Causa nº 62128/2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 678903237

Causa nº 62128/2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017

Fecha de Resolución: 9 de Mayo de 2017
Movimiento:DESECHA RECURSO DE QUEJA (M)
Rol de Ingreso:62128/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación:644-2016 - C.A. de Santiago
Emisor:Sala Tercera (Constitucional)
 
ÍNDICE
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Santiago, nueve de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos:

Primero

Que comparece S.R.A., en representación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y recurre de queja en contra de los Ministras de la Corte de Apelaciones de Santiago señoras J.B.R. y V.T.O., y del F.J.S.R.T.D., a quienes se les atribuye falta o abuso grave al dictar la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, que acoge la reclamación interpuesta por Corpbanca dejando sin efecto la resolución dictada por la quejosa el 30 de diciembre de 2015, que le impuso tres multas a la institución bancaria por las graves infracciones al artículo 84 N° 1 de la Ley General de Bancos.

Segundo

Que la quejosa atribuye a los jueces recurridos el haber incurrido en las siguientes faltas o abusos graves: 1) Han estimado de manera gravemente errada que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras impuso las multas a Corpbanca sin respetar las garantías de un debido proceso, sosteniendo que aquellas se cursan en virtud de una simple fiscalización, sin que Corpbanca conociera las infracciones que se le imputaban y sus fundamentos, sin poder formular alegaciones como tampoco tener la posibilidad de rendir pruebas, cuestiones todas que no son efectivas. Enfatiza que es imposible, atendido los antecedentes agregados a la causa, negar que los procedimientos aplicados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cumplieron con las exigencias propias del debido proceso, toda vez que se respetaron los valores que protegen las leyes constitucionales, especiales y generales.

Asimismo, refiere que los jueces han asimilado a la Superintendencia a un órgano jurisdiccional para sostener que la garantía del artículo 19 n° 3 de la Constitución debe aplicarse en toda su extensión, sin considerar que la existencia del debido proceso presupone la intervención de un órgano imparcial e independiente sólo reconducible a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público, y no a los órganos administrativos que al ejercer técnicas de ordenación, como son las multas, responden al ejercicio de facultades de fiscalización y control de la actividad económica privada, el que no depende de una facultad jurisdiccional sino de la potestad que le ha conferido la ley para cumplir sus cometidos, y en consecuencia, sostiene que la confusión entre facultades administrativas del Estado y la potestad jurisdiccional, constituyen un grave error conceptual que se manifiesta en una falta o abuso grave de los sentenciadores.

Agrega que en el caso sub lite, la autoridad aplicó un procedimiento administrativo especial de supervisión bancaria, estatuido por el legislador atendidas las singularidades de la legislación bancaria y el interés público que está en juego, previsto en el título I de la Ley General de Bancos. Añade que durante el procedimiento, el reclamante, luego de conocer que era investigado, aportó antecedentes en sus diversas etapas, formuló observaciones, realizó descargos, tal como alegar la prescripción de las multas y proporcionó las pruebas que estimó necesarias para su defensa. Enfatiza que la Superintendencia jamás le negó el ejercicio del derecho a impugnar las actuaciones del proceso a través de los recursos que contempla la Ley N° 19.880, sin que nunca ésta hiciera uso de ellos, muestra de no sentirse en ninguna etapa afectado en sus derechos.

En suma, señala que el procedimiento de supervisión bancaria de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, aplicado al caso concreto, se enmarcó dentro de las potestades de fiscalización que le son reconocidas en la legislación para supervisar las empresas bancarias en resguardo de los depositantes u otros acreedores, velando por el interés público y por el buen funcionamiento del sistema financiero a que se refiere el artículo 12 de la Ley General de Bancos. 2) Los jueces recurridos omitieron considerar la singularidad de la actividad bancaria y de la supervisión de la misma que realiza la Superintendencia conforme a la ley. En este aspecto señala que los bancos son actores relevantes del mercado e importantes factores de estabilidad financiera al desempeñar funciones de intermediarios, captando dinero del público y beneficiándose a través de la colocación de ellos, actividad que conlleva el deber del Estado de custodiar preventivamente dicha actividad con el fin de evitar daños que pueden afectar a la economía de país por la insolvencia o la ilegal administración de las empresas bancarias. De ello deriva la existencia de la estricta regulación de la actividad de los Bancos e Instituciones Financieras y la creación de la Superintendencia como ente fiscalizador de dicha actividad, la cual reclama de un control preventivo, con la finalidad de evitar infracciones a la normativa y, en caso de ocurrir, poder arbitrar las medidas tendientes a evitar las perniciosas consecuencias para el interés general, control que descansa más que en una potestad represiva a posteriori, en un control anterior y preventivo como expresión del principio precautorio.

Sostiene que la pretensión de los jueces recurridos y el equivocado precedente que sientan, en orden a que las actuaciones fiscalizadoras y la imposición de sanciones por parte de la Superintendencia, debe sujetarse a las exigencias formales del procedimiento administrativo de la Ley 19.880 y no a las reglas especiales de la legislación bancaria, prescinde abusivamente del interés general protegido por dicha legislación y a las facultades conferidas a la Superintendencia como organismo especializado en la supervisión de dicha actividad. 3) Los jueces recurridos omitieron considerar que el reclamante se conformó con el procedimiento seguido en su contra y sin plantear reclamo alguno a ese respecto pudiendo hacerlo. Expone que el fallo dictado por los jueces recurridos, hace abusivamente caso omiso de que Corpbanca, no obstante pretender que el procedimiento de fiscalización que debía aplicársele, según sostuvo, era el establecido en la Ley N° 18.010, no hizo uso del recurso que confiere el artículo 10 de dicha ley, como tampoco reclamó las presuntas irregularidades con que se seguía el procedimiento de fiscalización. En suma, en la realidad jamás se planteó la existencia de un conflicto en cuanto a la procedencia de aplicar la referida ley al procedimiento de fiscalización, por lo que resulta del todo abusivo estimar, como lo hacen los jueces recurridos, que procedía aplicar sus disposiciones. 4) Los jueces recurridos de manera infundada y abusiva han estimado aplicables a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el procedimiento previsto en la Ley N° 19.880, soslayando que la circunstancia de integrar la Administración del Estado, no implica necesariamente que deba someterse solemnemente y paso a paso en su actividad fiscalizadora al procedimiento previsto en dicha ley. En este punto refiere que la Contraloría General de la República, que también es un órgano de la Administración del Estado no queda sujeta a la Ley N° 19.880, por cuanto, como ella misma lo ha dicho, ese procedimiento sólo es aplicable a los órganos del Estado, en la medida que sea conciliable con los procedimientos especiales previstos en la ley, cuestión que es aplicable en este caso, puesto que el procedimiento especial de la Ley General de Bancos no se concilia con las disposiciones del referido cuerpo legal. Añade que es absurdo pensar que si la Superintendencia toma conocimiento que un banco ha incurrido en hechos que amenazan su estabilidad financiera, deba iniciar un procedimiento administrativo general y supletorio.

Agrega que la actividad fiscalizadora que incumbe a los organismos dotados de potestades de esa especie, no está sometida a la Ley N° 19.880, cuestión que ha concluido en diversos dictámenes el órgano contralor, sosteniendo que en los casos de mercado bancario, seguridad social, impuestos internos y auditorías públicas no es posible la aplicación directa del aludido cuerpo normativo, sin atentar contra la naturaleza de las funciones de la administración activa, en especial, la protección y custodia de los bienes jurídicos que le ha encomendado el legislador custodiar.

Asimismo, señala que los jueces recurridos para fundamentar sus conclusiones han sostenido que el artículo 1° de la Ley General de Bancos fue derogado tácitamente por el artículo primero de la Ley N° 18.575, conclusión que constituye otro grave error al construir la sentencia, al permitirles inferir que está derogado todo el marco legal que rige las actuaciones de la Superintendencia, particularmente el artículo 22. Sostiene que ha sido esta Corte la que ha fijado el alcance de ambas normas para establecer la coherente vigencia del artículo pretendidamente derogado al atribuirle el carácter de norma legal especial. En consecuencia, resulta improcedente razonar que una derogación tácita que en la realidad no se ha producido, acarrea la aplicación extensa y general de la Ley N° 19.880, en circunstancias que está dictada para regir en los servicios públicos que no cumplen las funciones encomendadas a la Superintendencia y que carecen de normas especiales reguladoras de su gestión. 5) Los jueces recurridos prescindieron totalmente de la discrecionalidad técnica de que goza la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para ejercer la supervisión bancaria. Expone que su representada es un organismo fiscalizador de competencia técnica, y por lo mismo, está amparada por la llamada deferencia de experto. Así, dicho ente tiene potestades discrecionales y técnicas, toda vez que el legislador le confirió una importante cantidad de atribuciones discrecionales, tales como, las facultades de fiscalización, supervisión, normativa e interpretación legal, que se encuentran contempladas en la Ley General de Bancos, y que tienen como destinatarios entidades altamente sofisticadas y que intervienen en una industria intensamente regulada, como son los bancos e instituciones financieras. Por lo anterior, sostiene que los jueces recurridos al controvertir lo obrado y resuelto por el organismo técnico previsto en la ley, han invalidado infundadamente la esfera técnica de sus atribuciones, incurriendo en grave falta y abuso, al sentenciar que sus facultades legales de tan alta especialización y consecuencias debieron ser ejercidas dentro del marco que la ley formuló para todos los entes públicos no sujetos a leyes especiales. 6) Los jueces de la Corte de Apelaciones incurrieron en grave abuso al omitir pronunciarse sobre la cuestión de fondo, esto es, si Corpbanca cometió las infracciones por las cuales fue sancionada, cuya comisión incluso reconoció, bajo el argumento de estimar innecesario dicho pronunciamiento, luego de concluir que procedía acoger la reclamación por no haberse resguardado las garantías del debido proceso como tampoco haberse dado cumplimiento a la Ley N° 19.880. Señala, que ni aún bajo este supuesto, procedía abstenerse de un pronunciamiento de fondo acerca de la existencia de las infracciones castigadas, porque del modo que han resuelto los magistrados eludieron entrar a analizar qué tan esencial para el resguardo de los valores protegidos por las leyes es privilegiar una omisión intrascendente de las ritualidades procesales en beneficio de los fines del derecho, desconociendo los recurridos, que nuestro sistema jurídico desprecia los alegatos sobre infracciones rituales, aunque de ello devenguen nulidades, si no subyace perjuicio alguno que deba remediarse con la nulidad proveniente de defectos de forma. 7) Los jueces recurridos han prescindido del carácter de acto terminal de la resolución objeto de reclamación, que cumple con todos los requisitos del acto administrativo según la definición que contempla el artículo 3° de la Ley N° 19.880, no siendo actos de mera correspondencia como lo sostuvo el anterior C.R.M., que los jueces recurridos hicieron suyo sin análisis alguno.

Añade que la resolución que aplica las multas es una decisión formal materializada por escrito y comunicada a los sujetos sometidos a la fiscalización de la Superintendencia, que contiene una declaración de voluntad de esta última, dentro del ámbito de sus competencias, en especial, aquellas contempladas en la Ley General de Bancos, debiendo resaltarse que los mecanismos de comunicación adoptados por ella son los aceptados por la industria y el mercado financiero, sin que jamás se haya alegado o invocado que no constituyen actos administrativos. En suma, enfatiza que las faltas y abusos en que se incurrió al dictar la sentencia ocasionaron a su parte, el perjuicio de frustrar su cometido legal llevado adelante con riguroso apego a la legalidad, favoreciendo la impunidad de las infracciones dañinas que alteran la sanidad de la actividad bancaria.

Tercero

Que solicitado informe, los jueces recurridos se remitieron a los términos del fallo que motiva el recurso refiriendo que en razón de las deficiencias observadas en relación a la ausencia de un procedimiento sancionatorio, no fue posible conocer el fondo del asunto, sin que en caso alguno se haya abdicado de la función jurisdiccional que resulta inherente a la labor de los jueces en el ámbito de las facultades y competencias que le son propias.

Cuarto

Que para la adecuada comprensión de las materias propuestas por el arbitrio se debe tener presente que éste incide en un reclamo de ilegalidad presentado por Corpbanca S.A. en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en que impugnó la aplicación de tres multas aplicadas por la última institución, que suman un total de $21.764.507.494, por haber infringido el límite individual de crédito que establece el artículo 84 N°1 de la Ley General de Bancos.

En lo medular, entre otras causales de ilegalidad, aduce que la imposición de las multas violó los estándares más elementales del debido proceso sancionatorio, pues no hay formulación de cargos, etapa de descargos, como tampoco de rendición de prueba. Así, refiere que no se aplicó la Ley N° 19.880 que contiene los elementos mínimos del debido proceso que permite la materialización del derecho a defensa, pues la decisión de imponer las multas no fue adoptada previa instrucción de un procedimiento administrativo en el que se acreditaran las infracciones imputadas.

Quinto

Que los jueces recurridos asentaron en su sentencia que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras realizó un proceso de fiscalización a Corpbanca, a propósito del hecho público y notorio del nombramiento en el mes de septiembre de 2015 de R.G. en el cargo de Director y P. en reemplazo de J.P.L. en las Sociedades Norte Grande S.A., Inversiones Oro Blanco S.A. y Pampa Calichera S.A., integrantes del grupo conocido como “Cascadas”, pues el último de los nombrados desde el año 2012, ejercía como director de Corpbanca.

Añaden que es en tal contexto que se solicitó por el órgano regulador antecedentes en relación a tres operaciones comerciales, por estimarse que dicho banco había excedido el límite individual de crédito establecido el N° 1 del artículo 84 de la Ley General de Bancos. Puntualiza que luego de cierto intercambio de información, del cual dan cuenta los antecedentes aportados por las partes, se procedió a la aplicación de las tres multas, sanción que se materializó mediante el envío de una carta de fecha 30 de diciembre de 2015, foliada con el número 16191, correspondiendo la misma al acto impugnado.

Refieren que en la especie el órgano regulador debió ajustarse a las normas de procedimiento establecidas en la Ley N° 19.880, toda vez que es un Servicio Público que integra la Administración del Estado, resultándole por ende aplicable el régimen jurídico propio de dichos organismos.

Agregan que la Superintendencia es un órgano que ejerce una facultad sancionatoria por lo que se encuentra obligada a respetar la garantía constitucional del debido proceso, puesto que al ejercer su competencia sancionatoria, ejerce jurisdicción. Puntualizan que el artículo 1° de la Ley General de Bancos no es óbice para concluir que es un servicio público que debe adecuar su actuar a la normativa vigente, pues el carácter de organismo autónomo que efectivamente reviste la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no resulta inconciliable con la circunstancia de su integración a la Administración del Estado y por ende el sometimiento a la normativa sustantiva y procedimental pertinente.

Así, determinan que careciendo la Superintendencia de normas especiales aplicables al procedimiento sancionatorio, debió recurrir forzosamente a aquel establecido en la Ley N° 19.880, pues ésta es siempre aplicable a la Administración, ante la falta de un procedimiento propio, cuyo es el caso, dado que el aspecto formal de la actuación de la Administración del Estado, lleva a concluir que las autoridades administrativas sólo pueden manifestar su voluntad orgánica mediante los procedimientos y formas de documentación previstos por la Constitución y la ley.

Concluyen que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no respetó el instituto del debido proceso, ello por cuanto, conforme consta de los antecedentes aportados, resulta incuestionable que no existió formulación de cargos, como tampoco oportunidad para formular descargos y aportar prueba, pues luego de un simple proceso de fiscalización aplica las multas que son comunicadas al afectado mediante la remisión de una simple carta, con escasos fundamentos, actuación que difícilmente puede ser asimilada a un acto administrativo terminal, consecuencia de un proceso administrativo sancionatorio previo, razón por la que se acoge la reclamación.

Sexto

Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales” y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de “Las facultades disciplinarias”.

Conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en faltas o abusos graves, constituidos por errores u omisiones igualmente graves.

Séptimo

Que, como se observa, el quid del asunto que fue sometido al conocimiento de los jueces recurridos y que funda el presente arbitrio se relaciona con la procedencia de establecer la aplicación de la Ley N° 19.880, en cuanto consagra principios rectores del debido proceso, a los procesos sancionatorios incoados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la determinación de su cumplimiento en el procedimiento que culminó con la imposición de tres multas a Corpbanca.

Octavo

Que, para la adecuada solución de la controversia, conviene tener presente, en términos literales, el procedimiento que llevó a cabo la Superintendencia, según consta en el anillado, sin foliación, caratulado “Antecedentes Iniciales de la Investigación”: 1) El 16 de septiembre del año 2015, R.C.L. remite un correo electrónico a J.B.F., Gerente División de Riesgo de Crédito Empresas de Corpbanca, con asunto “Deudas empresas SQM”, señalando: “De acuerdo a lo conversado ayer por teléfono, por favor si me puedes actualizar la información asociada a las empresas SQM. Para cada deudor se requiere:

-Deuda actual: MM$ (se refiere al 31 agosto, o a una fecha posterior si se otorgó un nuevo crédito durante septiembre). - Objetivo de los créditos: - Fecha de otorgamiento de los créditos. - Condiciones de los créditos (monto inicial, calendario de pago del capital e intereses) - Tipo de garantías - Relación g/d: actual exigida y gatillo, si corresponde - Clasificación de riesgos - Prohibiciones: MM$.

Adicionalmente cuando tengas antecedentes sobre el tema que está viendo fiscalía (director señor G., nos cuenta por favor”.

Tal correo se responde el mismo día, en los siguientes términos: “H.R.: C.M., Gerente Riesgo Crédito GGEE y Corporativa, está preparando la información y la enviará”. 2) Correo 21 de septiembre de 2015, enviado por C.M. a R.C. y J.P.C.: “Estimados, se adjunta lo solicitado respecto al Detalle de Deudas del Grupo Julio Ponce”.

PMBCBFDREG3) Comunicación del 29 de septiembre de 2015 que remite A.B.M. (Corpbanca) a M.T.G. (SBIF), señalando:

Estimado Marco: De acuerdo a lo solicitado, adjunto información requerida.

La información se separa por los distintos grupos, hay que considerar: - Información al cierre del 9 de septiembre. - Para las garantías se utilizó tipo de cambio

$689.60.

- Las garantía de la operación de P.C. corresponde a depósitos a plazo, los cuales se constituyeron transitoriamente, y por contrato serán reemplazadas por garantía de acciones de Soquimich S.A. Cabe destacar que, aún no considerando los depósitos a plazo como garantía, las colocaciones estarían dentro de los márgenes autorizados a la fecha de otorgamiento.

Cualquier consulta no dudes en llamar

.

Se adjunta documento titulado “Límites de Crédito Grupo PonceII.XLSX”. 4) Correo electrónico remitido por A.B. (Corpbanca) a M.T.G. y J.P.C.M. (SBIF), el 1 de octubre de 2015, cuyo asunto es “Deudas empresas SQM”, en que se señala:“Estimados: El cuadro preparado por D. corresponde a la aprobación comercial, donde no se contempla garantía de DAP ni las deudas por derivado.

Las deudas en USD son equivalentes a los montos cursados en $ con tipo de cambio a fecha de curse tal como muestra cuadro adjunto.

Si bien la deuda que ve el cliente es USD, C. cursó créditos en pesos vinculados a un derivado que permite que el cliente termine pagando en dólares.

Dado lo anterior, el monto de la deuda en dólares llevado tipo de cambio actual, es distinto respecto a la suma de crédito en $+ Derivado dado que en este último se incorpora REC Residual, M. to Market de tasa y moneda y finalmente utilidad realizada en origen no devengada, lo que hace que estos valores no sean comparables”. 5) Carta N° 12.878, de 15 de octubre de 2015, enviada por el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, E.P.H., al Gerente General de Corpbanca, en la que se señala:

Señor Gerente General: Por medio de la presente, esta Superintendencia le solicita informar en el plazo de dos días, detalle de las operaciones de colocación, entendiendo por tales cualquier posición acreedora, actualmente vigentes celebradas con las sociedades Norte Grande S.A., Sociedad de Inversiones Oro

PMBCBFDREGBlanco S.A., Sociedad Inversiones Pampa Calichera S.A. y Potasios de Chile S.A., incluyendo a lo menos, los antecedentes que se tuvieron a la vista para celebrar cada una de las operaciones, el tipo de fecha de operación celebrada, su número de registro interno, monto, tasa de interés pactada, garantías asociadas y su valoración, forma de entregar su importe e instrucciones recibidas en relación al destino de los fondos.

Al respecto, sírvanse proporcionar todos los documentos de respaldo que procedan, tales como la ficha de solicitud de cada operación, las actas de los comités que las evaluaron y todos los antecedentes considerados en la decisión de crédito; los títulos de crédito que documentan cada operación, junto con los contratos y anexos asociados a ellos; constitución de la garantías reales o personales, además de los comprobantes de entrega de su importe; y en general cualquier otro documento que resulte pertinente relacionado con los aspectos antes mencionados.

Asimismo sírvase informar las operaciones vigentes y garantías asociadas al grupo relacionado al Director R.G.G. así como el estado del límite global de relaciones respecto del patrimonio efectivo del banco, previsto en el inciso final del N° 2 del artículo 84 de la Ley General de Bancos.

. 6) Carta remitida por C.C.P., Gerente General de Copbanca, al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, el 20 de octubre del año 2015, cuya referencia es “acompaña antecedentes solicitados”, refiriendo en la misiva que los antecedentes se remiten con ocasión de la recepción de la Carta N° 12.878, desglosando los antecedentes de la siguiente forma: a) Norte Grande S.A., financiamiento por USD145.000.000 (contrato de apertura de financiamiento año 2013), se desglosan 20 set de documentos relacionados con la operación; b) Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A, financiamiento por 60.000.000 (Contrato de Apertura de Financiamiento año 2013), se desglosan 17 set de documentos relacionados con la operación y financiamiento por USD 84.600.000 (contrato de apertura de Financiamiento año 2015), se individualiza 12 set de documentos relacionados con la operación; c) Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A, financiamiento por USD50.000.000 y USD20.000.000 (ambos contratos de apertura de financiamiento del año 2015), se desglosan 10 set de documentos relacionados con las operaciones. d) Potasios de Chile S.A, financiamiento por USD150.000.000 (contrato de apertura de financiamiento año 2013), se individualizan 22 set de documentos relacionados con la operación.Además se adjuntan actas de Comité Ejecutivo, individualizando: a) Acta de Comité Ejecutivo N° 388, de 27 julio del 2015, con constancia de haberse presentado y no aprobado operación de crédito de Sociedad Inversiones Pampa Calichera, por la suma de MM $189.738. b) Acta de Comité Ejecutivo N° 391, de 18 agosto 2015, con constancia de haberse aprobado pero posteriormente no cursado la operación de créditos de Sociedad Inversiones Pampa Calichera, por la suma de MM $145.790. c) Acta de Comité Ejecutivo N° 392, de 27 agosto 2015, con constancia de la aprobación de operaciones de crédito de la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. y Oro Blanco S.A., por las sumas de MM $69.322 y MM $124.364. d) Acta de Comité Ejecutivo N° 394, de 7 de septiembre 2015, con constancia de la aprobación de operaciones de modificación de Sociedad Inversiones Pampa Calichera y propuesta de modificación debidamente aprobada y finalmente cursada.

Además se hace presente en la misiva que antes del otorgamiento de los últimos créditos cursados al grupo P., este presentaba una exposición total de MMUSD 283, desglosando en cuatro literales su composición.

Se agrega que luego del otorgamiento de los nuevos financiamientos, la exposición total del grupo P. asciende a MMUSD 353, desglosando en cinco literales su composición.

A continuación se agrega que a consecuencia de las operaciones de crédito realizadas se han obtenido los siguientes beneficios para el Banco, los que son individualizados en nueve literales.

Finalmente se refiere que en cuanto a las operaciones vigentes y de garantía asociada al grupo relacionado al Director Rafael Giulisasti Gana, así como el estado del límite global de relacionados respecto del patrimonio efectivo del banco, previsto en el inciso final del N° 2 del artículo 84 de la Ley General de Bancos se informa: a) Cálculo Control de Márgenes Grupo N° 13333 (villa) b) Cálculo Control de Márgenes Grupo N° 13333 (Cascadas). 7) Correo electrónico de 27 de noviembre de 2015 remitido por O.A.D. (SBIF) a F.M.T. (Corpbanca), en el que se señala:

“Estimado F., En adición a los antecedentes solicitados por la Superintendencia en carta de 15 octubre recién pasado, remitidos por ustedes en carta del 20 de octubre, necesitamos determinada información para que las áreas respectivas de la Superintendencia culminen sus análisis referidos a las operaciones de Corpbanca con las Cascadas.

PMBCBFDREGPuntualmente requerimos determinados antecedentes legales de las sociedades Potasios de Chile S.A. y Nitrato de Chile S.A., las cuales nacieron durante el año 2011 producto de la división de las sociedades Pampa Calichera S.A. y Oro Blanco S.A. En concreto, solicitamos la escritura a que se redujeron las actas de la junta en que se acordaron las divisiones y las escrituras posteriores relacionadas al mismo proceso.

Adicionalmente, requerimos conocer el endeudamiento que mantenían con Corpbanca a esa fecha (2011) las sociedades divididas, P.C.S.A. y Oro Blanco S.A., y el endeudamiento que con posterioridad a esta división asumieron cada una de las cuatro sociedades en comento (Potasios, Nitratos, P.C. y Oro Blanco).

Agradeceré que la respuesta a este requerimiento sea enviado con copia a D.J., J. del departamento jurídico. Cualquier duda respecto de este tema favor contactar directamente a D. a quien copio en este correo. 8) Correo electrónico de 4 de diciembre de 2015, remitido por C.C.P. (Corpbanca) a D.J. en que se adjunta minuta que da cuenta de la división de la Sociedad Inversiones Pampa Calichera y Sociedad Inversiones Oro Blanco y copia de las respectivas escrituras en que consta la reducción de las actas de juntas extraordinarias de accionistas en que se acordaron las divisiones. 9) Carta N° 15569, de 15 de diciembre de 2015, remitida por el Superintendente de la SBIF, al gerente General de Corpbanca, en la que se señala:

Señor Gerente General: En relación a su carta SBIF N°0465/ 2015 de fecha 20 de octubre de 2015, esta Superintendencia le solicita informar detalle de las operaciones de colocación, comprendiendo contratos de derivados de crédito, y su evolución, celebradas desde agosto de 2011 hasta la fecha con las sociedades Inversiones SQ Ltda., Inversiones SQYA Ltda., Norte Grande S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., Sociedad de P.C.S.A. y Potasios de Chile S.A., incluyendo los antecedentes de respaldo correspondientes, que a lo menos deberán considerar contratos y títulos de crédito, el tipo y fecha de operación efectuada, su número de registro interno, monto, tasa de interés pactada, garantías asociadas y su valoración, forma de entrega de su importe e instrucciones recibida en relación al destino de los fondos.

Toda la información solicitada deberá venir ordenada por Sociedad y ser remitida en el plazo de dos días, tanto soporte físico como digital.

10) Carta datada 17 de diciembre de 2015, dirigida por el Gerente General de Corpbanca al Superintendente, remitiendo la información que fue requerida a través de la carta expuesta en el numeral precedente. Esta misiva consta de 17 hojas en las que se desglosa la individualización de la documentación que se acompaña. 11) Carta N° 15769, de 18 de diciembre de 2015. Dirigida por el Superintendente al Gerente General de Corpbanca, en la que se le señala:

Señor Gerente General: En relación a su carta SBIF N° 0540/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015, hago presente a U., que en la misma se omite informar la evolución de las operaciones de colocación celebrada con sociedades Inversiones SQ Ltda., Inversiones SQYA Ltda., Norte Grande S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. y Potasios de Chile S.A., como le fuera requerido expresamente en la carta N° 15569 de este Organismo.

Sobre el particular, sírvase enviar a más tardar el día lunes 21 de diciembre de 2015 la información referida a la evolución mensual de cada una de las operaciones de colocación celebradas con las sociedades de que se trata desde agosto del año 2011, incluyendo, si las hubiere, aquellas realizadas con las filiales y sucursales que mantiene esa empresa bancaria en el extranjero.

PMBCBFDREGPara facilitar el cumplimiento de lo requerido, se solicita que esta información se remita, tanto soporte físico como digital, utilizando el formato del anexo que se acompaña a la presente, mensualmente por cada sociedad a partir de agosto de 2011. 12) Carta de 18 de diciembre de 2015, remitida por el Gerente General de Corpbanca al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, en la que se acompañan antecedentes complementarios en cumplimiento de lo solicitado a través de la carta descrita en el literal precedente, describiendo en cuatro numerales la documentación que se acompaña. 13) Correo electrónico de 15 de diciembre de 2015, dirigido por J.R. delV., Secretaria de División de Dirección Legal y Control de Corpbanca, dirigido a M.R.G.C., señalando que su jefe C.C. requiere de una reunión con don A.P. y la señora D.J., el tema a tratar es “Cascadas”. 14) Carta remitida el 17 de diciembre de 2015 por parte del Director Legal y Control de C.C.C.P. al señor A.P., Director Jurídico de la SBIF, en la que se señala:

Estimado A.: Como sabes, solicité una reunión para que en conjunto con D.J. me pudieran recibir. Tal como se indica

P. el mail que mi secretaria envió temprano el martes 15 pasado, es importante tener la reunión a la mayor brevedad posible para tratar el tema de la referencia (cascadas). En particular, la reunión es para transmitirles una situación que el banco detectó y que se relaciona con créditos otorgados en el año 2011 a dos sociedades que forman parte de “las Cascadas” y que es importante que esa Superintendencia la conozca.

Ayer miércoles 16 me comunicaron que la reunión la agendaron para el 23 de diciembre.

Por las razones antes indicadas, te solicito me puedan recibir antes de esa fecha

. 15) Correo electrónico dirigido por M.R.G., secretaria del Director de Dirección Jurídica de la Superintendencia, dirigido a C.C., en el que se señala que se agenda una reunión para el día 21 de diciembre de 2015, para tratar el caso “Cascadas” agradeciendo puntualidad.

Noveno: Que a consecuencia de la “revisión especial” llevada a cabo por la Superintendencia, descrita en el fundamento precedente, se remite por el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras la Carta N° 16191, de 13 de diciembre de 2015, dirigida al Gerente General de Corpbanca, a través de la cual se le comunica la imposición de tres multas. Este acto administrativo consta de seis considerandos en que se explica el inicio de la fiscalización, con motivo de la designación de R.G.G., a la sazón Director de Corpbanca, en los Directorios de las sociedades Norte Grande S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., cuestión que motivó revisar el cumplimiento de los márgenes de crédito contemplados en la Ley General de Bancos.

Se señala que a partir de dicha revisión se determinó que el banco infringió el límite individual de crédito contemplado en el artículo 84 N° 1 de la Ley General de Bancos en relación al artículo 85 de la misma ley, en el otorgamiento de créditos a las sociedades Norte Grande S.A, Potasios de Chile S.A. y Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A, operaciones que se anuncia son descritas en los considerandos séptimo, octavo y noveno de la resolución.

A continuación se señala que estas sociedades “forman parte del grupo empresarial conocido como “Cascadas”, esquema de organización social que se caracteriza por la interposición de sociedades de inversión cuyos activos se encuentran conformados por derechos o participaciones sociales en otras sociedades de esa misma naturaleza, a través de las cuales se ejerce el control de la empresa productiva Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM). Las “Cascadas” básicamente invierten en acciones de SQM u otras empresas del mismo grupo. De acuerdo con los

PMBCBFDREGantecedentes proporcionados por el banco y los de carácter público, N.G.S.A. y sus filiales tienen el mismo objeto social, administración, domicilio, única fuente de ingresos, así como interrelación de garantías vinculadas independientes entre sí y con un mismo activo subyacente, lo que las constituye un mismo deudor, condición que no se altera en forma alguna en el tiempo por divisiones o creaciones de sociedades al interior del grupo. Estas circunstancias han sido consideradas por el banco en sus propios análisis del riesgo de crédito, los que en consecuencia no están basados en antecedentes técnicos individuales de cada sociedad, sino del grupo, lo que se refleja en las propuestas de crédito de carácter indivisible para las sociedades del grupo empresarial, condiciones para la mantención de control, cláusulas de cross default y cross acceleration y exigencias de garantías cruzadas, así como otros antecedentes que dan cuenta que las propias sociedades ajustan sus actuaciones y operaciones a la conveniencia del grupo a título de unidad de intereses económicos, tales como créditos otorgados a una de las sociedades destinados a prepagar obligaciones de otras, división de sociedades como estrategia financiera para el manejo de flujos procedentes de SQM y alivio a restricciones financieras de las mismas sociedades

. (fundamento tercero).

PMBCBFDREGA continuación se expresa que el artículo 84 N° 1 de la Ley General de Bancos señala que un Banco no podrá conceder créditos, directa e indirectamente a una misma persona, natural o jurídica, por la suma que exceda del 10% de su patrimonio efectivo. Luego, en el fundamento quinto se refiere que el artículo 85 de la ley antes referida establece las reglas que se aplicarán para determinar el límite que puede alcanzar el crédito de una persona, de conformidad con el citado artículo 84 N° 1, norma que en su letra a) establece que se considerarán obligaciones de un deudor las contraídas por las sociedades en que tenga más de 50% del capital o de las utilidades.

Es así como en el fundamento séptimo se analiza la operación realizada en el mes de octubre del año 2011 relacionada con el otorgamiento de un crédito a la sociedad Potasios de Chile S.A. por la suma de USD $150 millones equivalentes a $73.682.700.600, señalando lo siguiente: a) Que a esa fecha, la sociedad Potasios de Chile S.A, era filial de la Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. empresa que mantenía vigente créditos con ese banco por un monto de $74.494.289.672 y a quien correspondía imputar para efectos de establecer el límite individual de crédito la deuda de la primera, con lo que se alcanzó un monto total de endeudamiento de $148.177.042.272. b) Que el límite individual de crédito aplicable a Corpbanca era de $108.017.959.451, que correspondía al 10% de su patrimonio efectivo. c) Que, en consecuencia, al otorgar la referida operación se produjo un exceso de límite individual de crédito de $40.159.082.821.

A continuación, en el fundamento octavo, se analiza la operación realizada en el mes de julio de 2013, relacionada con el otorgamiento de un crédito a la sociedad Norte Grande S.A, por la suma de USD $145 millones equivalentes a $74.567.628.763, indicando: a) Que a esa fecha, la Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., de propiedad en un 76,34% de Norte Grande S.A., mantenía deudas con el banco por un monto de $75.833.905324, por lo que correspondía considerarla como deuda de su matriz para efectos del límite individual de crédito. b) Que a esa misma fecha, se mantenía el endeudamiento contraído por la sociedad Potasios de Chile S.A., por un monto de $81.348.732.450, referido en el numeral séptimo, el que por las razones expuestas en el mismo numeral debe considerarse deuda de sociedad Inversiones Oro Blanco S.A. y por tanto de Norte Grande S.A para efectos de determinar el límite individual de crédito.c) Que como consecuencia de lo expuesto precedentemente se alcanzó un monto total de endeudamiento de $231.750.266.537 a fines de dicho mes. e) Que el límite individual de crédito aplicable a Corpbanca en el mes de julio de 2013 era de $171.896.976.755, lo que correspondía 10% su patrimonio efectivo. f) Que, por lo tanto, al otorgar la referida operación se produjo un exceso en el límite individual de crédito de $59.853.289.782.

Luego, en el fundamento noveno, se analiza la operación realizada en el mes de septiembre del año 2015 relacionada con el otorgamiento de un crédito a la sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. por la suma de USD $70 millones equivalentes a $48.327.917.862, señalando: a) Que a esa fecha la sociedad Norte Grande S.A mantenía una deuda por $29.929.782.177, a quien correspondía imputar los créditos de la Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., Sociedad Inversiones Pampa Calichera S.A y Potasios de Chile S.A., para efectos de su límite individual de crédito. b) Que a esa fecha la sociedad Inversiones Oro Blanco S.A., de propiedad mayoritaria de Norte Grande S.A., mantenía deudas con ese banco por un monto de $103.752.016.513 por lo que correspondía considerarla deuda de su matriz para efectos del límite individual de crédito.c) Que a esa misma fecha, se mantenía el endeudamiento contraído por la sociedad Potasios de Chile S.A., por un monto de $98.533.644.143, referido en el numeral séptimo, el que por las razones expuestas en el mismo numeral debe considerarse deuda de la Sociedad Inversiones Oro Blanco S.A. y por tanto de Norte Grande S.A. d) Que como consecuencia de lo expuesto precedentemente se alcanzó un monto total de endeudamiento de $280.543.360.695 a fines de dicho mes. e) Que el límite individual de crédito aplicable a Corpbanca en el mes de septiembre de 2015 era de $162.910.658.354, lo que correspondía 10% su patrimonio efectivo. f) Que, por lo tanto, al otorgar las referidas operaciones se produjo un exceso en el límite individual de crédito de $117.632.702.342.

En consecuencia, se aplican las siguientes multas: 1) Por haberse otorgado en el mes de octubre del 2011 un crédito a la sociedad Potasios de Chile S.A. por sobre el 10% del patrimonio efectivo del banco, se produjo un exceso en el límite individual de crédito de $40.159.082.821, por lo que se aplica al banco una multa equivalente al 10% del exceso antes referido, ascendente a la suma de $4.015.908.282.- 2) Por haberse otorgado en el mes de julio de 2013 un crédito a la sociedad Norte Grande S.A. por sobre el 10% del patrimonio efectivo del banco, se produjo un exceso en el límite individual de crédito de $59.853.289.782, por lo que se aplica al banco una multa equivalente al 10% del exceso antes referido, ascendente a la suma de $5.985.328.978.- 3) Por haberse otorgado en el mes de septiembre de 2015 crédito a la sociedad Pampa Calichera S.A. por sobre el 10% del patrimonio efectivo del banco, se produjo un exceso en el límite individual de crédito de $117.632.702.342, por lo que se aplica al banco una multa equivalente al 10% del exceso antes referido, ascendente a la suma de $11.763.270.234.-Décimo: Que, asimismo, para dilucidar el aspecto central de la discusión, resulta adecuado reproducir el texto del artículo 22 de la Ley General de Bancos, que constituye la disposición que faculta al Superintendente para imponer la sanción reclamada: “Todas las multas que las leyes establecen y que corresponda aplicar a la Superintendencia serán impuestas administrativamente por el Superintendente al infractor y deberán ser pagadas dentro del plazo de diez días contado desde que se comunique la resolución respectiva. El afectado podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio de la empresa salvo que ella tenga oficina en Santiago, caso en el cual será competente la Corte de Apelaciones de Santiago (...)”.Undécimo: Que, como se observa, la referida norma, cuya vigencia es anterior a la dictación de la Ley N° 19.880, no dispone el procedimiento que se debe seguir para efectos de imponer la multa, toda vez que se limita a entregar tal facultad al Superintendente y establecer el régimen recursivo para impugnarla, razón por la que para dilucidar el punto objeto de la controversia, se debe atender a lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 19.880, que dispone: “Procedimiento Administrativo. La presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria”.

Agrega el inciso primero del artículo 2° de la referida ley: “Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a la Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos regionales y a las municipalidades”.

Duodécimo: Que para establecer la procedencia de la aplicación supletoria de la Ley N° 19.880 se debe tener en cuenta que el texto de del artículo 1° es claro al establecer que en caso de existir procedimientos especiales, ella se aplicará ante la falta de un actuar expresamente reglado por la ley especial, cuestión que determina que este cuerpo legal se aplique en todas aquellas materias no previstas por aquella legislación.

Esta Corte, en fallos anteriores (Sentencia Rol N° 29.714-2014) ha analizado la materia, haciéndose eco de la doctrina que distingue tres grados o niveles de supletoriedad de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos: i.- La de primer grado, se presenta cuando el legislador no regula un procedimiento específico para un acto administrativo así como su régimen jurídico aplicable. ii.- La de segundo grado, se da cuando la ley regula en forma parcial un procedimiento administrativo o bien cuando la regulación abarca parte del régimen jurídico del acto. iii.- La de tercer grado, se configura en el evento que la norma legal regula en forma completa el procedimiento y el régimen jurídico del acto, desde el inicio de su elaboración hasta su extinción y revisión. (C.V., L., "Lecciones de Derecho Administrativo", Ed. Legal Publishing Chile, año 2015, pág. 355 y 356).

Asimismo conviene destacar que se ha establecido que la aplicación supletoria de la referida ley de Bases de Procedimientos Administrativos, sólo es procedente en la medida que sea conciliable con el objetivo o misión del ente administrativo que lleva a cabo el procedimiento sancionatorio, cuestión que ha sido reconocida por la Contraloría General de la República, que ha sostenido: “Finalmente, corresponde señalar que, considerando la comentada calidad de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ésta se encuentra sujeta a la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración de Estado, puesto que, de conformidad con su artículo 2°, sus disposiciones serán aplicables a los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, sin perjuicio de su aplicación con carácter de supletoria, en la eventualidad que la ley contemple procedimientos administrativos especiales, según lo prevé el inciso primero de su artículo 1° (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 53.596, de 2012, y 7.439, de 2014)” (Dictamen 82320- 2014, de 24 de octubre de 2014).

En el mismo sentido el Dictamen N° 31941- 2015, de 23 de abril de 2015 “Por ende, tal actividad debe llevarla a cabo conforme a las normas especiales que regulan sus funciones y a las generales que rigen la actividad de los órganos de la Administración del Estado, entre las cuales se encuentra , en el carácter de supletoria, la preceptiva de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos

PMBCBFDREGAdministrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración de Estado, cuyas disposiciones, según lo ordena su artículo 2° son aplicables a los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, como asimismo el decreto N° 680, de 1990, del entonces Ministerio del Interior, que Aprueba Instrucciones para el Establecimiento de Oficinas de Información para el Público Usuario en la Administración del Estado. (…) Ratifica dictamen 82.320-2014

.

Lo expuesto permite determinar que en el caso de que la ley especial guarde silencio absoluto, la ley de Bases de Procedimientos Administrativos se aplica en forma íntegra. Lo anterior es trascendente, toda vez que sea que se estime que la Ley General de Bancos establece o no un procedimiento especial para la aplicación de multas, lo cierto es que este cuerpo legal no regula de manera específica el procedimiento en cuanto a las etapas que debe contemplar, por lo que, en tales condiciones, la aplicación supletoria de la Ley N° 19.880 es una cuestión imperativa para la referida institución en el procedimiento sancionatorio.

En este punto del análisis, interesa destacar que la aplicación supletoria antes referida, se relaciona exclusivamente con el procedimiento sancionatorio y no con el procedimiento de fiscalización, los que son distintos. En efecto, basta analizar la Ley General de Bancos para confirmar la diferencia entre ambos procedimientos, toda vez que el P.I., del Título Primero, titulado “Fiscalización”, consagra las atribuciones que en este ámbito son otorgadas a la SBIF, mientras que en el Párrafo III, cuyo epígrafe reza “Otras Atribuciones” se establecen las facultades sancionatorias, contemplándose, en el orden procedimental, la posibilidad de reclamar las multas impuestas por las autoridad ante la Corte de Apelaciones, según lo establece el artículo 22 del referido cuerpo normativo.

Ahora bien, es cierto que el ejercicio de la facultad fiscalizadora, en ocasiones coincide con la etapa de instrucción previa del procedimiento sancionatorio, sin embargo, desde el punto de vista doctrinario conviene siempre tener claras las diferencias, toda vez que no puede soslayarse que no siempre el ejercicio de la facultad fiscalizadora desembocará en un procedimiento sancionatorio, por lo que carece de base cualquier exigencia de aplicar los principios de la Ley N° 19.880 a la referida etapa de fiscalización.

En relación a la estructura del procedimiento sancionatorio se ha señalado: “con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (artículo 29 inc. 2°). En este

PMBCBFDREGcaso, la información previa es un proceso desformalizado, que permite a la autoridad determinar si existe mérito suficiente para iniciar el procedimiento sancionador, especialmente cuando se trate de denuncias que requieren ser contrastadas para verificar alguno de los antecedentes preliminares que justifiquen el inicio formal de la investigación (…). b) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a petición de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes (artículo 32 inc. 2°) (…).”. (“Derecho administrativo sancionador”, E.C.Q., Editorial Legalpublshing, año 2014, p. 298-299).

Se añade en la obra antes citada, en relación al inicio del procedimiento sancionador, que éste sólo admite actuación de oficio, por cuanto los terceros sólo pueden intervenir realizando una denuncia, que será evaluada por la autoridad. Se agrega: “no constituye una facultad discrecional de la autoridad ordenar el inicio del procedimiento. Si existen antecedentes serios respecto de la existencia de los hechos que sean constitutivos de infracción administrativa, ésta se encuentra obligada a ordenar el inicio formal del procedimiento”. (Obra citada, p. 301)Continúa el autor referido sosteniendo: “La etapa de instrucción. Una vez adoptada la decisión de iniciar el procedimiento, corresponde llevar a cabo los actos de instrucción de la misma. Tal como dispone el artículo 34 de la Ley N° 19.880, estos actos son aquellos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la autoridad. En este caso, la instrucción tendrá por objeto determinar si se ha incurrido en una infracción administrativa, cuáles son las circunstancias de la misma y quienes han tenido participación en los hechos que la configuran”. (Obra citada, p. 303).

Décimo tercero

Que, en este orden de consideraciones, refuerza la argumentación relacionada con la aplicación supletoria de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la circunstancia de ser ésta una “ley de bases”, las que en doctrina han sido definidas como aquellas “que buscan consolidar, unificar e integrar un determinado microsistema, de modo tal que su contenido sea empleado de manera supletoria frente a la aplicación de una ley especial o una colección de leyes. Dentro de sus funciones está servir de sustento a los jueces y legisladores, para que sea considerada por los primeros al momento de resolver algún caso vinculado con la materia específica (herramienta de interpretación judicial) y, por los segundos, a la hora de dictar nuevos preceptos, vinculándolos con aquellas”. (G.G., R.; “Rol e importancia de las leyes de bases en el Derecho Administrativo chileno”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, volumen 29 N° 2, V., diciembre de 2016).

Lo relevante es que las leyes de bases establecen reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma imperativa, sirviendo no sólo para llenar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa sino que además deben orientar cualquier interpretación de normas ambiguas relacionadas con la materia regulada por ellas. En efecto, las leyes de bases de procedimientos administrativos, son generales, cuestión que se cumple en la Ley N° 19.880, pues establece un régimen básico que se aplica a toda la Administración.

Décimo cuarto

Que el carácter de norma básica que ostenta la Ley N° 19.880, que determina su aplicación supletoria, no significa desconocer la particularidad de los fines perseguidos por los órganos consagrados en leyes especiales, que en la mayoría de los casos implica la necesidad de utilizar procedimientos rápidos, puesto que la especialidad de los fines de modo alguno puede significar que se soslayen los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, puesto que aquellos constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración. Esta es la situación de los principios conclusivo, de contradictoriedad, impugnabilidad, transparencia y publicidad establecidos en los artículos 8, 10, 15 y 16 de la aludida ley, pues ellos son una expresión del debido proceso administrativo, cuyo respeto es obligatorio para los órganos del Estado, máxime si se considera que se está en presencia de un procedimiento sancionatorio que culmina con la imposición de una multa, manifestación del ius puniendi estatal, en cuyo ejercicio el ente administrativo debe regirse estrictamente por el principio de legalidad, respetando el derecho básico de los particulares de conocer y defenderse de las imputaciones que se dirigen en su contra. Así, el procedimiento administrativo resulta imprescindible para ejercer la potestad sancionatoria, toda vez que el ejercicio del poder punitivo del Estado supone un procedimiento previo que garantice el ejercicio del derecho de defensa del administrado para que la resolución final esté revestida de legitimidad.

En este orden de consideraciones, se ha dicho: “Esta consideración del procedimiento “básico” no implica, pues, que todas las garantías sean aplicables a todos los procedimientos, pero sí deben serlo las que sean necesarias o exigibles en función del fin perseguido en cada caso, es decir, del objeto del procedimiento (no es lo mismo pedir un certificado o información que solicitar una concesión o en la aplicación de una sanción)”. “Lo determinante es que en ningún caso esas “especialidades” procedimentales pueden suponer una disminución o eliminación de las garantías comunes otorgadas a los ciudadanos por la LBPA. En efecto, la ley regula un verdadero procedimiento y no un simple repertorio de técnicas, lo confirma el hecho de que en múltiples ocasiones la legislación especial o sectorial no establece un procedimiento o régimen jurídico completo del acto, sino sólo algunas especialidades”. (L.C.V., “Lecciones de Derecho Administrativo”, LegalPublishing, año 2015, p. 354).

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en la causa Rol N° 2784-15 INA estableció que “acorde con el criterio adoptado en STC Rol N° 2682 (considerando 12°), respecto a las leyes anteriores a la adopción de este estándar por parte del Tribunal Constitucional, en cuanto ellas confieren potestades sancionadoras a órganos de la Administración pero sin contemplar formalmente un procedimiento especial, tal omisión se salvaría si al ejercer dichas competencias la autoridad instruye una investigación que cumpla las exigencias básicas que caracterizan un debido proceso, como la formulación de cargos, su notificación al inculpado, seguida de una oportunidad efectiva para que éste pueda ejercer el derecho a defensa, incluida la posibilidad de allegar y producir pruebas, así como la posibilidad de impugnar lo resuelto en sede jurisdiccional (antes, STC Rol N° 481).

Décimo quinto

Que existe consenso en la doctrina y jurisprudencia, respecto de los que son elementos básicos del debido proceso, como manifestación del principio de contradictoriedad, el conocimiento de los cargos que se dirigen en contra de los administrados, la bilateralidad de la audiencia, que supone la oportunidad de presentar descargos y aportar las pruebas que se estimen pertinentes.

El principio de contradictoriedad busca materializar el derecho de defensa de los particulares frente a la Administración, que a su turno, queda obligada a emitir un pronunciamiento resolviendo todos aquellos aspectos que se han esgrimidos por los particulares en defensa de sus intereses. Sin embargo, la materialización del principio en comento no implica la necesidad de dictar un acto administrativo que contenga una formulación de cargos formal. En efecto, tal exigencia ha sido prevista en determinados procesos sancionatorios regulados expresamente en la ley, en los que indudablemente se debe cumplir rigurosamente con el procedimiento establecido por el legislador.

No ocurre lo mismo en aquellos casos en que se dota de potestad sancionatoria a una autoridad, sin prever un procedimiento específico aplicable. En este supuesto, aceptando la aplicación supletoria de la Ley N° 19.880 en la medida que éste sea conciliable con los fines específicos del procedimiento especial y considerando que este cuerpo legal no asienta ni regula un procedimiento sancionatorio, sino que sólo establece principios aplicables, se debe exigir únicamente que se ponga en conocimiento del administrado que se está llevando a cabo una investigación por determinados hechos los que eventualmente podrían ser constitutivos de infracciones precisas indicándose al efecto las normas legales que se estiman infringidas, entregando la oportunidad de esgrimir las defensas que se estimen necesarias como asimismo la de rendir la prueba pertinente.

El principio de contradictoriedad, que es una consagración del derecho a “ser oído” de forma previa a la imposición de sanciones, es una cuestión que no se identifica con un acto protocolar de formulación de cargos, sino que, como se señaló, con un acto que implique poner debidamente en conocimiento del administrado que se dirige una investigación administrativa en su contra en relación a la comisión de ilícitos administrativos específicos.

Décimo sexto

Que tal exigencia no fue cumplida en autos, puesto que, tal como lo sostiene la sentencia que motiva el recurso de queja, el órgano administrativo dirigió comunicaciones y solicitó en reiteradas oportunidades documentación a Corpbanca, cuestión que se enmarca dentro del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. Así, una vez se proporcionó la información y se acompañó la documentación, se comunica al Administrado la imposición de las tres multas impugnadas, sin que de forma previa se pusiera en su conocimiento los hechos que se consideraban constitutivos de infracción.

En efecto, no es posible establecer que a través de la comunicación de fecha 15 de octubre de 2015, dirigida por el Superintendente al Gerente General de Corpbanca se cumpliera con la exigencia prevista en el literal precedente, toda vez que éste es un simple requerimiento de información, en el que además se solicita comunicar el estado del límite global de relacionados respecto del patrimonio efectivo del banco, previsto en el inciso final del N° 2 del artículo 84 de la Ley General de Bancos.

Así, no puede entenderse cumplidas las exigencias que impone el principio de contradictoriedad porque no hay un conocimiento efectivo respecto de un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio en que se investiguen conductas constitutivas de ilícitos infraccionales determinados, pues no se señalan hechos investigados y, además, la referencia escueta a normativa que rige a la entidad bancaria no se relaciona con el tipo de infracción con que finalmente se sanciona, esto es, el artículo 84 N° 1 de la Ley General de Bancos.

En esta materia, para entender el grave defecto del proceso sancionatorio resulta útil recordar que el órgano administrativo antes de iniciar un procedimiento puede iniciar un periodo de recopilación de información para determinar la factibilidad de iniciar un procedimiento administrativo sancionador, etapa que en algunos casos coincide con el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del órgano. Una vez que cuenta con esta información, y adopta la decisión de iniciar el procedimiento dirigido en contra del administrado, se inicia el procedimiento sancionatorio propiamente tal, que requiere poner en conocimiento del Administrado la existencia del proceso sancionatorio en el que se investigan determinados hechos constitutivos de infracciones administrativas y que se caracteriza por contemplar etapas que hacen efectivo el derecho de defensa, cuestión que implica admitir alegaciones o descargos de parte del administrado y la rendición de prueba, la que debe ser objeto del pronunciamiento final por parte de la autoridad. En el caso concreto, nada de ello se concretó, toda vez que la quejosa requirió información en el marco del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y luego, recabada la información, impone las multas.

La relevancia de lo anterior radica en que en estas condiciones claramente se afectó el derecho de defensa, toda vez que no es factible admitir que se sancione al margen de la existencia de un procedimiento administrativo sancionatorio con exigencias mínimas. En efecto, en las condiciones descritas, el administrado, atendido el desconocimiento respecto de la existencia de un procedimiento sancionatorio se ve impedido de realizar sus alegaciones y rendir la prueba que estime atingente a sus intereses, la que puede no coincidir con aquellos antecedentes requeridos por la autoridad.

Asimismo, aún cuando se entienda que en el caso específico Corpbanca tuvo conocimiento respecto de que se le investigaban las operaciones vigentes y garantías asociadas al grupo relacionado al Director Rafael Guilisasti Gana, lo cierto es que su defensa requería del conocimiento del tipo infraccional que se le imputaba, el que en la especie jamás fue puesto en su conocimiento, toda vez que en la única carta que eventualmente se puede estimar cumple con la exigencia de materializar el principio de contradictoriedad se señala una norma que contiene un tipo distinto del que finalmente utiliza la autoridad para sancionar, sin que existan hechos concretos imputados y puestos en conocimiento del administrado que permitan salvar tal incongruencia.

En este orden de consideraciones, cabe destacar que la quejosa sostiene en la página 10 de su recurso, fs. 75 de autos, “Y fue que durante el transcurso de este procedimiento que la reclamante, habiendo conocido de la investigación...

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