Causa nº 92852/2016 (Casación). Resolución nº 39 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 25 de Septiembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 693688649

Causa nº 92852/2016 (Casación). Resolución nº 39 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 25 de Septiembre de 2017

Fecha de Resolución:25 de Septiembre de 2017
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:92852/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:700-2015 - C.A. de La Serena
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-469-2012 - JUZGADO DE LETRAS DE VICUÑA
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

En estos autos Ingreso Corte Nº92.852-2016, caratulados "Arauco S.A. con Gobierno Regional de Coquimbo y Municipalidad de Paihuano", sobre juicio ordinario de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, el Juzgado de Letras de Vicuña dictó sentencia de primera instancia que rechazó la demanda en todas sus partes.

Impugnado que fuera dicho fallo, la Corte de Apelaciones de La Serena lo revoca y, en su lugar, acoge la demanda deducida, condenando al Gobierno Regional de Coquimbo al pago de $212.713.132 (doscientos doce millones, setecientos trece mil ciento treinta y dos pesos) por concepto de obras extraordinarias y $103.865.585 (ciento tres millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos) por la falta de entrega oportuna de los accesos necesarios y adecuados para hacer ingreso al terreno donde debían ejecutarse las obras, todo con reajustes, intereses y costas.

En contra de esta última decisión el señalado Gobierno Regional dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero

Que el recurso acusa la infracción del artículo 16 de la Ley N°18.091, además de los artículos 1545, 2151 y 2160 del Código Civil, en tanto la primera de 2

estas normas lo faculta para encomendar a los organismos técnicos del Estado, por medio de un mandato completo e irrevocable, la licitación y celebración de contratos para la ejecución de obras de cualquier naturaleza. Al tenor de este precepto, el Gobierno Regional compromete financieramente los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo encargado, extendiendo su responsabilidad financiera sólo al proyecto que ha sido evaluado y recomendado favorablemente.

Sin embargo, asevera la recurrente, los sentenciadores infringen la disposición en estudio al obligar al Gobierno Regional a responder por aspectos que no fueron considerados y aprobados por el mandante que, por tanto, exceden aquellos a lo que se ha obligado. En este orden de ideas, si la Unidad Técnica consideró obras extraordinarias o mayores costos, debió ajustarse al procedimiento establecido en el convenio mandato. Otra interpretación implica atribuir al señalado artículo 16 de la Ley N°18.091, de manera improcedente, el carácter de fuente irrestricta de responsabilidad financiera para el mandante.

De lo anterior fluye que también se infringe el artículo 1545 del Código Civil, pues la relación contractual entre el municipio y la empresa contratista nace a partir del consentimiento de ambas partes, a pesar de lo cual el fallo recurrido desconoce el efecto relativo de esta convención y extiende la responsabilidad 3

contractual al mandante, que no ha concurrido con su voluntad a ella, obligándolo al pago de obras adicionales, en circunstancias de tratarse de un contrato a suma alzada que, por tanto, no permite los trabajos de ese carácter. En efecto, las bases administrativas establecen que el Inspector Técnico de la obra, bajo ninguna circunstancia, puede realizar modificaciones que alteren el proyecto o signifiquen aumentos, estipulación que debió haber estado en conocimiento del contratista, quien debió requerir la autorización del mandante para tal propósito.

Respecto de los accesos a la obra, agrega que su situación siempre fue informada al contratista y a todos los oferentes que se presentaron al proceso, siendo responsabilidad de la empresa la formulación de una...

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