Causa nº 38166/2016 (Casación). Resolución nº 49768 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 24 de Enero de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 661892137

Causa nº 38166/2016 (Casación). Resolución nº 49768 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 24 de Enero de 2017

Fecha de Resolución:24 de Enero de 2017
Movimiento:RECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso:38166/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:9827-2015 - C.A. de Santiago
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-460-2013 - 9º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

VISTOS: En estos autos N° 38.166 – 2016, rol del Noveno Juzgado Civil de Santiago, caratulados "Fisco de Chile con Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Limitada", sobre juicio ordinario de hacienda, el Consejo de Defensa del Estado ejerció la acción para que se declare la ineficacia de la oferta de pago efectuada por la demandada y, en todo caso, la insuficiencia del pago por consignación satisfecho por la misma empresa, con ocasión de la licitación pública, convocada por la Subsecretaría del Interior en el marco de las actividades llevadas a cabo contra el narcotráfico y, concretamente, del llamado Plan Frontera Norte, destinado a la adquisición por la autoridad de 52 dispositivos denominados densímetros.

Explica que la compañía demandada se adjudicó dicho concurso, pero el órgano público decidió no perseverar en la toma de razón del decreto aprobatorio y en la suscripción del contrato subsecuente, en cuyo contexto Tecnodata presentó ante el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, bajo el N° V-329-12, un asunto voluntario de pago por consignación, notificado al Consejo de Defensa del Estado el 7 de diciembre de 2012, donde se hizo constar la realización de la gestión extrajudicial de oferta de pago, ejecutada directamente ante la Subsecretaría del Interior el 31 de octubre de 2012, por intermedio de la notaria a

0167942246101cargo de la señora N. de la F.H., diligencia en la que ésta hizo entrega de la Acta de Oferta de Pago a don V.H.M.R., Subsecretario del Interior (S), quien no la aceptó, negativa de la que se dejó constancia en el acta. Añade que en el mismo trámite judicial se solicitó dar conocimiento a la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública, representada por el Consejo de Defensa del Estado.

Asevera que mediante licitación pública ID 623-15-LP12 esa Subsecretaría convocó a diferentes oferentes a postular a una propuesta pública para la adquisición de 52 densímetros, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución Exenta N° 746, de 9 de marzo de 2012, acto del que la Contraloría General de la República tomó razón el 14 de mayo de 2012, y que a través de la Resolución Exenta N° 3.964, de 25 de junio siguiente, la demandada se adjudicó dicha licitación, con la celebración del contrato respectivo el 22 de agosto de ese año, aprobado por Decreto del Ministerio de Interior N° 931 del día siguiente. Señala que tanto en el N° 4 de la resolución adjudicatoria, como en los contratos se afinca que los mismos rigen desde la total tramitación de los actos administrativos aprobatorios, en carácter de condición de exigibilidad. Empero, remitido el último acto administrativo indicado a la Contraloría, ésta objetó un aspecto vinculado a las pólizas de seguro exigidas, lo que obligó al retiro del

0167942246101decreto desde la entidad fiscalizadora para subsanar esa observación, el 27 de septiembre de 2012, en vista de lo cual se acordó una modificación al contrato primitivo, la que junto con el convenio original fue aprobada mediante el Decreto N° 1.068, de la misma data, y remitido al órgano contralor el 2 de octubre siguiente. Más frente a los hechos denunciados en www.ciperchile.cl los días 2 y 4 de dicho mes de octubre, la Subsecretaría del Interior determinó no perseverar en la toma de razón del decreto aprobatorio.

En estas condiciones expone que el pago por consignación practicado por intermedio de la gestión judicial antedicha es ineficaz porque se refiere a obligaciones no exigibles, dado que no se ha verificado el trámite de toma de razón, ante las irregularidades previas y sobrevinientes al proceso de licitación y adjudicación. Aduce que dicha solución es, además, ineficaz porque, si bien la oferta fue hecha a la Subsecretaría del Interior, institución acreedora, la cuestión voluntaria de pago por consignación se notificó al Consejo de Defensa del Estado, en circunstancias que debió dirigirse a la misma acreedora, toda vez que la prerrogativa del Presidente del Consejo para representar al Fisco es un poder meramente judicial, que no lo comisiona para recibir el pago, máxime si la oferta se hizo directamente a la acreedora.

0167942246101Luego, critica que el pago es insuficiente, puesto que el objeto del convenio radica en la adquisición de 52 densímetros, en el servicio de mantenimiento preventivo y en la garantía técnica, entre otros, de modo que las obligaciones del contratista son de entregar y de hacer y esta última no puede ser materia de depósito, con arreglo al artículo 1559 del Código Civil. Por último, sostiene que la oferta de pago tampoco se concilia con el artículo 1600, N° 4°, del mismo estatuto, pues no especifica el lugar donde se cumplirá la obligación, aun cuando en el contrato se designa un domicilio convencional para la tradición de las mercancías adquiridas. Termina por impetrar se declare ineficaz la oferta de pago formulada al señor S. del Interior (S) y, por lo demás y en todo caso, insuficiente el pago por consignación contenido en la gestión voluntaria tramitada ante el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, bajo el N° V-329-2012, caratulada “Representaciones Comercio Internacional Tecnodata Limitada”, con costas.

Al contestar la demanda Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda. pidió sea denegada, con costas, por cuanto la omisión del trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República respecto del decreto aprobatorio del contrato en comento, no afecta la eficacia de la oferta de pago, ni lo hace la notificación al Consejo de Defensa del Estado de la gestión judicial de

0167942246101pago por consignación, de suerte que dicha solución es bastante.

La juez a quo desechó la demanda asilada en que la Subsecretaria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco de proyectos contra el narcotráfico, implementó un Plan Frontera Norte, y allí convocó a la licitación pública para la adquisición de 52 densímetros, concurso que se adjudicó la empresa demandada, por un valor de $ 1.218.540.960. Después, tuvo por acreditado que la orden de compra pertinente fue enviada por la Subsecretaría a la adjudicataria el 6 de julio de 2012, pese a que el contrato se suscribió recién el 22 de agosto siguiente, y que con apego a las Bases de Licitación los bienes deberán entregarse "en el plazo máximo de 90 días corridos contados desde el día hábil siguiente a la suscripción del contrato", mientras que la convención detalla que "los equipos serán entregados en el plazo de 70 días corridos a partir del día hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato". En este sentido la sentenciadora tuvo por probado, además, que conforme a las bases, el citado contrato “comenzará su vigencia una vez que el acto administrativo que lo sancione, se encuentre totalmente tramitado", en tanto que su tenor prevé que "regirá desde la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe y tendrá una vigencia de 2 (dos) años". A partir de tales antecedentes colige que la Subsecretaría tenía verdadera

0167942246101urgencia en concretar la adquisición de los densímetros, lo que se tradujo en falta de acuciosidad en el respeto de los plazos y constataciones técnicas, agrega que para la adjudicataria ello implicó un aparente doble estándar de exigibilidad, desde que por un lado se le apremiaba para la entrega de las especies, hasta el punto de adelantarse la emisión de la orden de compra y se redujo en el contrato el período previsto en las bases, en tanto que por otro se supeditó el pago respectivo a la toma de razón del acto aprobatorio; y entonces estima que a la adjudicataria no le quedaba alternativa que cumplir con la entrega de las cosas para no incurrir en multa, ya que el contrato estaba vigente, destaca que, al menos en el análisis de la acción esgrimida, a la época del retiro del decreto desde la Contraloría por la Subsecretaría éste resultaba intempestivo y falto de motivación, pues el Informe de Investigación Especial del ente contralor desestima la denuncia atinente a un sobreprecio de un 400% efectuada por Ciper Chile, de lo que se sigue, en su opinión, que la oferta de pago era la única opción de la proveedora. Todavía más, denota que aun de elucidarse lo contrario...

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