Causa nº 95126/2016 (Queja). Resolución nº 24 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 20 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 703858217

Causa nº 95126/2016 (Queja). Resolución nº 24 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 20 de Febrero de 2018

Fecha de Resolución:20 de Febrero de 2018
Movimiento:RECHAZADO RECURSO DE QUEJA
Rol de Ingreso:95126/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:9662-2016 - C.A. de Santiago
Rol de Ingreso en Primer Instancia:C-22-2016 - JUZGADO DE CONTRATACION PUBLICA DE SANTIAGO
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
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Santiago, veinte de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero

Que M.P.O. y L.M.S.I., en representación de la Sociedad de Servicios de Alimentación S. A., en adelante SOSER, dedujeron recurso de queja en contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones de S.A.M.C., M.R.G. y V.T.O., denunciando las faltas y abusos graves en que habrían incurrido al dictar la sentencia definitiva recaída en los autos Rol N°9.662-2016, que rechazó la reclamación que dedujeron en contra del fallo pronunciado por el Tribunal de Contratación Pública, de 27 de julio de 2016, que acogió parcialmente la acción de impugnación que la sociedad recurrente dedujo en contra de la Resolución Exenta N°49, de 14 de enero de 2016, dictada por el S. General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en el marco del proceso de licitación ID N°85-37-LP15, denominado “Suministro de Raciones de Alimentos PAE”, que desestimó la oferta presentada por SOSER y que además, ordenó el cobro de la póliza de garantía de seriedad de la oferta, ascendente a 5.170 Unidades de Fomento.

Segundo

Que se imputa a los jueces recurridos haber incurrido en falta o abuso grave al dictar la sentencia reseñada, al no declarar la ilegalidad y arbitrariedad del 2

acto administrativo que desestimó la oferta de la empresa recurrente contenida en la Resolución N°49-2016 de la JUNAEB, acusándolos de incurrir en: i) Vulneración al principio de contradictoriedad consignado en los artículos 10 y 17 letra f), en relación con el artículo 4° de la Ley N°19.880 y a la garantía del debido proceso establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República. ii) Falta de motivación de la sentencia, al fundarse en hechos inexistentes, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.880. iii) La sentencia fundó el acto administrativo en antecedentes posteriores a la fecha de la Resolución N°49-2016. iv) Los sentenciadores construyeron una presunción artificial y carente de los requisitos normativos necesarios con el objeto de motivar un acto administrativo que originalmente carecía de fundamentos de hecho. v) Los Ministros recurridos alteraron la carga de la prueba, puesto que la acreditación del punto de prueba concerniente a “la efectividad que la empresa demandante, SOSER, pertenecía a un grupo empresarial a la fecha de presentación de su oferta en el proceso licitatorio ID-85-37-LP15”, correspondía a la JUNAEB, sin que rindiera prueba alguna sobre este aspecto.

En términos generales, explica que mediante la 3

dictación de la Resolución Exenta N°49, de 14 de enero de 2016, la JUNAEB desestimó la oferta que presentó SOSER, ordenando su exclusión del proceso licitatorio y la ejecución del seguro que garantizaba la seriedad de la oferta, fundada en que habría infringido el pacto de integridad contenido en el anexo 41 de las Bases de Licitación, al no declarar en el anexo 52B que formaba parte de un grupo empresarial con otro oferente del proceso de la misma licitación, a saber, Restaurante y Servicios Gastronómicos Fuera de Borda SpA.

En contra de tal resolución, SOSER presentó una acción de impugnación por ser arbitraria e ilegal, puesto que se dictó con infracción a los principios de contradictoriedad y de debido proceso, por cuanto la JUNAEB no dio traslado a SOSER de la denuncia formulada en su contra por un tercero a través del Portal Mercado Público que daba cuenta de su supuesta relación con un grupo empresarial, impidiéndole controvertir los antecedentes, cuya falsedad, estima, fue acreditada durante el transcurso del juicio, no obstante lo cual, el tribunal de primera instancia acogió parcialmente la reclamación al considerar ilegal y arbitrario el cobro de la boleta de garantía de seriedad de la oferta, ordenando su devolución, rechazando la acción en todo lo demás, al estimar que “la demandante pertenecía a un grupo empresarial y así debió declararlo al postular en la licitación ID 85-37-LP15, porque su situación empresarial no pudo haber

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variado sustancialmente entre el día 9 de diciembre de 2015, día de presentación de su oferta y los días 19 de febrero y 7 de marzo de 2016, fecha de postulación a los tratos directos antes referidos.”

Además, indica que durante el transcurso del proceso, la JUNAEB no presentó antecedente alguno que acreditara la existencia de un grupo empresarial entre las sociedades mencionadas antes de la fecha de presentación de las ofertas, aportando únicamente antecedentes posteriores al 9 de diciembre de 2015, consistentes en dos postulaciones ante la misma licitante de 19 de febrero y 7 de marzo de 2016.

Por lo anterior, el día 4 de agosto de 2016 presentó un recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Contratación Pública, en aquella parte que le causó agravio, que fue rechazado mediante sentencia de veintinueve de noviembre de ese año por los jueces recurridos que confirmaron la resolución impugnada, por lo que incurrieron en la misma infracción a los principios de contradictoriedad y de debido proceso, luego de concluir que el acto administrativo impugnado fue dictado en el marco de un procedimiento especial contenido en la Ley N°19.886, sin tener, por tanto, aplicación lo dispuesto en la Ley N°19.880, omitiendo los fundamentos que sustentaran sus dichos.

Afirma que el principio de contradictoriedad, que es una manifestación en el ámbito administrativo del debido 5

proceso legal regulado en la Constitución Política de la República, debe aplicarse a toda clase de procedimientos administrativos, sin que se especifique en la sentencia impugnada qué norma especial sobre el ámbito de tramitación de los actos de la administración que se vienen describiendo tendría aplicación, ni tampoco si la JUNAEB dio cumplimiento a tal estándar para entender desplazada la supletoriedad de la Ley N°19.880.

Asimismo, constituye una falta o abuso grave que no se declarara la arbitrariedad y la ilegalidad del acto administrativo impugnado, pese a su evidente carencia de motivación, al fundarse en hechos inexistentes. En efecto, prosiguen, la sentencia reconoce que la Resolución N°49-2017 no tiene justificación, señalando que a la fecha de la oferta no existía el hecho en virtud del cual se fundamenta el acto administrativo impugnado, por tanto, no entiende y resulta contradictorio que no declarara su ilicitud fundando su parecer en antecedentes posteriores a la fecha de dictación del acto impugnado que, en consecuencia, permiten acreditar la existencia de un grupo empresarial sólo con posterioridad a febrero de 2016, sin que permitan probar ni presumir que tal grupo empresarial, integrado por SOSER, existía antes del 9 de diciembre de 2015.

Además, consideran inadmisible que la sentencia impugnada pretendiera construir una presunción con el objeto de motivar el acto administrativo impugnado, basándose en 6

hechos inciertos, para lo cual construyeron una presunción recurriendo a elementos que no forman parte de la resolución pronunciada por la JUNAEB y que son posteriores a ella, que fueron conocidos en el proceso de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública, infiriéndose erradamente que la situación de SOSER debió ser la misma al momento de la presentación de la oferta, contrariando el contenido de los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, que exige que las presunciones sean graves, precisas y concordantes.

Finalmente, considera que los Ministros recurridos incurrieron en grave falta o abuso al alterar el peso de la prueba, puesto que quien debía probar la efectividad que SOSER pertenecía a un grupo empresarial a la fecha de presentación de su oferta en el proceso licitatorio, era la JUNAEB, no obstante, se modificó la carga atribuyéndosela a la empresa recurrente, al considerar el fallo que “la reclamante no acreditó ni pudo excluir su pertenencia a un grupo empresarial, como tampoco justificar la omisión de tal antecedente en el denominado anexo 52B infringiendo con ello entonces lo indicado en el numeral 3 del Anexo N°41 Pacto de Integración, dado que habría falta de veracidad e integridad en la información proporcionada en el citado anexo, sin perjuicio que en forma posterior, haya surgido información que sus controladores son ‘Inversiones Infinita Limitada’ e ‘Inversiones Llico Ltda.’”7

En consecuencia, solicita que se declare que los Ministros recurridos incurrieron en grave falta o abuso en el pronunciamiento de la sentencia impugnada, se acoja el recurso de queja deducido y se enmiende la resolución impugnada, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que procedan.

Tercero

Que los Ministros recurridos refirieron en su informe que los fundamentos de la sentencia impugnada se encuentran en sus considerandos quinto a décimo, en donde se exponen las razones que motivaron el rechazo del reclamo interpuesto, agregando que su decisión se fundó en el mérito de los antecedentes aportados al proceso y en el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, recogiendo para ello el contenido del punto 7.4 en relación al anexo 52.B de las Bases, por lo que no consideran errados sus fundamentos, creyendo que no incurrieron en falta o abuso grave que deba ser reparado por esta vía.

Cuarto

Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de “Las facultades disciplinarias”, procediendo solamente, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en faltas o abusos graves, constituidos por errores u omisiones 8

manifiestos e igualmente graves.

Quinto

Que constan del expediente tenido a la vista sobre...

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