapres, Fonasa- afectas al N°1 del artículo 96 de la Ley N° 18.834, éstas al igual que las Cajas también realizan otras actividades que no tienen el carácter de prestaciones de seguridad social las que al igual que los créditos sociales están afectas al inciso 2° del citado precepto.

Señala que tampoco es admisible entender un trato desigual respecto de otras entidades afectas al inciso 1° del artículo 96, ya que ello supondría homologar la naturaleza y funciones propias de las instituciones que conforman los sistemas público y privado de salud con las Cajas de Compensación, lo que es improcedente.

Enfatiza que la autorización o consentimiento previo, el descuento de las cuotas la establece el artículo 96 del Estatuto Administrativo y no el Dictamen recurrido; es la ley la que establece la obligación del funcionario de pedir a su jefe la autorización, por escrito, para los descuentos no legales y obligatorios.

Señala finalmente, que recae en el empleador el deber de velar por el cumplimiento del límite legal establecido en el inciso 2° del artículo 96, en resguardo de las remuneraciones de los trabajadores del sector público, lo que no implica que los servidores deban solicitar autorización a su empleador para obtener un crédito social.

Cuarto

Que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes y Los Andes, adhirieron al recurso de apelación, en relación a lo establecido en los considerandos 17 a 20 de la sentencia apelada, que en síntesis expresan los razonamientos de los sentenciadores en orden a no considerar vulneradas con la emisión del Dictamen recurrido las garantías consagradas en los numerales 3 inciso 5°, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Quinto

Que el artículo 98 de la Carta Magna, encomienda a la Contraloría General de la República el control de legalidad de los actos de la Administración, de las Municipalidades y de los demás organismos y servicios que señalen las leyes. Asimismo, esta misión se contempla en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, que deslinda la órbita general de sus competencias, dentro de las que se comprende la prerrogativa de interpretar la preceptiva legal que incide en el ámbito administrativo, plasmada en informes jurídicos vinculantes para toda la Administración del Estado sometida a su fiscalización, con arreglo a los artículos , , y 19 de la Ley N° 10.336 de 1952.

Sexto

Que de ello surge que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, emitió el Dictamen N° 3.646, que atiende el reclamo presentado por dos empleados públicos pertenecientes a Gendarmería de Chile y a la Subsecretaría de Salud Pública, con el fin de examinar la legalidad de los descuentos practicados por prestaciones de crédito social adeudadas a una Caja de Compensación, porque en uno de los casos la deducción excede del límite legal del quince por ciento de la remuneración, mientras que en el otro de los supuestos, se echa en falta la anuencia del funcionario en la rebaja aplicada en el mes de abril de 2016.

Séptimo

Que, amén que lo discurrido es suficiente para entender que el acto atacado no es sino el corolario del ejercicio de los poderes dictaminantes de los que se encuentra investida la Contraloría General de la República, es menester dejar en claro que la...

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