Causa nº 5094/2017 (Casación). Resolución nº 25 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 17 de Enero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 701204837

Causa nº 5094/2017 (Casación). Resolución nº 25 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 17 de Enero de 2018

Fecha de Resolución:17 de Enero de 2018
Movimiento:INVALIDADA DE OFICIO (M)
Rol de Ingreso:5094/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:70-2016 - C.A. de Concepción
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-1325-2014 - 3º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCIÓN
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. VISTOS:

En estos autos Rol N° 5094-2017 sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en subsidio, por responsabilidad extracontractual caratulados “P.F. con Fisco”, R.A.P.F.; N. delC.P.F.; D.G.P.F.; M.M.P.F.; S.P.P.F.; A.L.P.F.; A.V.P.F.; D.T.O.; A.E.C.T.; J.R.C.T.; J.A.C.T.; G.O.C.T.; T.M.C.T.; E.K.C.T.; J.R.P.Y.; J.P.P.A. y J.C.P.A. interpusieron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile fundados en que J.A.P.P., J.O.C.P., M.G.F.R. y J.A.P.A., quienes se encontraban en el sector Minacosta, de la comuna de Lebu, fueron alcanzados por las olas del tsunami acaecido el 27 febrero de 2010, dos de los cuales desaparecieron y sus cuerpos nunca fueron encontrados, en particular J.A.P.P. y J.O.C.P. -de quienes se declaró su muerte presunta-, en tanto que fueron recuperados e identificados los cuerpos de M.G.F.R. y de J.A.P.A..

Explican que los actores R.P.F., N.P.F., D.P.F., M.P.F., S.P.F., A.P.F. y A.P.F. son hijos de filiación matrimonial del matrimonio conformado por J.P.P. y M.G.F.R.; consignan que D.T.O., A.C.T., J.C.T., J.C.T., G.C.T., T.C.T. y E.C.T., son la cónyuge sobreviviente y los hijos de filiación matrimonial de J.C.P. y precisan que J.P.Y., J.P.P.A. y J.P.A., son hermanos de J.A.P.A..

Agregan que para establecer las causas y circunstancias en las cuales fallecieron 156 personas y otras 25 desaparecieron, se designó a la Fiscal Regional Metropolitana Occidente S.H. como Fiscal Especial a cargo de la investigación, quien formalizó a 8 imputados por cuasidelitos de homicidio, investigación que hasta la fecha de la demanda permanecía abierta.

Manifiestan que la responsabilidad del demandado en este caso deriva de una falla del Estado en su conjunto, puesto que existió culpa o negligencia de parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile y de la propia Armada de Chile, así como también medió responsabilidad de otros entes estatales, tales como la Oficina Nacional de Emergencias y el poder ejecutivo.

En cuanto a la actuación negligente del SHOA y de la Armada, afirman que, con posterioridad al terremoto, el primero no sólo no alertó oportunamente de la posible generación de un tsunami luego de un sismo como el ocurrido, sino que, además, indujo a error a las autoridades civiles y a la población, al señalar que no existía peligro de que aconteciera. Añaden que en Chile existe una profusa normativa legal y reglamentaria que obliga a la Armada a proteger la vida humana en el mar y costas del litoral, actuando incluso de oficio, y acusan que ambos organismos incumplieron su deber funcional de actuar, incurriendo así en culpa por infracción de reglamentos. En tal sentido cita el Tratado SOLAS, sobre la seguridad de la vida humana en el mar; el Decreto Supremo N° 26, de Defensa, de 11 de enero de 1966, que designó al SHOA como la única autoridad oficial en el país responsable de emitir, evaluar o cancelar los mensajes o informaciones cursados durante la operación del "Sistema Nacional de Alarma de Maremoto" (SNAM), agregando que su finalidad principal será la de hacer llegar la información oportuna a las autoridades y, por último, las Instrucciones Oceanográficas N° 3, sobre el SNAM, que constituye el protocolo a seguir en la materia. Conforme a tales antecedentes aseveran que la responsabilidad del SHOA consistía en dar la alerta de tsunami y la de la Armada en difundirla.

Por otra parte, sostienen que la principal responsabilidad del personal de la Amada consiste en proteger la vida humana en el mar, costas y litoral de la República, alertando oportunamente sobre cualquier potencial peligro y ayudando a quienes estuvieran en riesgo, como surge, además, de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N° 292, de 1953, y del Decreto Supremo N° 1.190, de M., de 1976, de los que deduce que dicha entidad debió actuar en forma autónoma en el caso en examen.

Atribuyen, además, al SHOA y a la Armada una actuación defectuosa, desde que no hicieron un uso adecuado de los medios con que contaban al no generar un adecuado sistema de "alerta temprana", que exige desarrollar una labor educativa, así como preparar planes de evacuación y simulacros.

Concluyen esta parte aseverando que resulta evidente la falta de servicio en relación a las víctimas, quienes se encontraban en un sector situado bajo la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Lebu, cuyo personal faltó a su deber, desde que ellos, sabiendo o no pudiendo menos que saber que la magnitud del sismo por sí sola hacía presagiar, conforme a los instructivos de la Armada, que existía la posibilidad de tsunami, incumplieron su deber de alertar a la población.

En lo que atañe a la culpa o negligencia de la Onemi y de otras autoridades civiles, sostienen que fue reconocida, como se desprende de la renuncia de su directora, y alega que agrava la falta de servicio en que incurrieron la circunstancia de que los errores ocurridos se prolongaran por largo tiempo, al no haber reaccionado la Armada y las autoridades civiles como lo demandaba el sentido común.

En estas condiciones invocan la responsabilidad extracontractual del Estado basada en la falta de servicio acaecida y, en subsidio, recurren a la responsabilidad extracontractual del derecho común.

En cuanto al vínculo causal que debe mediar entre la falta de servicio que alega y la muerte de las cuatro personas indicadas en su demanda, subrayan que su existencia es evidente, pues una vez ocurrido el sismo estos recolectores de algas, cuya presencia en el lugar era conocida por Carabineros y por la Capitanía de Puerto de Lebu, fueron "abandonados" en una zona costera baja.

Aducen, además, que las negligencias y omisiones descritas más arriba, que supusieron que no se creara un sistema de alerta temprano y que no se educara adecuadamente a la población acerca de qué hacer en caso de un fuerte sismo cuando se encontrare en sectores costeros, provocó a las víctimas referidas, al menos, la pérdida de una chance de salvarse, pues si la primera ola arribó al sector 20 minutos después de terminado el sismo y ellas hubieren sido educadas sobre qué hacer, en sólo un par de minutos de caminata habrían recorrido los 100 metros que en ese sector separan la playa del cerro, pudiendo incluso llegar a sectores altos.

Terminan solicitando que se condene al demandado a pagar las siguientes cifras por concepto de daño moral, o las que el tribunal estime, más reajustes e intereses, con costas. Así, piden: 1.- Para R., N., Dionila, M., S., A. y A., todos de apellidos P.F., la suma de $100.000.000 para cada uno por el daño moral sufrido como víctimas por repercusión por la muerte de su padre J.P.P., más $100.000.000 para cada uno por el daño moral sufrido como víctimas por repercusión por la muerte de su madre M.G.F.R.. 2.- Para D.T.O., la cantidad de $100.000.000 por el daño moral sufrido como víctima por repercusión por la muerte de su marido J.C.P.; 3.- Para A., J., J., G., T. y E., todos de apellidos C.T., la suma de $30.000.000 para cada uno por el daño moral sufrido como víctimas por repercusión por la muerte de su padre J.C.P., más $50.000.000 para T.C.T. por el daño moral propio que sufrió como víctima directa. 4.- Para J.P.Y., J.P.P.A. y J.P.A., $30.000.000 para cada uno por el daño moral sufrido como víctimas por repercusión por la muerte de su hermano J.A.P.A., más $25.000.000 para J.P.A. y $25.000.000 para J.P.P.A. por el daño moral propio que sufrieron como víctimas directas.

Al contestar el Fisco solicitó el rechazo de la demanda, con costas. Para ello controvirtió, en primer lugar, los hechos en que se asienta la acción; enseguida alegó la ausencia de falta de servicio, destacando que el ingreso del mar al sector de M. se produjo 20 minutos después del terremoto, de lo que deduce que esa extensión quedó comprendida en lo que se conoce como "zona de sacrificio", esto es, un área en donde no se cuenta con el tiempo necesario para difundir alerta alguna. A continuación adujo que en la especie no medió relación causal, dada la inmediatez entre el terremoto y la entrada de la ola; luego opuso la excepción de caso fortuito o fuerza mayor, que hace consistir en la ocurrencia del maremoto; a continuación dedujo la excepción de ausencia de culpa y, finalmente, controvirtió las cifras pedidas por indemnización de perjuicios.

El sentenciador de primer grado decidió acoger, sin costas, la excepción de caso fortuito o fuerza mayor y, en consecuencia, rechazó la demanda de lo principal de fojas 20; asimismo, no emitió pronunciamiento en torno a la demanda subsidiaria de responsabilidad extracontractual del derecho común.

Para arribar a tales conclusiones tuvo en consideración que, si bien el 27 de febrero de 2010 existía una normativa tendiente a prevenir oportunamente a las poblaciones ribereñas del litoral e islas adyacentes ante la proximidad de ondas de mareas anormales o maremotos frente a las costas de Chile, lo cierto es que las particularidades del terremoto de que se trata -tiempo de duración, magnitud y extensión territorial- y sus efectos -interrupción de las comunicaciones, que afectó incluso a los órganos del Estado encargados de resguardar el orden público y la seguridad...

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